El Real Murcia jugará esta temporada en Segunda B después de que el juez del Juzgado Mercantil número 7 de Madrid, Francisco Javier Vaquer Martín, ordenase a la LFP que inscriba al equipo en la Liga Adelante, a la vez que permite que tenga eficacia la sanción de descenso por impago a Hacienda.

El auto de Vaquer Martín estimaba «parcialmente» la oposición de la LFP a la decisión del juez Andrés Sánchez Magro, dejando sin efecto solo la tercera de las medidas cautelares impuestas por este en el auto del día 12 de agosto, la que se refiere a la sanción de descenso de categoría y multa impuesta por el Juez de Disciplina Social de la LFP por incumplimiento de los ratios económicos.

Sin embargo, la resolución decidía «mantener en su integridad y desestimar la oposición formulada en lo relativo a las demás medidas acordadas», que incluyen la readmisión del Murcia en la LFP como miembro del campeonato de Segunda.

La resolución de ayer es susceptible de apelación en un plazo de 20 días, según dicta la sentencia. De esta forma, se suspende la decisión de la LFP del día 1 de agosto de no admitir la inscripción del Murcia en la Liga Adelante por motivos económicos, así como la ratificación de esta decisión por la Comisión Delegada de la LFP el pasado 7 de agosto.

El juez también mantiene el importe de la caución fijada por el auto anterior, de 2.000 euros, respecto a daños y perjuicios que tendría que pagar el Murcia a la LFP. Los motivos para mantener la cantidad, que a juicio de la LFP es «ridícula», según el auto, son la falta de balances actualizados de ambas entidades y de datos sobre los posibles daños, así como el «hecho incierto» de que se dispute la competición de Segunda División A y el número de equipos que participarán, algo que el juez asegura que no es de su competencia.

El mismo documento reconoce que la LFP puede sancionar al Murcia con su no participación en Segunda siempre que tenga cobertura legal, cosa que sí ocurre en el caso de los impagos a Hacienda, pero no respecto de los llamados ratios financieros.

Sin embargo, la resolución explica que la LFP carece de cobertura legal para impedir el acceso a Segunda por el incumplimiento de ratios financieros, ya que estos parámetros no están recogidos en un texto legal.

Por último, el juez reconoce que su tribunal «carece de competencia» para determinar los efectos del levantamiento de la cautelar al tiempo del mantenimiento de la obligación de inscribir al Murcia.