Si no con nocturnidad, sí con proximidad electoral. Y con alevosía. A nueve meses de las elecciones municipales, el Gobierno del PP hace pública su decisión de abordar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en virtud de la cual será designado alcalde el candidato más votado en cada municipio, aun en minoría, sin opción a que un acuerdo mayoritario de las demás fuerzas elija a otro primer edil. A pesar del abrumador rechazo de prácticamente todos los partidos tanto del Estado como de Euskal Herria, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que sacará adelante su propuesta, valiéndose una vez más de su mayoría en el Parlamento español. Destacan, por estrafalarias, las declaraciones de la presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, en defensa de la medida, y del secretario de Política Institucional del PSE, Enrique Ramos, rechazándola, quienes coincidieron en afirmar que la reforma electoral beneficiará a Bildu, formación que se opone a ella sin paliativos por antidemocrática.

En un contexto de creciente debilidad de los partidos mayoritarios tradicionales, no es difícil adivinar la intención de ese sistema de gobierno municipal. Un PP de capa caída se aseguraría multitud de alcaldías con muchos menos votos. En cualquier caso, e independientemente de quién salga beneficiado en mayor medida, queda fuera de toda duda la carencia del procedimiento del Gobierno español. Si el sistema que pretende imponer es antidemocrático, el modo de hacerlo lo es aun más.

No todos los partidos gobiernan del mismo modo. Unos son más proclives que otros a repartir las cotas de poder, y en la trayectoria institucional de las formaciones políticas no faltan ejemplos de quienes incluso con mayoría absoluta se han mostrado, y se muestran, abiertos a acuerdos de gobierno. Precisamente el PP -más partidario del «rodillo»- es el más reacio a ese tipo de acuerdos, y siempre que ha podido los ha evitado. Su reforma electoral no es sino una fórmula para seguir haciendo lo que acostumbra, pero con menor apoyo popular.