La monja María Graciela Soto, de 93 años, declaró como imputada en un caso sobre presuntas sustracciones de bebés en hospitales públicos y clínicas privadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Según reveló el diario digital Emol citando al abogado querellante Cristián Letelier, la declaración de la religiosa tuvo lugar el pasado viernes en su domicilio ante el juez Mario Carroza, quien está a cargo de la investigación. El testimonio, que duró poco más de una hora, fue recogido después de que peritos del Servicio Médico Legal comprobaran que estaba en plena posesión de sus facultades mentales y no padecía demencia senil.

Según algunos denunciantes, Soto participó en la entrega ilegal de bebés en el hospital Barros Luco de la capital chilena durante la década de los años setenta y ochenta. En 2003, ya declaró en una causa judicial por acusaciones similares.

Letelier indicó que entre cuatro y cinco matrimonios identificaron a esta monja como la persona que sustrajo los recién nacidos o les comunicó que sus hijos habían fallecido.

En relación con este escándalo, la Congregación de los Sagrados Corazones anunció el 15 de abril la suspensión de sus funciones eclesiásticas del sacerdote Gerardo Joannon, de 77 años, quien fue identificado como el «vínculo» entre padres de jóvenes adolescentes embarazadas y médicos, quienes habrían pactado para dar por fallecido al bebé y entregarlo en adopción a espaldas de sus progenitores.

La decisión fue adoptada tras difundirse un reportaje realizado por el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper Chile), que citó los casos de varias niñas que figuraban como fallecidas y que en realidad eran hijas de madres solteras. Según Ciper, una decena de ginecólogos participaron en estas adopciones, algunas con el beneplácito de los padres biológicos y otras bajo engaño.