El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, y el diputado general de Araba, Javier de Andrés, ambos del PP, insisten en vincular el cobro fraudulento de la Renta de Garantía de Ingresos con los inmigrantes procedentes del Magreb. Así se desprende de las declaraciones efectuadas ayer por los dos dirigentes derechistas, contra quienes ha emprendido acciones legales SOS Racismo.

El regidor, que el pasado mes de julio afirmó que «algunas nacionalidades -en alusión a los ciudadanos marroquíes y argelinos- viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse», manifestó que no va a retractarse. «Me reafirmo en todo lo que dije, y no creo que tenga que pedir perdón a nadie y menos a SOS Racismo», subrayó en declaraciones a Efe.

Maroto realizó estas declaraciones después de que el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, reconociese este lunes que no descarta llamar a declarar al alcalde, contra el que ha interpuesto una denuncia SOS Racismo, que considera que las palabras del primer edil son contrarias a la dignidad de las personas y constituyen un delito de «incitación al odio».

La querella interpuesta por este colectivo suscitó el malestar del diputado general, que el pasado 9 de setiembre mostró su apoyo al alcalde y acusó a SOS Racismo Araba de ser «el maestro y principal colaborador en el fraude a las ayudas sociales». Asimismo, aseguró que esta organización llegó a tener empadronados a 764 inmigrantes en su sede de Gasteiz.

En respuesta a estas palabras, SOS Racismo interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital alavesa una demanda de conciliación contra De Andrés por un delito de «injurias y calumnias». El colectivo reclama 79.296 euros por los daños ocasionados. Cuestionado por la denuncia, De Andrés afirmó ayer que pagará de su bolsillo la posible sanción. «Si llega a producirse la asumiré yo», manifestó.

Iniciativa parlamentaria

Por otro lado, ayer la parlamentaria del PP Laura Garrido avanzó que su partido presentará una proposición de ley para reformar la RGI. La formación derechista quiere endurecer los requisitos de acceso a las ayudas sociales para evitar que las cobren «personas ilegales o que delinquen».

«Queremos evitar las ineficiencias detectadas en Lanbide con la gestión de las ayudas sociales y dar una oportunidad a las personas que las reciben para que no se cronifiquen», destacó tras afirmar que, a su parecer, el sistema vigente en la CAV «no funciona».