Nos hemos despertado estos días pasados con algunas noticias sorprendentes. Transcurrido el tiempo para escuchar las posibles matizaciones que podían producirse, parece que merecen algún comentario. En primer lugar, el escándalo de los dineros que el Sr. Pujol tenía en paraísos fiscales. Un hecho antisocial y condenable lo haga quien lo haga y, de forma especial, quien desempeña o ha desempeñado funciones políticas y, supuestamente, ha hablado de justicia, equidad y honorabilidad. Debe alegrarnos que la justicia le sancione como sancionaría a cualquier otro ciudadano de base. Pero no solo a él, sino a todos aquellos que se han enriquecido utilizando para su provecho su cargo público.

Sin embargo, en torno a este asunto se han levantado voces y criterios que no puedo por menos que calificar de hipócritas, y a muchos de sus emisores, de falsos.

En efecto. Ha habido mucha gente poderosa, políticos españoles, banqueros y otras grandes fortunas, e incluso, se dice, las máximas autoridades del Estado, que también tienen dinero en paraísos fiscales, que también han defraudado o defraudan o no declaran a hacienda, pero no solo no han sido criticados, sino que han sido protegidos, amnistiados incluso designados directores de algún banco intervenido. ¿Por qué esa diferencia de trato?

Los partidos de la derecha española (PP y el actual PSOE) y la prensa afín a ellos (casi toda), están dedicando páginas y horas de emisión a meterse con el citado autor de la defraudación fiscal y, cómo no, con el partido al que pertenecía y la nación a la que representaba.

Si queremos medir la equidad de los impulsores de estas críticas, podemos observar sus posturas ante otros hechos causados por otros políticos militantes de los citados partidos. El metro utilizado es radicalmente distinto.

¿Por qué a la esposa del Sr. Pujol se le va a enjuiciar por colaboradora necesaria y a la esposa del Sr. Urdangarín no? (muchos sospechamos que el conocido caso Urdangarín no termina en él).

Tomemos el ejemplo del PP y el PSOE. Son conocidas las denuncias contra muchos, y altos, cargos del PP por la existencia de cuentas en paraísos fiscales, sobre sueldos, sobres «B», acumulación de salarios públicos y otros negocios sucios en los que supuestamente han estado inmersos. Y en esos hechos denunciados, algunos por su propio administrador, están incursos quienes fueron y son máximas autoridades del partido y del Gobierno del Estado. Sin embargo, y a pesar de que la lista es larga, no se han levantado voces pidiendo su dimisión, condenando al partido entero, ni al estado al que representan o han representado.

Tomemos el ejemplo del otro gran partido de derechas, el PSOE. También ha detentado altos cargos en el Gobierno. También trascendieron, especialmente en Madrid y Andalucía, actuaciones económicas de dudosa moralidad y también acciones como las del GAL que avergüenzan a cualquier persona con un mínimo de conciencia. Las denuncias surgidas en algunas autonomías sobre su actuación en el área económica, serían suficientes para la sustitución de sus dirigentes en un país democrático. En el Estado español no se han producido ni las destituciones ni hubo dimisiones.

Las discusiones entre ambos partidos eran muy clarificadoras. Las denuncias de uno no se respondían con argumentos y demostraciones sobre su falsedad. No; para acallarlas se acudía al argumento infantil de «pues tú también y más». Con eso demuestran hasta dónde están sucios los dos.

No se ha arremetido contra ninguno de esos partidos con la fuerza con que se está actuando en la actualidad contra el catalanismo. No son el PP y el PSOE las únicas organizaciones políticas, económicas o sociales españolas que se han visto sacudidas por denuncias por el uso inmoral e ilegal del dinero público, de inflar los precios y las subvenciones para que entre todos los ciudadanos pagásemos el coste de sus estructuras y de sus liberados.

Pero no es cuestión de arremeter contra todos. Es momento de recapacitar todos, organizaciones y personas, sobre los criterios de justicia, equidad y convivencia, sobre nuestras obligaciones y derechos, para conseguir un mundo, como diría el lehendakari Ibarretxe, más amable, más humano, para todos.

Justicia sí, pero con los mismos criterios para todos. Los abusos de cualquier orden, incluidos los de los medios de información, sanciónense con eficacia y celeridad. Pero aprovechar la porquería de unos para espolvorearla contra la organización a la que pertenecen, en la que normalmente militan muchas personas honradas, es injusto y propio de personas viles y sin escrúpulos.

Acusaciones injustificadas. Cuando daba por terminado este escrito se han hecho públicas algunas declaraciones de algunos dirigentes del PP atacando a EAJ-PNV. Según le he podido escuchar en una radio a uno de esos dirigentes, se permitía decir algo muy semejante a «no tenemos datos, pero no se puede tener tantos batzokis...».

Extraordinario. Se intenta ensuciar sin tener datos. Eso, en términos jurídicos tiene un nombre, pero me resulta más claro e importante el que tiene en términos humanos: ser un sinvergüenza. Puedo decirle señor, pues fui militante de dicho partido, que los batzokis se compraron, especialmente a la salida de la dictadura, con dinero dado por los propios afiliados y con créditos que luego fuimos pagando. Me da la sensación de que, al estar acostumbrado a otras operatorias, piensa que todos son tan tramposos como ustedes.

Además considero que debería recordar que muchos batzokis que tenía EAJ-PNV, así como otras propiedades de personas abertzales, fueron robados por el antecesor de ustedes en el Gobierno español y su maestro ideológico: Francisco Franco. Y la tan cacareada democracia no devolvió todos esos locales ni al partido ni a las personas cuyos patrimonios fueron incautados. ¿Sabe usted quién o quiénes los han disfrutado o disfrutan, o se beneficiaron con su venta?

Pidamos a todos los que de una u otra forma se han beneficiado de los abusos en que se ha incurrido que devuelvan, con valores actualizados, el valor de todos los bienes que, bajo la denominación que sea, robaron. Incluidos los intereses.

Regeneración socio-política. Todos deberíamos tener en cuenta, pero de forma especial los políticos, que la política es un servicio a la sociedad, una forma de solucionar sus problemas, de encauzar las soluciones, de facilitar el entendimiento entre todos.

Pero parece que lo entienden de otra forma. Parece que para ellos la política es una forma de hacer dinero, de construir, con el dinero de todos, obras fantasmagóricas para que el nombre de su promotor pase al futuro. Parece que para ellos lo importante es que su partido triunfe sin importar cómo. De esa forma les vemos criticar desde la oposición aquello que otros hacen desde el Gobierno para que, cuando las posiciones cambien, seguir haciendo lo mismo que antes criticaban.

Luego se extrañan de su descrédito. La política es una forma de servicio, una forma de aportar soluciones desde distintas ópticas para adoptar la decisión que la mayoría social quiere pero desde una posición tendente al acuerdo y no como ocurre, de tumbar al otro salvo que reparta prebendas que beneficien al que tiene la minoría.

La política debe ser una gestión del bien común, desde la óptica de la mayoría de los ciudadanos, y no debe ser la gestión del interés particular.

Los políticos, desde el posicionamiento ideológico que cada cual pueda defender, deben reconocer y apoyar lo que, con los medios disponibles, es posible en cada momento de forma que los problemas actuales se superen sin hipotecar las posibilidades del futuro.

Si queremos construir un futuro en paz, si queremos dejar un mundo más habitable, si queremos dejar un mundo más justo para las generaciones venideras, busquemos caminos de entendimiento, actuemos con honradez, reconozcamos errores (cosa propia de humanos), compensemos por los daños causados y enfoquemos el futuro como buenos vecinos conscientes de que si se resquebraja el tabique del vecino, el nuestro también está en peligro.