M.D.

Impulsarán la recogida de firmas para derogar la Ley de Símbolos de Nafarroa

Los impulsores de la ILP para derogar la Ley de Símbolos de Nafarroa subrayaron ayer la necesidad de impulsar la recogida de firmas, una tarea cuyo plazo se ha ampliado hasta el 15 de diciembre. Volvieron a denunciar que se trata de una norma para la persecución ideológica.

Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la Ley de Símbolos vigente en Nafarroa anunciaron ayer que retomarán la recogida de firmas tras constatar la necesidad de contar con una norma que supere el objetivo de castigar la presencia de la ikurriña en los ayuntamientos.

Esta urgencia quedó en evidencia en el Parlamento navarro el jueves, cuando UPN, PP y PSN unieron sus votos para excluir a sus ediles de las sanciones por incumplir la Ley de Símbolos y ratificar la prohibición de la ikurriña en los ayuntamientos. Ayuntamientos de todos los colores políticos han visto cómo quedaban en suspenso 5,2 millones de euros destinados a sueldos de alcaldes y concejales porque la bandera española no estaba colocada en todos los edificios públicos de la localidad, tal y como exige la Ley de Símbolos. El cumplimiento estricto de la ley exige que la rojigualda esté incluso en colegios o cementerios.

El cambio de norma aprobado el jueves limita la presencia obligatoria de la rojigualda a la fachada del Ayuntamiento y sigue impidiendo colocar la ikurriña en el balcón bajo amenaza de retirada de subvenciones.

Los impulsores de la ILP han logrado una prórroga en el plazo de recogida de firmas, que se ha extendido hasta el 15 de diciembre, y mostraron su voluntad de redoblar esfuerzos con este objetivo. Asimismo, reclamaron una mayor implicación a los distintos agentes sociales y sindicales para que las hojas de firmas lleguen a todos los rincones de Nafarroa.

«Desde un punto de vista democrático, la modificación legal que se aprobó en el Parlamento es a todas luces inaceptable; de hecho, no se trata más que de una ley ad hoc, cuyo único objetivo es perseguir a determinados cargos electos por motivos puramente ideológicos», destacaron, antes de subrayar que el origen del problema está en la Ley de Símbolos de 2003, que pretenden derogar.

«Ha llegado el momento de dar una solución en parámetros democráticos a un problema sin sentido alguno, que ha sido creado y alimentado por unos pocos políticos», añadieron.