Iñaki IRIONDO

Memoria para la verdad y memoria para la victoria contrastan en Gasteiz

Mientras en el Parlamento de Gasteiz varias asociaciones y fundaciones pedían que el Instituto de la Memoria recoja la «verdad completa» de lo sucedido en materia de conculcación de derechos, en el Ayuntamiento el ministro de Interior y el alcalde firmaban un protocolo sobre el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que plantea un único «verdadero relato», en clave de victoria del Estado de Derecho.

Coincidieron y contrastaron ayer en Gasteiz dos formas muy distintas de entender el papel de la memoria y su proyección para la construcción del futuro. Por un lado, diversas asociaciones realizaban en la Cámara de Gasteiz su aportación para la creación del Instituto de la Memoria y la Convivencia, mientras que en el Ayuntamiento se firmaba un protocolo para la puesta en marcha del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Y todo ello cuando se cumplían tres años del fin de la acción armada de ETA.

Las asociaciones que trabajan en el ámbito de la memoria histórica Egiari Zor, Intxorta 1936, Goldatu y Martxoak 3 primero, la plataforma Lau Haizetara Gogoan, luego, y por último la Fundación Euskal Memoria, comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz para dar su opinión sobre cómo debe ser el futuro Instituto de la Memoria y la Convivencia.

Los trabajos de la ponencia, en todo caso, están ya muy avanzados y pasado el plazo de enmiendas. Pese a ello, sobre la mesa quedaron sus aportaciones, centradas sobre todo en la insistencia de que el Instituto recoja todas las vulneraciones de derechos habidas y que busque la verdad completa de la acontecido en Euskal Herria.

Coincidieron en la necesidad de que el Instituto sea también un organismo público que contribuya a la investigación de las numerosas vulneraciones que todavía siguen ocultas. En este sentido, Iñaki Egaña, de Euskal Memoria, aportó datos sobre lo mucho que queda por hacer.

En las comparecencia apareció otro elemento común; la importancia de la terminología y el rechazo al empleo de «contraterrorismo ilícito» para definir lo que se entiende que es «terrorismo de Estado».

En todo caso los intervinientes destacaron su apuesta por una visión global y sin discriminaciones de la memoria «o memorias» del pasado.

Frente a la visión abierta expuesta en el Parlamento, en el Ayuntamiento el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, firmaba con el alcalde, Javier Maroto, un protocolo para la puesta en marcha en Gasteiz del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo a fin de «trabajar en el recuerdo y en el homenaje a quienes fueron víctimas y, por ello, construir un verdadero relato de lo ocurrido». Un relato único que parte de «la victoria del Estado de Derecho ante una banda terrorista que tanto daño ha causado».

3,88 millones este año

El Centro Memorial se instalará en la antigua sede del Banco de España en Gasteiz. Su presupuesto para este año es de 3,88 millones de euros.

El protocolo firmado con el Consistorio recoge el que espacio exterior adyacente sea también de «recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo».

Juristas reclaman el final de la excepcionalidad

Expertos vinculados a la judicatura, la abogacía y las instituciones han pedido la adecuación del Derecho Penal al final de ETA y el fin de «la excepcionalidad». Apuestan por suprimir el régimen de detención incomunicada y la dispersión, y abogan por eliminar del Código Penal el delito de terrorismo sin que haya pertenencia o colaboración con banda armada, el de enaltecimiento por «colisionar con la libertad de expresión» y los relacionados con la «protección de la dignidad» de las víctimas.

Estas demandas se publican en el último número de la revista «Hermes» de la Fundación Sabino Arana, en la que se recogen las reflexiones de varios expertos a lo largo de tres seminarios. En el último de ellos, en junio, tomaron parte, entre otros, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra; el fiscal jefe de dicho tribunal, Juan Calparsoro; el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez; y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes García Aran. GARA