Ruben PASCUAL
Analisia | Desaparición de 43 jóvenes en méxico

Ayotzinapa desnuda ante el mundo al narcoestado mexicano

La tardanza de las autoridades mexicanas y su falta de diligencia en la tarea de investigar qué ha sucedido con los estudiantes de Iguala evidencia el ambiente de impunidad reinante en México. Esta vez, sin embargo, la sociedad se ha echado a la calle para exigir que los jóvenes aparezcan con vida y pedir otro modelo de país. Julio César Fuentes Mondragón, uno de los estudiantes, fue torturado y, aún con vida, le desollaron la cara y le vaciaron las cuencas de los ojos.

México es a día de hoy un Estado en descomposición, en el que las autoridades, a todos los niveles, son capaces de cumplir con su cometido de al menos garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

La infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales y el poder político, especialmente en los últimos años, ha alcanzado un nivel tal que es difícil saber diferenciar dónde acaba uno y empiezan los otro.s

En este contexto, la impunidad ha jugado un papel determinante. Quienes han secuestrado, han torturado, han ejecutado y quienes han dado las órdenes, lo han hecho, simplemente, porque sabían que podían hacerlo. Que nada iba ocurrirles.

Este clima ayuda a entender los hechos que estas semanas están aconteciendo en México.

El pasado 26 de setiembre, policías municipales de la ciudad de Iguala (en el estado de Guerrero) abrieron fuego contra un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (de Magisterio) que habían organizado una colecta y posteriormente iban a acudir a protestar a un evento en el que participaba la mujer del alcalde, María de los Ángeles Pineda, una de las candidatas a sucederle en el cargo en las próximas elecciones.

En total, en cuatro incidentes relacionados entre sí, en los que participaron agentes policiales y civiles armados, hubo seis muertos y 43 estudiantes fueron declarados desaparecidos. Julio César Fuentes Mondragón, uno de los estudiantes, fue torturado y, aún con vida, le desollaron la cara y le vaciaron las cuencas de los ojos.

A parte de los estudiantes desaparecidos se los llevaron en camionetas de la Policía para posteriormente ser entregados a la organización criminal Guerreros Unidos y hasta hoy no ha habido noticias sobre su paradero.

Mañana se cumple un mes de esta masacre y aún se desconoce a ciencia cierta qué y por qué sucedió.

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde ha recabado testimonios de algunos testigos, que ha puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general).

En una conversación con GARA, explica que el 80% de la información que puso en manos de las autoridades se ha confirmado. Testigos presenciales le dijeron que los jóvenes fueron quemados, algunos de ellos vivos.

No obstante, las autoridades no han podido confirmar estos hechos ni saben dónde estarían, en ese caso, los restos de los jóvenes.

Por el momento, han sido detenidos 36 policías y 17 presuntos integrantes de Guerreros Unidos, incluido su líder, Sidronio Casarrubias Salgado.

El director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, fue quien ordenó el arresto de los jóvenes. El propio procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ha señalado como autores intelectuales de los hechos al ya exalcalde de la ciudad, José Luis Abarca, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, y a otras tres personas.

Salgado Valladares, Abarca y Pineda se encuentran prófugos. Sí, ellos también están desaparecidos, pero porque alguien les permitió hacerlo. Les dejaron huir.

Los graves incidentes acaecidos en Iguala no son hechos aislados. Tampoco es creíble, como trató de vender en un primer momento, que haya sido un acto deliberado diseñado y ordenado por un alcalde y llevado a cabo por un grupo de agentes.

Numerosos analistas y movimientos sociales mexicanos coinciden al señalar que lo que han hecho con los estudiantes de Ayotzinapa constituye un crimen de Estado y que incluso reuniría los requisitos para ser considerado de lesa humanidad.

La desaparición forzosa, las torturas y las ejecuciones forman parte de un esquema represivo tristemente habitual en México, al que recurren tanto bandas criminales como elementos estatales, que a menudo operan como dos caras de la misma moneda.

Guerrero, el estado más pobre de la república y clave en el control de importantes rutas para el tráfico de drogas, es escenario de continuos enfrentamientos entre el poder político y algunas organizaciones criminales por el negocio de lo ilícito. Pero esa misma situación convulsa es aprovechada por los poderes fácticos para eliminar o hacer desaparecer sin mayor problema a líderes sociales o voces que se alzan contra la injusticia.

Otro de los aspectos que más ampollas ha levantado en México ha sido la tibieza con la que las autoridades han respondido a un hecho de tamaña gravedad. Es llamativo que el presidente de todos los mexicanos tardara cuatro días en hablar en público sobre la masacre de Ayotzinapa y cuando lo hizo no fue durante en una comparecencia llamada a tal efecto.

Se ha tratado, desde las primeras horas, de presentar lo sucedido, un auténtico problema de seguridad e inestabilidad nacional -el Estado, a quien corresponde el monopolio de la violencia legítima, no es capaz de proteger a sus ciudadanos-, como un incidente local.

Una y otra vez, los diferentes responsables políticos han intentado evadir sus responsabilidades poniendo la pelota en el tejado de otros.

El propio PRD tardó una semana -con sus siete días y sus siete noches-, en expulsar de sus filas al alcalde Abarca, con conocidos vínculos con el narco y a quien se acusa de haber eliminado en persona a rivales políticos. El gobernador Ángel Aguirre, también del partido y cuya gestión ha sido muy cuestionada, presentó su renuncia el jueves.

A lo sucedido en Iguala hay que añadir que, esta misma semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha concluido que el Ejército ejecutó al menos a 15 de los 22 civiles que el pasado mes de junio murieron en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México.

Cada vez son más las voces que advierten de que este clima de barbaries e impunidad podría dar lugar al resurgimiento de un ciclo insurgente en el país. Sea como fuere, los sucesos de Iguala han traído consigo una movilización multitudinaria en México -con réplicas a lo largo y ancho del planeta- para reclamar que los 43 jóvenes aparezcan vivos, se esclarezca lo sucedido y se haga justicia.

La gravedad de los hechos ha colmado el vaso de la paciencia de la sociedad, que ha salido a las calles para decir que ya basta, que está harta. «¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!».