Beñat ZALDUA BARCELONA
EL PROCESO SOBERANISTA CATALÁN

El Parlament cumple y mantiene los preparativos de la consulta del 9N

El Pleno del Parlament aprobó ayer el nombramiento de la comisión de control de la consulta pese a las amenazas del PP. Aunque la constitución de la comisión no será oficial hasta que Artur Mas firme el decreto, el Parlament envía el mensaje de que continúa con los preparativos de la consulta. Lo hizo con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, que ayer limaron sus diferencias y mañana se reunirán para acordar los próximos pasos.

Día intenso en el Parlament, con constantes idas y venidas desde el salón de plenos al despacho del president, Artur Mas. Todo con el propósito de enviar la señal de que el objetivo sigue fijado en la consulta del 9 de noviembre. Algo que se consiguió con la aprobación de la comisión de control de la consulta -que cumple la función de junta electoral- y con las reuniones que Mas mantuvo de forma bilateral con representantes del resto de formaciones soberanistas, a modo de antesala de la reunión que todos juntos celebrarán mañana.

El Pleno empezó animado, con PP y Ciutadans exigiendo desde el primer minuto que se retirase del orden del día la votación de la comisión de control de la consulta. Tuvieron que esperar a media mañana para asegurar que se trataba de una votación ilegal que desobedecía la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC). Los dos partidos sacaron a pasear el Código Penal y el diputado del PP Enric Millo reclamó que la votación se realizase a mano alzada. No solo eso, Millo advirtió también de que su partido pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

La más explícita en su respuesta fue, probablemente, la coordinadora general de ICV-EUiA, Dolors Camats, que desde el atril del Parlament respondió que votarían «a mano alzada, a cara descubierta y con el DNI en la mano si hace falta». En la misma línea se pronunciaron el resto de partidos soberanistas, por lo que el nombramiento de los siete especialistas de la comisión de control se aprobó por 86 votos a favor y ninguno en contra, ya que ni PP, ni Ciutadans, ni PSC quisieron participar.

Se trata, por lo tanto, del primer paso que una institución catalana da en evidente desobediencia de la suspensión cautelar dictada por el TC. Las consecuencias penales que pueda tener la acción, sin embargo, fueron motivo de un arduo debate parlamentario. Los soberanistas, apoyados por un informe de los servicios jurídicos del Parlament, defendieron que no hay consecuencias legales, ya que la comisión de control no será legalmente constituida hasta que Mas firme el decreto. Al otro lado, el unionismo aseguró que, para que el president pueda firmar dicho decreto, la votación de ayer del Parlament era indispensable.

Antes de la votación, el Pleno fue testigo también de la división parlamentaria durante la sesión de control al Govern. La líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, lo acusó de «desafiar a la democracia», mientras que el president de Ciuta- dans, Albert Rivera, le reclamó que «no siga por este camino porque será imposible convivir en Catalunya». La respuesta del president fue parecida en ambos casos: «No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán pueda votar». Como viene haciéndolo desde que llegó a la Secretaría General del PSC, Miquel Iceta trató con guante de seda a Mas, ofreciéndole una pista de aterrizaje para completar junto a los socialistas los dos años que quedan de legislatura.

Entre los soberanistas tampoco hubo roces ayer. Cada uno con sus matices, ERC, ICV-EUiA y CUP se limitaron a reclamar a Mas que no renuncie a la consulta del 9 de noviembre a las primeras de cambio, a lo que el president contestó que su objetivo sigue siendo votar y que sigue en pie su compromiso de «encontrar entre todos la respuesta (a la suspensión del TC) y los pasos a seguir».

Al despacho de uno en uno

A lo largo de la tarde, mientras el Pleno seguía con sus actividades, Mas llamó uno a uno a los representantes de los partidos soberanistas, con el objetivo de poner en práctica el diálogo fluido al que a menudo apela, y para tratar de limar los roces producidos ayer por la decisión del Govern de paralizar los preparativos de la consulta que implicasen a funcionarios y particulares. Una decisión que ayer, igual que el martes, no evitó que la sociedad civil continuase con sus campañas. Algunas festivas, como la de la ANC y Òmnium Cultural en Martorell (Barcelona), donde realizaron una prueba piloto del puerta a puerta que quieren llevar a todos los hogares catalanes; otras menos festivas, debido a la actuación de los Mossos, que ayer impidieron a la campaña `Independència per canviar-ho tot' concentrarse ante la Delegación del Gobierno en Barcelona.

En el Parlament, el diputado de la CUP David Fernández fue el primero en pasar por el despacho de Mas, del que salió media hora más tarde recetando a todos una buena dosis de «audacia, inteligencia, serenidad y calma». El siguiente fue el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, quien aseguró haber coincidido con Mas en «desplegar la ley de consultas en todo aquello que no afecte a terceros». Finalmente fue el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien insistió en que no contemplan «escenarios alternativos» a la consulta y en que se habían «emplazado a trabajar para que la gente vote el 9N». Acabada la ronda, fuentes de Presidencia confirmaron, tal y como se esperaba, que los partidos soberanistas celebrarán mañana una cumbre para acordar los próximos pasos, una vez el TC se pronuncie sobre la alegaciones presentadas ayer por la Generalitat.

Interior envía antidisturbios españoles sin avisar siquiera a la Generalitat

Aunque no están claras las cifras exactas del contingente, el Ministerio de Interior español confirmó a lo largo del día de ayer a varios medios catalanes el envío de cerca de 200 agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía española a Catalunya. Un desplazamiento del que no fue informada la Conselleria de Interior de la Generalitat, que es la que tiene, a través de los Mossos d'Esquadra, la competencia exclusiva de orden público en el Principat.

La Conselleria negó haber pedido estos «refuerzos» al Ministerio de Jorge Fernández Díaz y aseguró desconocer el motivo del desplazamiento de estas unidades que, según informaron medios catalanes, provienen de Valladolid, A Coruña, València y Oviedo.

A nadie se le escapa, sin embargo, el crucial momento político que vive estos días Catalunya. De hecho, no es la primera vez que el Ministerio actúa de esta manera en este año, ya que en mayo desplazó a 240 antidisturbios a Catalunya, aprovechando como excusa los altercados provocados por el intento de desalojo del Centro Social Autogestionado Can Vies. Entonces se alojaron durante varios días en Calella (Barcelona), sin hacer nada, en un operativo que costó más de 70.000 euros al Ministerio español.

De esta manera, el Gobierno español se situó a las antípodas de lo que ayer le exigía, en un contundente editorial, la influyente agencia de servicios económicos Bloomberg. Ya de inicio, el texto se posiciona en contra de la prohibición de la consulta, calificándola de «error» y asegurando que «los dirigentes españoles deben tener por una vez la talla de estadistas y permitir el voto de los catalanes».

«Para evitar una espiral potencial de desobediencia civil o incluso de violencia, Rajoy debería ir a Catalunya y reconocer personalmente los errores que su partido ha cometido», añadía el tajante editorial, que fue pasado por alto en los medios españoles, al contrario de lo que ocurre con otros mensajes internacionales en sentido contrario. Finalizaba así el editorial: «Los catalanes podrían concluir, como han hecho los escoceses, que no merece la pena el riesgo de la independencia, pero para convencerlos sería necesario un debate firme, y hasta ahora Rajoy y el Gobierno español han rechazado incluso la posibilidad de discutir sobre la independencia. Ahora es el momento en que tendrían que hacerlo para explicar la unidad».

La respuesta española, sin embargo, no va por estos derroteros, y por si acaso ya hay organizaciones ultras que maniobran a diario para marcar el paso a Moncloa. A modo de ejemplo, Manos Limpias presentó ayer una querella contra el «president», Artur Mas, en la que le acusa de cinco delitos, pide su inhabilitación y reclama para él prisión incondicional.

En paralelo, el general en la reserva Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre dejó caer que el Ejército debe «garantizar la soberanía e independencia» de España, así como «su integridad territorial». B.Z.