El TC suspende la consulta y veta su preparación hasta el fallo definitivo
En un tiempo récord, el Tribunal Constitucional español admitió a trámite los recursos planteados por el Ejecutivo español y suspendió la consulta del 9N y «las actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculada a ella», para evitar que se continúe con los preparativos hasta el fallo definitivo. Parlament y Generalitat disponen, según la providencia, de quince días para recurrir la suspensión y veinte para apelar la impugnacion del decreto.
Apenas 48 horas desde la firma del decreto tardó el Estado español en suspender la consulta catalana del 9 de noviembre. Al borde de las ocho de la tarde y tras una reunión que duró poco más de una hora, el Pleno del Tribunal Constitucional español admitió a trámite los dos recursos planteados por el Gobierno español contra la ley 10/2014, que avalaba el referéndum, y el decreto 129/2014, que fijaba la cita con las urnas, imponiendo la suspensión de ambos por unanimidad. En relación al decreto, el Alto Tribunal advirtió tanto a las partes implicadas -Govern y Parlament-, como «a terceros -una referencia velada a los ayuntamientos-» sobre la suspensión explícita de «las actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculada a ella», con lo que intenta evitar que los impulsores de la consulta sigan adelante con los preparativos mientras llega una resolución definitiva.
Ahora, según la providencia, el Parlament y la Generalitat disponen de 15 días para recurrir la suspensión de la normativa y 20 días para apelar la impugnación del decreto. Fuentes del tribunal insistieron en que esta decisión no implica «pronunciamiento alguno sobre el fondo» de los recursos, que el Constitucional «resolverá en su momento». Para justificar la paralización de la cita con las urnas el Alto Tribunal se aferró al artículo 161.2 de la Constitución española, que impone la «suspensión» de «disposiciones y resoluciones» aprobadas por comunidades autónomas en caso de que estas sean recurridas por el Ejecutivo.
Falta por determinar si el TC, que cuenta con mayoría de magistrados afines al PP, da la razón a los recursos planteados por la Abogacía del Estado. En estos, se rechaza que el Parlament «ha convocado un referéndum que tiene por objeto que el pueblo de Catalunya se pronuncie sobre si quiere que sea un estado independiente», lo que choca con la Constitución española, según los letrados.
Reuniones concatenadas
Aplicando el tópico popularizado en el título de una obra de Gabriel García Márquez, la de ayer era la «crónica de una suspensión anunciada». Lo había advertido el sábado la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, avalada por los principales portavoces de PP y PSOE, y lo reiteró por la mañana el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, en una declaración institucional tras la cual, de forma excepcional, respondió a pregun- tas, aunque limitadas al veto a la consulta. «El referéndum no se va a realizar porque es inconstitucional», argumentó, tajante, el inquilino de la Moncloa, adelantándose incluso a un veredicto que tardará en hacerse público. Si se atiende a antecedentes, la demora podría ser de varios años, tal y como ocurrió con el Estatut, «cepillado» en 2010, cuatro años después de ser refrendado en las urnas. No obstante, teniendo en cuenta que la consulta está fijada para el 9N, los plazos podrían adelantarse, puesto que al Ejecutivo español le gustaría llegar a la fecha con un fallo (contrario, como se espera) bajo el brazo..
Los argumentos de siempre
Ejemplo de las prisas del Estado es la celeridad con la que se convocaron tanto el Consejo de Ministros como la reunión del pleno del Constitucional. A través de una maniobra exprés en cadena, los jueces tenían los dos recursos sobre la mesa para las 18.40, cuando comenzó el Pleno. Por la mañana, a las 10.00, Rajoy había reunido a su gabinete, en el que se encontraba Rafael García Catalán, nuevo ministro español de Justicia en sustitución de Alberto Ruiz Gallardón, que había dejado el expediente preparado. Con el informe del consejo de Estado abogando unánimemente por el recurso, a Rajoy solo le quedó cumplir con el trámite. Una alegación que tiene el respaldo del PSOE, ejerciendo como segunda pata de la «gran coalición», y de UPyD.
«Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución. Y hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles», aseguró Rajoy. No se salió del guión ni aportó ningún razonamiento que no hubiese esgrimido en otras ocasiones: «la soberanía reside en el pueblo español», «una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos» y «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española». Cierto es que el discurso de Rajoy dejaba entrever las dificultades que tiene para explicar en público que una cita con las urnas constituye un hecho antidemocrático. Para tratar de dar su versión, recurrió al malabarismo lingüístico, afirmando que los promotores de la consulta utilizan «un recurso demagógico, apelar a algo que suena bien: el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado». A juicio del inquilino de la Moncloa, que obvió referencias al reciente referéndum celebrado en Escocia, la reivindicación de votar en Catalunya es «profundamente antidemocrática», ya que «el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás».
Obviando el proceso desarrollado en Catalunya desde la aprobación y posterior recorte del Estatut, iniciado en 2006, Rajoy argumentó haber estado dispuesto al diálogo y encontrarse con una Generalitat que «lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados».
«Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo», aseguró el presidente español, retando a quienes defienden el derecho a decidir a que emprendan el camino de la reforma constitucional, sabiendo que PP y PSOE gozan de holgada mayoría para vetar cualquier iniciativa en este sentido.
Apoyo del PSOE al recurso
Sumándose al bloque del «no», pero reivindicando un cambio en la Carta Magna limitado a la propuesta federal, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tampoco se movió de lo que viene manifestando en las últimas semanas.
En primer lugar, escenificó el «apoyo del PSOE al recurso que, con todos los dictámenes favorables, ha formulado el Gobierno en defensa y en garantía de la legalidad y del ejercicio de la soberanía nacional por parte de todos los españoles».
Sin embargo, quiso ubicarse en ese espacio construido en el discurso de Ferraz entre Rajoy y Mas y defendió el cambio en la Carta Magna. «Petrificar la Constitución no la va a hacer más fuerte. Renovarla, reformarla, es la mejor alternativa para definir un nuevo marco de convivencia territorial», afirmó
Mas manifiesta que la Generalitat «está preparada»
«Mientras unos estamos aquí reunidos presentando argumentos para el debate, otros están reunidos para otras cosas», apuntó ayer a la tarde el president, Artur Mas, en el transcurso de la presentación del Libro Blanco de la Transición Nacional. Una intervención que transcurrió en paralelo al Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC) y que acabó cinco minutos antes de la suspensión de la Ley de consultas y del Decreto de convocatoria del 9 de noviembre.
El president se salvó, por lo tanto, de tener que anunciar sus próximos pasos, pero consciente de que la suspensión estaba al caer, advirtió: «Veremos qué pasa, pero la Generalitat está preparada».
Como muestra de ello, Mas, señaló que «en tres días hemos convocado la consulta, hemos explicado un operativo perfectamente diseñado y hemos ofrecido toda la información para mantener un debate sereno y de calidad», en referencia al Libro Blanco presentado ayer, en el que se recogen los dieciocho informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN).
Según señalaron fuentes del Govern, el Ejecutivo catalán explicará hoy cuáles son los pasos que dará a partir de ahora, pero ayer Mas no quiso abrir ninguna grieta que permitiese nuevas interpretaciones, por lo que cabe entender que siguen en vigor las palabras que pronunció el pasado sábado, cuando señaló que una suspensión cautelar no paralizaría los preparativos de la consulta. Pero al margen de declaraciones más o menos claras y creíbles, la prueba del algodón llegará mañana, cuando habrá que ver si el Parlament continúa con su orden del día y vota la constitución de la comisión de control de la consulta, signo inequívoco de que la cita con las urnas sigue su curso.
Al margen de la suspensión, el president criticó con ironía la actitud del Estado; tanto la celeridad con la que se reunió el Tribunal Constitucional -«han roto la velocidad del sonido», aseguró-, como las sentencias políticas del Ejecutivo español: «¿Quién nos dice que es ilegal? ¿El Gobierno? Montesquieu en estado puro». Por último, Mas criticó con un punto de amargura que «ni preguntan ni dejan preguntar». «Lo que les da miedo es la respuesta, pero lo que les debería dar miedo es que no pueda haber respuesta», concluyó el president, que un día más, repitió -en balde- que no se trata de un referéndum «sino de una consulta no vinculante».
Tampoco hubo respuestas sorprendentes por parte del resto de actores políticos que, ante la previsibilidad de la decisión del TC, se limitaron a reproducir lo que ya habían advertido que dirían en días previos. Al margen del silencio de Unió y de ICV-EUiA -previamente habían criticado la urgencia del Gobierno y del TC-, el más intrascendente fue sin duda el coordinador general de CDC, Josep Rull, que consideró que la reunión de urgencia del Tribunal «pone en evidencia que no puede ser un buen árbitro» y sin emplazar al Govern a mantener la consulta, se limitó a sumarse a las convocatorias de la campaña `Ara es l'hora' para hoy.
La CUP también se sumó a estas concentraciones en los Ayuntamientos convocadas hoy por la campaña conjunta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, pero ayer ya quiso dejar claro que su apuesta es la desobediencia y la defensa de la cita del 9 de noviembre.
Lo hizo con concentraciones en numerosos municipios y en Barcelona, donde varios centenares de personas protestaron defendieron la convocatoria de la consulta frente a la Delegación del Gobierno.
Tampoco se salió del guión previsto ERC, que compareció antes de la reunión del Tribunal Constitucional, pero dando por hecha la suspensión. Su secretaria general, Marta Rovira, aseguró que «si tenemos que elegir entre obedecer el mandato democrático de la ciudadanía de Catalunya u obedecer una sentencia del Tribunal Constitucional o un proyecto sin contenido, que nadie tenga ninguna duda de que obedeceremos el mandato democrático de los catalanes».
Rovira defendió así la desobediencia al Tribunal Constitucional en el acto de presentación de la campaña «Vull ser lliure, vull un nou país» -«Quiero ser libre, quiero un nuevo país»-, con la que los republicanos defenderán la independencia en la consulta del 9 de noviembre.
En resumen, pese a cierto descoloque por la celeridad del Tribunal Constitucional, a nadie sorprendió ayer en Catalunya la suspensión cautelar de la consulta, lo cual no evitó cierta sensación de vértigo al comprobar que ahora empieza lo que el propio Artur Mas definió hace unos meses como «territorio desconocido».
El Govern tendrá que aclarar hoy a la mañana qué piensa hacer y si le entra alguna duda, miles de catalanes se lo recordarán por la tarde en las concentraciones frente a los Ayuntamientos, 889 de los cuales -de un total de 947- han aprobado ya mociones a favor de la consulta del próximo 9N. Beñat ZALDUA
Societat Civil Catalana denuncia el censo de la consulta
El Tribunal Constitucional ni siquiera había convocado su reunión y la consulta todavía era perfectamente legal cuando la plataforma unionista Societat Civil Catalana (SCC) presentó ayer a la mañana una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona para que investigue la cesión de datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Según esta entidad contraria a la consulta, los datos del Idescat -que provienen de los padrones municipales- solo se pueden utilizar para las estadísticas y no para establecer un censo de votantes para la consulta.
Los abogados de la entidad unionista actuaron así en contra de una orden de la conselleria de Governació, que el sábado requirió al instituto público la cesión de los datos de empadronamiento para poder convocar a los ciudadanos a la consulta.
De corta trayectoria, la plataforma unionista Societat Civil Catalana se ha caracterizado en todo momento por su oposición al proceso soberanista y a la consulta convocada para el próximo 9 de noviembre, y es responsable de la convocatoria unionista realizada para el próximo 12 de octubre en Barcelona. B. ZALDUA
Konstituzioa eraldatzeko aukera ikusten duela argudiatzen du EAJk
CiUren kide den EAJk, Kataluniako prozesuarekiko aldea jarri du berriz ere. Andoni Ortuzar EBBko buruaren esanetan, Artur Masek ez du legezkoa ez den ezer egingo, eta Konstituzioa berritzeko aukeraren zain egotea komeni da, «Estatu eredua garajean sartuko delako azkenean», hurrengo legegintzaldian hain zuzen ere.
Onda Vasca irratian egindako elkarrizketan, horretarako atea irekitzen ari dela aurreikusi zuen Ortuzarrek: «Espainiako herri borondatea ere nahiko nazkatuta dabil. Hurrengo Diputatuen Kongresua zeharo ezberdina izango da eta Estatu espainoleko gobernagarritasuna beste oinarri batzuen gainean jarri behar dela aginduko du». Beraren ustez, dagoeneko nahiko garbi dago «Konstituzioa mugitzearen» inguruan «kontsentsu zabala» dagoela. «Aukera handi hau baliatu behar dugu, baita Europa mailan dagoena ere; Europan jendeak ez duelako ulertzen Eskozian egiten diren gauzak hegoaldean ezin izatea egin».
Ildo beretik, igandeko Alderdi Egunean esan zuena berretsi zuen Andoni Ortuzarrek; hau da, «gaur egun dugun subiranotasuna indarrean jartzen jakin behar dugu, oso garrantzitsua delako».
«Hau ez dut esaten geldirik izateko, edo ezeri galga jartzeko», zehaztu zuen jarraian. «Baina dugun subiranotasun maila hori subiranotasun handiagoa lortzeko baliatu behar dugu», esan zuen Euzkadi Buru Batzarreko presidenteak.
Bide horretan, PSE EAJren ondoan ikusten du Ortuzarrek, batez ere Patxi Lopezen agintaldiaren ondoren. «PSErentzat, Lopezentzat, Idoia Mendiaren taldearentzat, argigarria izan zen. Ohartu ziren latza dela gogor lan egitea, legeak egitea, eta gero 300 eta piko kilometrora dauden gizon batzuk etorri, helegitea aurkeztu eta auzitegi batek debekatzea», aipatu zuen. «Orduan, nor falta zaigu? Zein litzateke operazio honi sostengua emateko beharrezkoa den hirugarren hanka? Ezker abertzalea», erantzun zion bere buruari Ortuzarrek.
Estatu mailako irakurketa hau eginda, EBBko presidenteak nabarmendu du ez duela uste Artur Masek urrutiago joateko borondatea duenik. Espainiar legaltasuna onartuko duela uste du Ortuzarrek. «Ez dio bera epaitzeko inolako aitzakiarik emango», ziurtatu du. GARA
«EH Bildu se sentiría muy cómoda en una pamplonada»
«Elkorok gure etxea zaindu du, beti etxeko jokatuz, oreka eta zentzu handia eskainiz»
«EH Bildu ha empezado a renunciar a reivindicaciones nacionales»
El ertzaina aporreó a su compañero infiltrado «al sentirse amenazado»
