Tres de las viviendas de guardias civiles del cuartel de Lizarra tenían pinchado el gas de forma irregular. Según documentación a la que ha tenido acceso GARA, tres de los pisos habían manipulado el suministro de gas para abastecerse sin contador y defraudar a la compañía. La manipulación de los conductos de gas no fue homologada por ningún técnico ni fontanero, lo que pudo comprometer la seguridad del edificio, integrado en plena ciudad del Ega.

Una compañía instaladora detectó en febrero pasado que uno de los pisos del cuartel estaba cometiendo un fraude y había pirateado el gas para no pagarlo. En una de las actas del incidente, el técnico indicó que «se podía advertir de manera visual, ya que era apreciable desde el exterior, que una vivienda había instalado un puente en la conducción de gas y carecía del correspondiente contador».

Tras detectarse la anomalía en la primera de las viviendas (el número 7), se procedió a iniciar una inspección. No obstante, esa revisión no pudo culminarse debido a que el agente que estaba pirateando el gas, Carlos Alberto S. D., se negó a dejarles pasar al interior de su vivienda. Al día siguiente, los técnicos sí que lograron entrar, precintar las conducciones y colocar el contador.

No obstante, se da la circunstancia de que la empresa era la misma que, en 2010, había instalado los tubos de abastecimiento de gas natural al cuartel. Según se recoge en documentos oficiales, quedaron «todas las instalaciones debidamente legalizadas y dadas de alta con su correspondiente contador, excepto las viviendas que no solicitaron el alta, que se quedaron con las llaves bloqueadas, taponadas y precintadas según la normativa vigente».

Al revisar la situación de esas viviendas que no habían solicitado el alta, los técnicos detectaron otras dos que estaban cometiendo el mismo fraude y que habían manipulado las conducciones del gas natural. En una de ellas vivía el agente Gabriel C. O., quien incluso había realizado «un puente» y, en la otra, el agente Víctor D. M. El operario actuó según el protocolo de prevención de accidentes, procediendo a «bloquear, taponar y precintar las instalaciones por motivos de seguridad». Asimismo, se instó a ambos a que regularizaran la situación «de inmediato».

El resultado de estas inspecciones fue notificado por carta al comandante del acuartelamiento, sin que GARA tenga constancia de que tomara medidas más allá de una sanción disciplinaria por una «falta al decoro» de la Guardia Civil.

Riesgo para las familias

El caso podría ir más allá de un mero fraude de un suministro (artículo 255 del Código Penal). Al manipular la conducción de gas de una vivienda se pudo incurrir también en un delito de riesgo, que puede conllevar el ingreso en prisión en los casos más graves, pero también acarrea la inhabilitación (de seis a doce años) en el caso de que se trate de un funcionario público.

Este delito, tipificado en el artículo 348, se produce cuando alguien contraviene «las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas» al manipular una sustancia «inflamable o corrosiva, tóxica y asfixiante o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos».

De entenderse que la manipulación supuso un riesgo para las familias de los tres pisos o del resto del cuartel, el responsable del acuartelamiento podría verse comprometido, ya que era su obligación ponerlo en conocimiento del juzgado. En caso contrario, se estaría eludiendo el deber de perseguir un delito. No obstante, el comandante ha preferido tratar de esconder el escándalo. Según la documentación que obra en poder de GARA, la situación fue notificada en una nota dirigida «al Sr. Capitán de la Guardia Civil de Estella» y tiene el cuño de este cuerpo con la fecha de recibido de 27 de febrero de 2013.