Un nuevo macrojuicio político comienza mañana en la Audiencia Nacional española y sentará en el banquillo a 28 jóvenes vascos arrestados entre 2010 y 2011. Como en otros procesos derivados de la teoría del «todo es ETA», la imputación es de «integración en organización terrorista» por supuesta militancia en Segi, lo que implica una petición fiscal de 6 años de cárcel para cada uno de ellos.

En esta ocasión, el sumario llega con el antecedente de la absolución de otros 40 jóvenes independentistas juzgados entre octubre de 2013 y marzo de este año en el mismo tribunal de excepción. La lógica diría que aquella contundente sentencia debería extenderse a este procedimiento. Sin embargo, no suele ser el modus operandi del tribunal especial, por lo que habrá que esperar a la decisión del tribunal, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel. Los imputados, que en los últimos meses han desarrollado una dinámica de activación social de cara al juicio, han convocado un acto en Loiola hoy a las 12.00 horas.

Resulta difícil no establecer una línea de continuidad entre el anterior macrosumario contra jóvenes independentistas y el que comienza mañana. Las dos operaciones, bautizadas como «Garbi I» y «Garbi II», respectivamente, fueron ordenadas por el juez Fernando Grande-Marlaska y se presentaron como operativos contra la dirección de Segi. En ambas, algunos de los jóvenes ya habían denunciado previamente el riesgo de ser detenidos, ya que su nombre estaba incluido en las «listas negras» producto de inculpaciones obtenidas bajo tortura en redadas previas. Mostraron públicamente su disposición a presentarse ante el magistrado y declarar, pero este prefirió ordenar su arresto incomunicado, tras el cual denunciaron haber sido torturados.

El fiscal reproduce el atestado

Los testimonios de torturas que se escucharon en las tres primeras jornadas del anterior juicio estremecieron a la sala. En esta ocasión, cerca de una veintena de los 28 imputados han denunciado también haber sufrido malos tratos como golpes, la «bolsa» o vejaciones sexuales.

Las declaraciones obtenidas durante la incomunicación constituyen la base de la imputación. Además, entre las «pruebas» que se esgrimen en el escrito del fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, están haber participado en actos públicos o manifestaciones, tener camisetas con lemas como «Gazteria Aurrera» o apoyar dinámicas como la lucha contra el TAV. El Ministerio Público también apunta contra asociaciones como Gazte Independentistak o las Gazte Asanbladak, a las que se califica como «organizaciones pantalla» pese a que la sentencia de mayo de este año descartó que hubiera relación con la organización juvenil ilegalizada.

Como en anteriores procesos, la acusación se sustenta en las tesis policiales. De hecho, el escrito del fiscal copia literalmente buena parte de los atestados, llegando hasta el punto de afirmar que Ainara Bakedano (absuelta en el 26/11). «se encuentra en prisión» cuando en la fecha en la que está firmado el texto, el 20 de febrero, la joven estaba en libertad y siendo juzgada en la Audiencia Nacional.

Los jóvenes fueron detenidos en tres fases de la misma operación. Los primeros 14 arrestos los practicó la Policía española el 22 de octubre de 2010. Posteriormente, otros seis tuvieron lugar en diciembre. Los otros ocho fueron detenidos en 2011 en distintos puntos de Iparralde, tras encerrarse en Izpura para denunciar las euroórdenes. La mayoría ha cumplido un año de prisión preventiva.