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El Supremo falla a favor de la Diputación en el caso del ferry Bilbo-Portsmouth

El Tribunal Supremo ha condenado a la naviera P&O a pagar 11,2 millones de euros a la Diputación vizcaina a raíz del cierre en noviembre de 2010 de la línea del ferry Bilbo-Portsmouth, ya que la institución foral les había adelantado 9,2 millones para reservar 35.707 plazas, a los que se suman los intereses.

El diputado general de Bizkaia lo consideró una «muy buena noticia» y añadió que «es un día importante para desenmascarar aquellas actitudes políticas demagógicas, rastreras, acusadoras, mentirosas y dañinas con la imagen de esta Diputación». En rueda de prensa para valorar la resolución judicial, José Luis Bilbao señaló a la izquierda abertzale, PP, PSE y el Tribunal Vasco de Cuentas, a quienes exigió «una rectificación pública».

Tanto un Juzgado de lo Mercantil de Bilbo como la Audiencia de Bizkaia habían rechazado la demanda de la Diputación, absolviendo a tres navieras, todas del grupo P&O. Ahora, el Supremo, según la sentencia difundida ayer, estima el recurso foral y considera que tiene derecho a que se le reintegre el dinero abonado por las reservas de billete que tuvieron que cancelarse por el cierre de la línea.

El origen del caso se remonta a 1995, cuando la Diputación compró 46.500 billetes al portador para facilitar el viaje entre Bilbo y Portsmouth por 5,7 millones, que pensaba usar en temporada baja. Pero esa compra fue calificada de ayuda de Estado por la CE, de manera que un juzgado de Bilbo la declaró nula en 2007 y obligó a la institución foral a pagar a la naviera el dinero de la compra o devolver los bonos no utilizados.

En octubre de ese año, la Diputación acordó pagar a la naviera 12,9 millones de euros: 3,2 millones por los servicios ya realizados y 9,6 millones (intereses incluidos) correspondientes a 35.707 bonos no utilizados, que no pudieron ser devueltos, al no constar que estos estuvieran depositados en la sede foral. El 15 de noviembre de 2010 la compañía cerró y se negó a reintegrar los billetes que ya no se podrían utilizar. La Diputación demandó a P&O y reclamó que le devolviera 9,6 millones por los bonos no utilizados, más sus intereses.

Los jueces desestimaron su pretensión en dos ocasiones, pero la Diputación recurrió al Supremo alegando una infracción procesal y ahora el alto tribunal español le ha dado la razón. Además de admitir la infracción procesal, se entra en el fondo del asunto.

Se recuerda el abono que hizo la Diputación vizcaina por los bonos de viaje y como la administración tenía derecho a 35.707 pasajes que no pudo satisfacer porque la naviera dejó de prestar ese servicio entre Bilbo y Portsmouth.