Juanjo BASTERRA

La OCDE demanda reducir más las cotizaciones sociales de las empresas

La OCDE presentó ayer el informe sobre la economía española. Destacó el camino emprendido de las reformas, aunque admitió que ha generado mayor desigualdad y pobreza. Pidió redistribuir la carga de los impuestos desde el trabajo a la imposición indirecta para impulsar la creación de empleo. Así, propuso eliminar los tipos reducidos del IVA y compensarlo con una rebaja de las cotizaciones empresariales.

El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, pidió al Gobierno español, en presencia del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que profundice en las reformas, laboral, financiera y fiscal para avanzar en la competitividad, a la vez que confirmó «la buena dirección» que está marcando el Ejecutivo del PP en su política.

Ambos echaron las campanas al vuelo porque «la economía española ha regresado a una senda de crecimiento tras una prolongada recesión» y advirtieron de que ha sido posible «gracias a las reformas emprendidas de una forma valiente», según añadió el mexicano Gurría.

El club de los países más ricos, sin embargo, reconoce el daño que han producido esas medidas de rescate al sistema financiero y, entre otros, los recortes sociales y laborales, porque en 2015, ocho años después del inicio de la crisis económica, la tasa de paro permanecerá en el 23,6%, en los puestos más altos de la UE, cuando la economía crezca a un 1,6%.

Desigualdad creciente

Admite, por otro lado, que la recesión ha elevado «la desigualdad y la pobreza», lo que ha generado un empobrecimiento global de la población. «España -precisa el informe- tuvo el segundo incremento más elevado en desigualdad en Europa entre 2007 y 2012» y, además, «uno de los niveles más elevados en pobreza relativa».

A juicio de Gurría hay que avanzar en las reformas laborales para generar más productividad, una vez que ya se han producido los ajustes salariales, como ya admitió hace menos una semana. Sin embargo, Hego Euskal Herria se encuentra en el grupo de cabeza de las zonas de la UE con una productividad más elevada y, sin embargo, se sigue produciendo el ajuste salarial y el aumento de la precariedad laboral.

Tarifa plana 100 euros

La OCDE marca algunas tareas al Gobierno español para reducir esta desigualdad. Por lo que pide que se reduzcan las cotizaciones sociales de las empresas a la Seguridad Social. No obstante, admite que la «tarifa plana de 100 euros al mes durante dos años para todos los contratos indefinidos» es «regresiva e implica un impuesto mayor para los trabajadores con baja retribución». Avisa que «no puede esperarse que medidas de índole temporal vayan a estimular plenamente la contratación a largo plazo».

Por lo que insiste en que «el núcleo de la futura reforma tributaria debería contemplar una reducción permanente en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social centrada en aquellos trabajadores con menor retribución». Llama a elevar el IVA, aunque en este caso, también pone límites. «La mejor opción sería aplicar el tipo normal del IVA a la base impositiva más amplia posible», pero dado que es «regresivo -explica el informe- podrían adoptarse medidas dirigidas a mitigar el impacto sobre las rentas más bajas mejorando la red de protección social o excluyendo bienes de primera necesidad como los alimentos, si bien ello podría minorar parcialmente la efectividad de la reforma».

La OCDE también pide revisar «el tratamiento de los instrumentos de inversión colectiva, concretamente el que reciben las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que tributan por el Impuesto sobre Sociedades a un tipo de tan solo el 1%». A la vez, solicita reforzar «los controles para garantizar que este instrumento se utilice de manera adecuada y no para eludir el pago de impuestos».

Por otro lado, el ministro español De Guindos advirtió de que «los próximos trimestres serán delicados» en la Unión Europea, pero añadió que el Estado español «mantendrá su velocidad de crucero».

Un trabajador de Lanbide por cada 313 demandantes de empleo

El informe de la OCDE destaca la necesidad de impulsar las políticas activas de empleo para hacer frente al desempleo estructural. Reconoce que en el Estado español la carga de trabajo de los servicios públicos de empleo es la segunda más alta de la UE. Calcula que cada trabajador de los servicios públicos de empleo debe atender a 269 demandantes de empleo, aunque el dato actual ha subido a 275, mientras que en el servicio vasco de Lanbide se eleva a 313 demandantes de empleo (276.406 personas en agosto) por cada trabajador, calculando una plantilla media de 900 empleados, aunque se pretende reducir. Estos datos de auténtico récord solo son superados por los 778 demandantes por trabajador de los servicios de empleo público en Irlanda, según los datos de la OCDE.

El informe insiste en «estimular de forma sostenible el empleo y el crecimiento a medio plazo», por medio del «fortalecimiento de las políticas activas del mercado de trabajo y mejorando la formación profesional». Para lo que pide «reforzar las capacidades y la eficiencia de los servicios públicos y potenciando la coordinación entre los distintos niveles de la Administración».

Alerta, por otro lado, sobre el pasivo de 83.600 millones, el 8,3% del PIB, de los avales vinculados a la recapitalización bancaria. Explica que el nuevo reglamento permite que los activos por impuestos diferidos se conviertan en créditos fiscales avalados por el Estado español que «los bancos pueden contabilizar como capital y podrían dar lugar a nuevos pasivos contingentes por valor de hasta 30.000 millones». J.B.