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Jueces de EEUU denuncian presiones políticas sobre los tribunales de inmigración

Jueces migratorios de Estados Unidos han denunciado el mal funcionamiento de los tribunales de inmigración estadounidense, que provoca retrasos y amenazas a un proceso justo en miles de casos, incluyendo los menores indocumentados centroamericanos.

Con estadísticas imprecisas y pocos recursos, los tribunales estadounidenses están sobrecargados y operan bajo presión política, resumieron las magistradas Dana Leigh Marks y Denise Slavin, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ). «Hay una disfunción aparente en las cortes migratorias hoy», según Marks.

Unos 375.000 casos se acumulan en las cortes de inmigración de EEUU para solo 227 jueces, algunos de los cuales tienen hasta 2.400 casos bajo su supervisión, indicó. Según Marks, las cortes migratorias son la «cenicienta del Departamento de Justicia» con recursos equivalentes a solo 1,7% del presupuesto de 18.000 millones de dólares destinado anualmente para inmigración.

En esas circunstancias un inmigrante sin papeles no podrá presentarse ante un juez hasta 15 meses después de ser detenido y deberá esperar hasta cuatro años para argumentar su caso en un tribunal, señaló.

Independencia

Según las juezas, la solución no sería barata ni tampoco rápida, y requeriría una ley del Congreso. «Para ser eficientes y operar económicamente, para garantizar justicia, nuestras cortes migratorias necesitan ser independientes, tanto de los fiscales como de los defensores», señaló Marks, juez federal en San Francisco. «Nuestro rol es servir como una corte neutral pero paradójicamente formamos parte de una agencia de cumplimiento de la ley», señaló Marks en alusión al Departamento de Justicia.

«Se nos pide que sirvamos a dos amos a la misma vez», afirmó Slavin, una juez de Miami, denunciando ser «víctimas de los antojos políticos».

La crisis humanitaria agravada por la llegada de más de 60.000 niños de México y Centroamérica este año dejó al descubierto los huecos en la respuesta de las agencias federales y las cortes migratorias. La creciente polémica sobre la política migratoria llevó al presidente, Barack Obama, a ordenar contratar jueces de inmigración adicionales para acelerar los casos de los niños, que en su mayoría esperan ser deportados.

Pero las magistradas creen que colocar a los menores en primera línea sería un error. Esos casos «por su naturaleza necesitan más tiempo para ganarse la confianza del niño que está en una situación de temor», dijo Marks.

Aunque dijo que en 27 años como juez nunca le han dicho cuál debe ser el resultado de un caso, indicó que hay «presiones sutiles» para acelerar los casos «y eso es difícil« de manejar.