El Pacto de Responsabilidad y Solidaridad (PRS) será uno de los temas que, aunque no figure como tal en el programa, pondrá telón de fondo a la universidad de verano que habitualmente celebra el PS a finales de agosto en La Rochelle. De hecho, algunos de los diputados más críticos del colectivo Ahora la Izquierda, como la senadora Marie-Noêlle Lienemann y el eurodiputado Emmanuel Maurel, ya han invitado a los «descontentos» a reunirse en la misma localidad, pero al margen de la universidad de verano. Uno de los más discrepantes, el extroskista Gérard Filoche, miembro de la Ejecutiva del PS, cree que la «mayoría de los militantes del partido está en contra del PRS» y añade que también los diputados lo cuestionan cada vez más porque »¿cómo explicar que un gobierno de izquierda haya dado, juntando todas las medidas, 41.000 millones de euros a una patronal que dice `no' a todo?»

Además, el 6 de agosto, justo cuando el gobierno acababa de iniciar sus dos semanas de vacaciones, el Consejo Constitucional dio un auténtico varapalo a sus intenciones al decretar anticonstitucional una de las pocas medidas sociales compensatorias del Pacto: la bajada regresiva de las cotizaciones de los asalariados que cobran entre 1 y 1,3 veces el sueldo mínimo (1.445 euros brutos/mes), que se pretendía aplicar a partir del 1 de enero de 2015. Hubiera beneficiado a 7,2 millones de trabajadores que se habrían llevado hasta 520 euros suplementarios al año y hubieran visto aumentar así su poder adquisitivo.

La decisión ha puesto en un brete a los mentores del Pacto. Y es que, junto con la creación de empleo, constituía uno de los ejes del dispositivo que anunció el presidente Hollande a principios de año y al que Valls urgió aún más en cuanto fue nombrado primer ministro en abril pasado, tras el batacazo del PS en las municipales.

Los otros tres ejes están dirigidos más bien a favorecer a los empresarios: abaratamiento del coste del empleo, «modernización» de la fiscalidad para las sociedades que anticipa una reducción del impuesto sobre resultados hasta el 28% para 2020, y simplificación de los procedimientos y normativas administrativas.

El objetivo global del Gobierno sería impulsar la competitividad y crear empleo. El PRS debería aumentar el crecimiento un 0,5% el crecimiento y crear 200.000 puestos suplementarios para 2017. Para ello, entre reducciones de impuestos y cotizaciones sociales y la simplificación administrativa, las empresas se beneficiarían de 41.000 millones de euros. En contrapartida, estas deberían comprometerse a invertir, sobre todo en territorio francés, y a crear empleo, en particular para jóvenes y seniors. Un Observatorio de las Contrapartidas, en el que estaría representadaa la propia Asamblea Nacional, tendría que garantizar el cumplimiento de estos puntos.

Por su parte, el Medef (principal organización patronal) sigue pidiendo más. Dice que la creación de empleo (un millón en cinco años como objetivo) es posible, pero que se necesitan más medidas complementarias. Y lo condicionan a una reducción de las «cargas sociales» de hasta 100.000 millones de euros.

Dudosa eficacia

Sin embargo, la eficacia que se presupone al complejo dispositivo, en especial en materia de creación de empleo, resulta dudosa para muchos expertos, incluido el Alto Consejo de Finanzas Públicas que, ya en abril, emitía sus dudas sobre el resultado previsto por el Gobierno. El ente pone en tela de juicio la progresión teórica de los ritmos y los efectos previstos.

Un estudio publicado en julio por el grupo de reflexión liberal Ifrap concluía que el PRS puede crear hasta 300.000 empleos pero aseguraba que las partidas que habrá que destinar para financiarlo tendrán un efecto recesivo que se traducirá en la destrucción de entre 240.000 y 260.000 empleos, con lo que la creación de empleo nuevo hasta 2017 no superaría en realidad los 60.000-80.000 puestos.

En el sector sindical, las posturas difieren. De las cinco grandes centrales, tres (CFDT, CFTC y CFE-CGC) dieron su aval al PRS en marzo. CGT y FO lo siguen rechazando de plano. No solo no se creen que vaya a generarse más empleo, sino que critican que, una vez más, se endose a los trabajadores el peso del esfuerzo cuando la patronal ni siquiera garantiza que vaya a cumplir su parte.

La financiación del conjunto del PRS se acompañaría de un plan de ahorro del gasto público de 50.000 millones de euros en el periodo 2015-2017.

Crecimiento cero

Solo que los últimos datos económicos no van en el sentido previsto por el gobierno. Los últimos datos del segundo trimestre del año en curso dados por diferentes fuetnes corroboran los del anterior, o sea, crecimiento cero. Con lo cual el Gobierno va a tener que revisar sus previsiones de déficit y crecimiento sobre los que ha basado el presupuesto de este año.

El propio ministro de Finanzas, Michel Sapin, ha admitido que los objetivos esperados (un 1% de crecimiento, un 1% de inflación) se quedarán en la mitad, por lo que el déficit público superará el 4% del PIB en 2014. Según él, las perspectivas para 2015 también son sombrías ya que difícilmente podrá respetarse el límite de 3% de déficit impuesto por Europa.

Sapin ha declarado que este estado de cosas se debe a «razones propiamente francesas, pero también a situaciones a las que solo una respuesta europea global puede responder». En consecuencia, ha apelado a la UE a «poner en marcha una política monetaria adaptada a la situación excepcional de bajo crecimiento y baja inflación que se da en toda la zona euro».

No obstante, ha ratificado la voluntad del gobierno de poner en marcha el PRS y de llevar a cabo «hasta el final» el plan de ahorro de 50.000 millones de euros de gasto público, de los que 21.0000 millones deberían concretarse ya en 2015. Promete que no aumentará los impuestos para tapar estos nuevos agujeros. Así, el Gobierno se reafirma en su posición de no proceder a una reforma en profundidad del sistema fiscal basada en una imposición progresiva que, cada vez con más fuerza, se le está reclamando desde la izquierda de su propio partido y que el propio Hollande incluyó en su programa electoral.

Lo dicho, el curso político va a ser muy difícil para París. Tendrá que repensar nuevas alternativas para compensar las concesiones a la patronal y plantearse nuevas reformas de calado para hacer frente a la recesión y a los más de 5.300.000 de parados que hacen cola en las oficinas de empleo. Y todo ello en un momento en el que la cota de credibilidad del presidente está más baja que nunca y su influencia en Europa también se resiente cada vez más.