Ramón SOLA- Oihane LARRETXEA DONOSTIA
ACUERDO PARCIAL SOBRE LA POLÉMICA LEY WERT

El pacto Lakua-Madrid sobre la LOMCE ciñe el euskara a la proporción actual

Tras muchos meses en los que ha remarcado verbalmente su rechazo a la LOMCE, el Gobierno de Lakua ha decidido firmar con el Ejecutivo español un acuerdo parcial que presenta como garantía para el euskara en la educación. La realidad es que con ello se limita la opción de potenciarlo, ya que ambas partes aceptan que el actual sistema tiene «una proporción razonable». Además, el ministro Wert lo había aceptado ya en abril, por lo que no hacía falta pacto alguno.

La intromisión en la cuestión lingüística constituía uno de los puntos más sangrantes e inaceptables de la LOMCE en Euskal Herria. El rechazo de la comunidad educativa e instituciones a este aspecto fue frontal desde el inicio, y de hecho el Gobierno español no mostraba ninguna intención de aplicar este aspecto concreto de la norma desde hace ya meses. Pero indirectamente, con esta amenaza virtual ha terminado logrando el objetivo de limitar la expansión de la educación en euskara. Ayer se conoció el acuerdo cerrado por Lakua con el Ejecutivo español, hecho público tras su publicación en los boletines oficiales y por tanto totalmente sellado, y en el mismo se viene a poner como límite el actual sistema.

Lo que Lakua y Madrid han suscrito es textualmente esto: «Ambas partes coinciden en que la legislación actualmente vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco garantiza un sistema de utilización de las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares en la enseñanza en una proporción razonable». Y más adelante añaden, en la misma clave de blindaje de la actual situación, que «en razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar parcialmente resueltas las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas en este acuerdo y concluida en cuanto a los mismos la controversia planteada».

La consejera de Educación de Lakua, Cristina Uriarte, intentó ayer venderlo en positivo. En rueda de prensa, afirmó que el pacto «salvaguarda» la capacidad de esta comunidad autónoma para determinar el aprendizaje en euskara. Curiosamente, en paralelo dijo que «la competencia en esto es de Euskadi», por lo cual cabe preguntarse entonces cuál es el motivo para restringir la capacidad propia mediante este acuerdo bilateral.

Por otro lado, desde abril era perfectamente conocido que el Ministerio de José Ignacio Wert consideraba adecuada la actual distribución de modelos en la CAV y no pensaba hacer batalla de ello. El ataque de la LOMCE a la cuestión de las lenguas no tenía como objetivo a Euskal Herria sino a Catalunya, donde como es sabido sí existe modelo único de inmersión lingüística en catalán, que es lo que Madrid pretende combatir.

Aunque el Gobierno de Urkullu intentó presentar este acuerdo como un logro, a la consejera Uriarte pareció escapársele esta confesión: «Es un avance parcial, es un avance frente a no tener absolutamente nada».

El acuerdo sigue por tanto la filosofía expresada por Iñigo Urkullu el sábado en el acto de inauguración del curso de las ikastolas, en Andoain, donde adoptó una posición eminentemente defensiva. Auguró que la LOMCE «acarreará problemas», pero que «no conseguirá minar el sistema educativo vasco que tanto nos ha costado construir». Acto seguido hizo un elogio de la necesidad de acuerdos en materia educativa, algo que ensalzó también ayer Uriarte en su comparecencia. Sin embargo, lo cierto es que otras comunidades con problemáticas similares, como la citada Catalunya, no han cerrado ningún pacto con Madrid sobre la denostada LOMCE.

El consenso alcanza a otras cuestiones quizás menores. La consejera Uriarte destacó que Lakua ha logrado «reconocer y dar el papel importante que tienen los consejos escolares en lo que se refiere a su relación con las direcciones de los centros». Desde Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea (EHIGE), su coordinadora, Lurdes Imaz, pide «que se mantengan las competencias que a los consejos escolares les son reconocidas en la Ley de la Escuela Pública Vasca». De todas formas, recuerda que llevan tiempo pidiendo ampliar su campo de trabajo. «Lakua decidirá el modelo de gestión de los centros públicos y es ahí donde debe decidir qué competencias nos otorga. Nuestra petición es clara», dice, reclamando la autonomía de estos órganos a la hora de diseñar temas vitales.

Por otro lado, Lakua intenta hacer compatible este acuerdo parcial con el mantenimiento de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la LOMCE. Uriarte intentó poner énfasis en esta cuestión, obviando por un lado la contradicción evidente con el pacto y por otro la realidad objetiva de que el Constitucional ampara sistemáticamente a la Administración estatal en este tipo de contenciosos.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, dijo en declaraciones a Radio Euskadi que «lo coherente» sería que el Gobierno de Lakua retirara este recurso.

EH Bildu alerta de la trampa

EH Bildu ve claro que con este acuerdo Lakua solo intenta «vender humo». Por un lado, porque «la LOMCE ya se está aplicando», y por otro porque era conocido que el ataque a las lenguas iba destinado a la enseñanza en catalán y no en euskara. «A Madrid no le preocupan los modelos lingüísticos vascos porque está garantizada la enseñanza del castellano -recordó la parlamentaria Belen Arrondo-, pero lo que no está garantizado es el conocimiento para todos los alumnos del euskara».

La coalición ha pedido la comparecencia de Uriarte en el Parlamento ante la gravedad del tema: «La consejera puede decir lo que quiera, que el acuerdo deja en manos de Lakua las decisiones sobre la enseñanza en euskara, pero eso no es cierto porque el límite lo marca Madrid. El límite es el sistema de modelos, justo el que hay que superar». Teme que este acuerdo suponga precisamente «perpetuar» estos modelos.

Un acuerdo secreto y ocultado durante un larguísimo mes

La existencia de este acuerdo no se reveló hasta la mañana de ayer, cuando ya había sido publicado de modo simultáneo en el Boletín Oficial del País Vasco y el Boletín Oficial del Estado. Y por eso llama poderosamente la atención la fecha en que se cerró: 29 de agosto de 2014, es decir, hace justo ayer un mes. Fue el día en el que, en el caso de la CAV, el viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre Díez, dispuso su publicación.

En este periodo de 30 días, ningún portavoz político había dado cuenta de este acuerdo sobre una cuestión tan relevante y polémica. Y ocasiones para ello no han faltado, desde el Consejo de Gobierno de Lakua en Miramar el 28 de agosto (un día antes del pacto), en el que Urkullu explicitó sus planes para el curso, hasta el Pleno de Política General del pasado jueves en el Parlamento de Gasteiz, pasando por todas las habituales comparecencias de comienzo de curso educativo. El propio lehendakari ha intervenido en varias de ellas, desde aperturas de curso en diversas universidades hasta la celebración de este sábado de las ikastolas en Andoain.

Por poner solo un ejemplo, el 10 de setiembre, en la inauguración del curso en la EHU-UPV, Urkullu denunció que «tanto la gestación como la aplicación» de la LOMCE «quiebran los valores que soportan el sistema educativo». Y acusó al Gobierno de Rajoy de actuar «a corto plazo, sin mirar al futuro. Sacan un suspenso en diálogo y consenso, y matrícula en imposición e improvisación», dijo. Y este sábado, en Andoain, se limitó a asegurar que su Ejecutivo trabajaba para que la LOMCE «tenga la mínima injerencia en las aulas» y destacó que Lakua «está sentando las bases de un sistema educativo vasco fuerte, coherente y duradero». Ninguna mención, ni siquiera indirecta, al consenso con el Gobierno español.

El secretismo en torno al acuerdo fue tal que la rueda de prensa de ayer de la consejera Uriarte para dar cuenta del mismo no fue convocada hasta primera hora de la mañana (la convocatoria llegó a GARA exactamente a las 8.56), y eso que se desarrolló a las 10.00, más temprano que lo habitual en estos casos, con aparentes prisas o ganas de esquivar preguntas incómodas.

Otra situación algo absurda es la derivada del último punto del acuerdo. Establece que debe ser comunicado al Tribunal Constitucional español «antes del próximo 10 de setiembre de 2014». Si efectivamente se cumplió esa coletilla, no solo Lakua lo ha callado todo durante un mes, sino que hasta el TC lo habrá conocido 20 días antes que el conjunto de la sociedad y la comunidad educativa vascas.

Las formas con que se ha gestionado el asunto también empiezan a suscitar críticas. Como botón de muestra, la coordinadora de EHIGE, Lurdes Imaz, admitía a GARA que tuvo conocimiento del acuerdo a través de la radio, y que una vez en la oficina, conocieron los detalles a través de los boletines oficiales. Para ELA, resulta «inaceptable» que los agentes educativos «nuevamente» hayan tenido conocimiento «de acuerdos así a través de los medios de comunicación o boletines oficiales». LAB se posiciona hoy. R.S.- O.L.