El Congreso ha denegado por segunda vez a Amaiur la documentación relativa a una comisión especial sobre tortura en Euskal Herria desarrollada durante la primera legislatura tras la aprobación de la Constitución española. Se escuda en el artículo 57.1 c) de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español para no ofrecer los datos sobre las entrevistas y conclusiones de unos encuentros que tuvieron lugar en 1981, en el Colegio de Abogados de Bizkaia.

Dicha norma estipula que «los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, de su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos».

El PP -con mayoría en el Congreso y, por lo tanto, en la Mesa, que es la que formaliza el rechazo- ha recurrido a esta argucia legal después de que una primera solicitud, realizada en mayo, se denegase el 25 de julio argumentando que el carácter «secreto» de la comisión hizo que sus debates no se registrasen en ningún diario de sesiones ni tampoco se emitiesen conclusiones ni se llevase a discutir al pleno. No obstante, Amaiur tuvo conocimiento, a través de diputados presentes en aquellos encuentros, de que estos fueron grabados en audio y de que también se tomó acta de todos ellos, por lo que volvió a reformular la solicitud, que se ha encontrado con una nueva negativa por parte de la Cámara Baja.

«Estamos ante un hecho de máxima gravedad, porque se trata de un intento de encubrir la tortura», denunció ayer Jon Iñarritu, diputado de Amaiur que fue el interpelante. «El PP no es quién para hablar de derechos ni de víctimas, ni mucho menos para hablar de pacificación. Aquí se ha torturado y se tortura impunemente», argumentó. Según explicó a GARA, ante las dos negativas del Congreso español la coalición baraja todas las posibilidades, incluido recurrir a los tribunales.

La comisión sobre tortura en Euskal Herria se constituyó oficialmente el 28 de diciembre de 1979 y tenía previsto reunirse a partir de febrero del mes siguiente, según prensa de la época. No obstante, las sesiones se pospusieron. El grupo se puso en marcha a petición del PSOE, que la había reclamado en el contexto del secuestro por parte de ETA (pm) del miembro de UCD Javier Rupérez.

Las sesiones de Bilbo

Como presidente se eligió a Gregorio Peláez, miembro de UCD, y como vicepresidentes a Ciriaco Díaz Porras (compañero del partido de Adolfo Suárez) y Martín Rodríguez Contreras (PSOE). Además estuvieron: José Ramón Pin Arboledas, Luis Apostúa, Carmen Solano, Luis Vega Escandón (UCD); Leopoldo Torres, Carlos Sanjuán de la Rocha, Donato Fuejo y José Antonio Maturana (PSOE); Juan Mari Bandrés (Euskadiko Ezkerra); Joseba Azkarraga, (por aquel entonces miembro del PNV); Miguel Angel Arredonda, del PSA; Miguel Roca (CiU); Simón Sánchez Montero (PCE) y Josep Solé Barberá (PSUC).

No obstante, solo una parte de ellos se desplazó hasta Euskal Herria. En el Colegio de Abogados de Bizkaia solo estuvieron Vega Escandón, Bandrés, Solé Barberá, Bono, Maturana y Azkarraga. Allí, durante una semana, escucharon los testimonios de diversos ciudadanos vascos que habían sido objeto de tortura. Entre ellos estaban allegados de Tomás Linaza, sometido a graves torturas en el cuartel de La Salve, en Bilbo, en mayo de 1981. Sus torturadores fueron condenados pero, posteriormente, resultaron también indultados por las autoridades españolas.