Que el de la fiscalidad no es un debate sencillo quedó claro en la mesa redonda celebrada el jueves en el Palacio Miramar. En primer lugar, porque se trata de un tema que hoy por hoy no está abierto a la sociedad, aunque la sombra del fraude ha generado una mayor inquietud y concienciación en estos tiempos de crisis. Pero al mismo tiempo, es un asunto que aviva sentimientos de «injusticia» o «insolidaridad» en algunos sectores de la ciudadanía que, mientras cumple con sus obligaciones tributarias, se pregunta muchas veces: ¿Quién paga los impuestos?

La respuesta a esta cuestión y a otras tantas fue el objetivo perseguido por los ponentes del curso titulado «Nuevas propuestas para la tributación de la riqueza en Europa» organizado por la UPV y la Diputación de Gipuzkoa. Y aunque queda mucho por hacer en esta materia, Laura de Pablos (Universidad Complutense de Madrid), Teresa Cavero (Intermón Oxfam), Helena Franco (diputada de Hacienda de Gipuzkoa) y Richard Pitterle (parlamentario de Die Linke en el Bundestag) partieron de una premisa común: la tributación de la riqueza es una condición sine qua non para garantizar un sistema público fuerte que revierta en la sociedad y garantice unos servicios de calidad.

Tal y como expresó De Pablos, existe una creencia de que los servicios públicos siempre han estado ahí, «pero tienen un coste y hay que financiarlos», sostuvo. En esa financiación es donde la fiscalidad juega un papel crucial. O así debería ser. Y es que, según denunció Pitterle, durante mucho tiempo la recaudación fiscal se ha destinado al rescate de entidades financieras tras el estallido de la crisis. A su juicio, de este rescate se han beneficiado «personas que se pueden permitir una pérdida de capital». Por ello, añadió que «estos grandes patrimonios que se han beneficiado del rescate tienen que devolverlo de alguna manera».

Impuestos «desaparecidos»

Ahí es donde entra en juego el Impuesto sobre la Riqueza o el Patrimonio, vigente hoy en día tan solo en el Estado francés, Noruega, Luxemburgo, Suiza y el Estado español -en este último caso durante los ejercicios 2011 y 2012-. En Gipuzkoa, el Gobierno de EH Bildu ha establecido el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

Esta escasa presencia de tributos sobre la riqueza es lo que llevó a Helena Franco a afirmar que se trata de impuestos «desaparecidos». Sin embargo, si los impuestos se establecen en torno a la capacidad de pago, la riqueza es uno de los criterios a tener en cuenta, según apuntó De Pablos. A ello, y ante la polémica que suelen suscitar este tipo de tributos, añadió: «Impuestos polémicos lo son todos. Deben cumplir una función redistributiva».

A su juicio, el rechazo que suscita este tipo de impuestos se debe al cambio de comportamientos que puede generar en las clases más acomodadas. Y es que, en realidad, de eso se trata: «La redistribución cambia hábitos y el bienestar cambia de unos colectivos a otros».

Franco, muy inmersa en este debate desde su entrada en el Departamento de Hacienda hace tres años, sostuvo que es necesario obtener más recursos, si bien ello no pasa solo por tributar la riqueza. Defendió que debe construirse un sistema que recaude del conjunto de la ciudadanía, pero desde la equidad, tributando también la riqueza.

En este sentido, hizo mención a algunos aspectos que se han criticado desde que se implantara el tributo en Gipuzkoa. El primero hace alusión a su posible carácter «confiscatorio», un hecho que negó aportando datos. Según explicó, la tasa que se aplica viene a ser alrededor del 1% cuando la rentabilidad de esa riqueza es en torno al 4-5%. Ante ello, defendió el principio de «solidaridad» por el que cada individuo debería aportar al sostenimiento del sistema en consonancia con su patrimonio. Pitterle hizo un inciso al respecto para apuntar que la acusación de confiscación «me parece una exageración. Nosotros proponemos un 5%...», dijo en referencia al planteamiento de su grupo en el Bundestag.

En segundo lugar, Franco se refirió a la armonización de los impuestos para que no existan desigualdades entre territorios. Un principio que defendieron todos los ponentes pero al que todos añadieron que no es preciso esperar a que el resto de territorios o países avancen en esa dirección para aplicar medidas que aporten en la redistribución. De lo contrario, el «abismo» entre ambas partes de la sociedad -la más rica y las más pobre-, la desigualdad, continuaría siendo enorme, según apostilló Pitterle.

En esta línea, De Pablos lanzó un mensaje claro y planteó que las comunidades autonómicas deberían ponerse de acuerdo sin estar a expensas de la Administración estatal.

Franco y Cavero remarcaron que la discusión realmente está en el modelo de sociedad, es decir, que se trata de diferentes proyectos que responden a intereses diferentes. «Esto no es solo coyuntural por necesidad de recaudar, sino que creemos en ese modelo», apostilló Helena Franco.