A la pregunta de Amaiur de si «es cierto que los servicios antiterroristas han realizado un informe» sobre Gure Esku Dago, el Gobierno español responde que es obligación constitucional de las FSE luchar contra el terrorismo de ETA, «que ni se ha disuelto ni ha entregado las armas». Y añade acto seguido que, «en este sentido», tanto la Guardia Civil como la Policía «manejan información sobre la influencia del entramado de apoyo a ETA en diferentes movimientos sociales y populares que tienen como objetivo subvertir el orden constitucional».

El pasado 7 de junio, la víspera de la cadena humana que con decenas de miles de representantes unió Durango con Iruñea, el diario «El Mundo» publicaba una noticia que señalaba que los «servicios antiterroristas» de las FSE habían elaborado diversos informes sobre Gure Esku Dago, en los que señalaban que a pesar de que la iniciativa trata de desvincularse de la izquierda abertzale, «las investigaciones sobre las organizaciones del entorno de ETA han constatado que es una de las iniciativas de movilización ciudadana para dar contenido a la denominada vía vasca, el nuevo instrumento estratégico de los abertzales para acumular fuerzas políticas»

A la vista de ello, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu preguntó al Gobierno español sobre si ha realizado este informe y sobre su filtración. También señalaba que de otros puntos de la información se desprende que el Ejecutivo realiza espionaje político a formaciones políticas, legales, por lo que le interrogaba sobre si eso era cierto.

La respuesta gubernativa, recién registrada en el Congreso de los Diputados, afirma que las FSE «manejan información sobre la influencia del entramado de apoyo a ETA en diferentes movimientos sociales y populares que tienen como objetivo subvertir el orden constitucional». Una respuesta que no solo parece admitir la vigilancia sobre Gure Esku Dago, sino que la liga tanto con ETA como con la subversión del orden constitucional.

Filtración y espionaje

Niega el Ejecutivo, en todo caso, que la Policía o la Guardia CIvil hayan «facilitado a los medios de comunicación informe alguno como el citado en la pregunta parlamentaria». Por lo tanto, al no haber «datos objetivos y ciertos que relacionen las informaciones periodísticas con loas investigaciones llevadas a cabo por las FSE», no se ha abierto ninguna investigación interna al respecto.

Por lo que respecta al espionaje a fuerzas políticas legales, que se desprende de párrafos que hablan sobre la estructura de los grupos de trabajo de la izquierda abertzale, el Gobierno sostiene que «las FSE no realizan ningún tipo de investigación, ni mucho menos espionaje, sobre formaciones políticas legales e inscritas en el Registro de Partidos Político, en ningún ámbito geográfico nacional».

Sin embargo a renglón seguido, en la respuesta se añade que «las investigaciones puntuales sobre determinadas personas y organizaciones que bajo esta cobertura, comenten o puedan cometer ilícitos penales se hacen siempre bajo control judicial o a petición de jueces y fiscales y, por tanto, bajo el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente».

En sus preguntas, Jon Iñarritu también incluía una sobre cuántos informes policiales se han realizado en los últimos tres años en relación con la sociedad vasca. Sin embargo, el Gobierno ni hace siquiera mención alguna a ello en la respuesta.

El control que las FSE venían sometiendo a Gure Esku Dago quedó claro el día mismo en el que la iniciativa reveló en Bilbo que ya disponían de más de 50.000 personas apuntadas para llevar a cabo la cadena humana. Al día siguiente, el diario «El Mundo» daba cuenta de los informes que «fuentes antiterroristas» tenían de algunos de quienes ofrecieron la rueda de prensa, incluyendo graves acusaciones y muestras de espionaje como que alguno de ellos se había reunido con dirigentes de Sortu para cuestiones no relacionadas con Gure Esku Dago.