La histórica acción ejecutada por los «arrantzales barbudos» se saldó ayer con cinco meses de cárcel para cuatro personas que admitieron haber cruzado una ikurriña de lado a lado de la plaza el día del chupinazo. El quinto acusado, que se subió al tejado a grabar el acto de protesta, salió absuelto. La sentencia, contra la que cabe recurso, acepta por entero los argumentos de la Fiscalía, pero se queda muy lejos de la petición del Ayuntamiento, que solicitaba una pena de cuatro años para cada uno. Los condenados tendrán que asumir también las costas.

A lo largo de 20 páginas, la juez María Alemán defiende que finalmente sí cabe interpretarse como delito esta acción pacífica y les condena por desórdenes públicos. Además, les impone una pena del tramo más alto por considerar que concurre un «agravante de disfraz» por haber empleado gorros de paja, barbas postizas y pelucones cuando se subieron a los tejados. Los cuatro condenados (Mikel Valdivielso, Iñigo Ramallo, Natxo Barriuso e Iker García) asumieron los hechos en la primera jornada del juicio, cuando alegaron que taparon su rostro para preservar el anonimato de la acción y que no les reconocieran por la calle, no para eludir su responsabilidad. El quinto acusado, Josu Gracia, asumió que fue él quien grabó la acción y acabó absuelto.

La sentencia contiene valoraciones bastante llamativas en su afán por justificar que sí constituyó un delito, pese a que no se registró ningún incidente más allá de un retraso en el inicio de las fiestas de Iruñea. Así, al argumento de la defensa de que los condenados se documentaron bien para cerciorarse de que la bandera no pudiera caer, la juez replica que esas medidas de seguridad que tomaron porque sí que era peligroso. La defensa también aseguró que el eventual peligro de que el cohete fuera desviado por la bandera no era tan grande como aseguraban los Tedax recordando que uno de los cohetes que siguen al chupinazo cayó a la plaza sin causar incidente alguno. A esto, la juez responde que el hecho de que un cohete cayera a la plaza prueba que ese tipo de pirotecnia es peligrosa. Puntos tan controvertidos como estos hacen prever que el fallo de la juez Alemán pueda ser recurrido.

Con esta sentencia se cierra otra frase de un procesamiento marcado por la polémica debido a lo exagerado de los medios que se dispusieron para atrapar a los autores. Además de encargar un informe al Tedax por el cohete, el juez ordenó hacer pruebas de ADN de todo lo que se encontró en los tejados y en los lugares donde pasaron la noche (colillas, pelos, una botella con «un líquido amarillento», cervezas...). Así hasta un total de 22 elementos se enviaron a Barcelona con un coste por prueba de unos 800 euros. Y semejante despliegue solo para determinar quién estaba en los tejados, puesto que la pista clave fue telefónica.

Rastreo de llamadas telefónicas

Según supo GARA, uno de los condenados hizo una llamada a un vecino para que le abriera la puerta haciéndose pasar por un operario. Su número de móvil acabó en manos de la Policía, que revisó las llamadas y encontró los mensajes entrecruzados en los instantes previos al chupinazo. También descubrió una llamada de uno de esos números al director de este periódico, que publicó una entrevista en exclusiva con los «arrantzales» durante esos sanfermines. Posteriormente, los dueños de esos números sospechosos fueron seguidos por policías durante varios días.

Las llamadas se filtraron al periodista Ignacio Murillo, de Diario de Navarra, que las utilizó para inculpar sin pruebas a la edil de Bildu Patricia Perales. La mentira acabó en los tribunales.