El portavoz de Stop Desahucios en Araba Arturo Val acusó ayer a la sociedad pública Alokabide y al Gobierno de Lakua de intentar «intimidar» a los movimientos sociales con denuncias como la que ayer le llevó a él mismo y a otros dos representantes de la plataforma a un juzgado de Gasteiz tras una entrega de firmas realizada en junio del pasado año.

Los tres miembros del colectivo fueron juzgados por una denuncia de coacciones tras los hechos ocurridos el 12 de junio de 2013, cuando Stop Desahucios entregó firmas en la sede de Alokabide para pedir al Gobierno de Urkullu que cumpla con una instrucción del propio Ejecutivo sobre medidas excepcionales en el cálculo de las rentas de pisos cuando existen circunstancias sobrevenidas.

En declaraciones los medios recogidas por Efe, Val subrayó que en ningún momento se profirieron amenazas contra ninguna persona, pese a la versión del vigilante de seguridad en un informe, en el que señaló que el propio Val dijo a una persona del registro que esa vez habían acudido «suaves» pero la próxima ya se vería.

Según explicó el portavoz de Stop Desahucios, durante la gestión no se produjo ningún incidente ni se pretendió amenazar a nadie, por lo que valoró que la denuncia tiene como objetivo «intimidar».

«Lo que no les gusta»

A aríz de estos hechos, Val acusó al Ejecutivo de Lakua de aplicar la «ley mordaza en Euskadi», porque el PP y el PNV pretenden «reprimir todo lo que no les gusta», y agregó que ambas formaciones, al frente del Gobierno español y de la CAV, respectivamente, intentan «criminalizar a los movimientos sociales». Advirtió, sin embar- go, que esta actitud no afectará a la actividad de la plataforma que, según destacó, seguirá defendiendo a los colectivos más desfavorecidos pese a juicios «absurdos», en referencia al celebrado ayer en Gasteiz.

Un grupo de personas, en el que se encontraban varios parlamentarios y ediles de EH Bildu, se concentró a puertas de los juzgados en apoyo a los tres representantes de Stop Desahucios citados, donde mostraron pancartas con lemas a favor de los alquileres sociales y el derecho a una vivienda digna.