Un tribunal absuelve a Zenon y un informe señala a la Ertzaintza de Ares
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto al abogado Alfonso Zenon del delito de calumnias contra Rodolfo Ares, al que acusó cuando era consejero de Interior de ordenar torturar a la Ertzaintza. La absolución se ha producido por prescripción del supuesto delito. Sin embargo, en las últimas semanas, se ha conocido un informe que en base al Protocolo de Estambul da veracidad a 45 denuncias de torturas y 7 de ellas corresponden a la Ertzaintza desde 2009.
La Audiencia de Bizkaia ha absuelto al abogado Alfonso Zenon del delito de calumnias al que fue inicialmente condenado por haber dicho que la Ertzaintza torturaba a las órdenes de Rodolfo Ares, entonces consejero de Interior. Las afirmaciones del abogado se produjeron por una operación de la Policía autonómica, tras la cual cuatro de los detenidos acabaron presentando denuncias judiciales. Ares se querelló y el juzgado número 6 de lo Penal de Bilbo condenó inicialmente a Zenon a una multa argumentando que «obró con temerario desprecio a la verdad» al revelar los malos tratos referidos por sus defendidos sin «la mínima contrastación». La Audiencia lo absuelve ahora, por considerar que si hubiera delito, estaba ya prescrito.
La sentencia vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de las denuncias de torturas en manos de la Ertzaintza, la actuación de los responsables del Gobierno de Lakua, y las posteriores investigaciones independientes sobre la veracidad de las mismas.
La denuncia pública de Alfonso Zenon y familiares de los detenidos se produjo tras una operación policial de la Ertzaintza de 26 de enero de 2010. Cuatro de los detenidos afirmaron haber sufrido torturas durante su periodo de incomunicación. A instancias del entonces parlamentario del PP y hoy delegado del Gobierno español en Gasteiz, Carlos Urquijo, el Parlamento, con los votos de PSE y PP, instó a querellarse contra quienes dieron la rueda de prensa. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, acudió a los tribunales, pero lo hizo de manera personal, pidiendo para el abogado 15 meses de prisión y 15.000 euros de indemnización por «daños morales».
Entre tanto, las denuncias por torturas de los detenidos, se vieron cortacircuitadas porque la Ertzaintza borró las grabaciones de los interrogatorios unos días antes de que llegaran los requerimientos judiciales para presentarlas ante los tribunales.
Protocolo de Estambul
El pasado 19 de setiembre se dio a conocer un estudio realizado por 30 profesionales, en el que analizan los testimonios de 45 ciudadanos y ciudadanas vascas que denunciaron torturas, y en base al Protocolo de Estambul, coinciden en que todas ellas son verosímiles, por lo que demandan su reconocimiento.
Siete de esas denuncias, consideradas ciertas por los especialistas, corresponden a detenciones practicadas por la Ertzaintza y, según se puede leer, coinciden con el periodo en el que Ares fue consejero de Interior.
El informe detalla que los casos investigados correspondientes a la policía autonómica son, «esencialmente, de los últimos 5 años». Se añade que «entre los años 2003 y 2008 las instituciones vascas muestran un compromiso firme contra la tortura, lo que coincide con la inexistencia de denuncias de tortura contra la Ertzaintza. Este dato -apunta- parece indicar la importancia del compromiso político e institucional firme contra este tipo de violaciones de derechos humanos».
A partir de mayo de 2009, Patxi López accede a Ajuria Enea de la mano del PP y Rodolfo Ares es nombrado consejero de Interior. Desde que en enero de 2013 Iñigo Urkullu se pone al frente del Gobierno de Lakua, no hay denuncias de tortura contra la Ertzaintza.
Por lo tanto, los casos investigados y dados por cierto en el estudio realizado por especialistas internacionales, corresponden al periodo en el que Rodolfo Ares estuvo al frente de la Ertzaintza. Aún así, existe algún caso anterior a 2003, puesto que hay un testimonio que refiere torturas de otro cuerpo policial que le recuerdan a las anteriores padecidas a manos de la Policía autonómica.
La afirmación por la que inicialmente fue condenado -y ahora absuelto- Alfonso Zenon decía, textualmente: «Tenemos que decir que la nueva división antiterrorista de la Ertzaintza tortura a las órdenes de Ares». El informe de los expertos especifica, eso sí, que «los detenidos del grupo de la Ertzaintza denunciaron un patrón menos severo de malos tratos físicos».
Interior dijo tener los interrogatorios grabados pero se borraron a tiempo
La querella presentada por el entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, se cruzó en el tiempo con las denuncias de torturas que formalizaron algunos de los detenidos en la operación de la Ertzaintza abierta el 26 de enero de 2010. El caso muestra también el distinto proceder que tuvieron los responsables del Gobierno de Lakua a la hora de proteger el honor del consejero y el buen nombre de la Ertzaintza, y los derechos más elementales de los detenidos.
Rodolfo Ares, acompañado de altos cargos de su Departamento, presentó la querella contra el abogado Alfonso Zenon el 23 de abril de 2010. A la salida del juzgado, el consejero de Interior aseguró que a los detenidos se les aplicó el protocolo existente, lo que incluye la grabación de las imágenes de los interrogatorios.
El 5 de mayo de 2o1o, el juzgado número 3 de Durango pidió a la Ertzaintza que le remitiera las grabaciones de los interrogatorios policiales de cuatro de los detenidos, que habían denunciado torturas. Tres de ellos, y el dato resulta más que indicativo, había pasado por el hospital durante su tiempo de incomunicación. Pero el Departamento de Interior respondió a la juez que las grabaciones ya no existían.
Según explicaciones de la actual consejera de Seguridad al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, las grabaciones se borran de forma automática a los tres meses. En este caso, a finales de abril. Ocurrió después de que Ares presentara la querella contra los denunciantes de torturas y apenas unos días antes de que llegara el requerimiento del juzgado de Durango.
Hay que aclarar que la instrucción interna de la Ertzaintza no obliga a ese borrado, sino que dicta que las grabaciones se custodiarán «durante al menos tres meses» y que se conservarán si «pueden formar parte de un sumario judicial». Hay que recordar que para cuando se produjo el borrado «automático» mediaba ya una querella del propio consejero.
Es más, las denuncias de torturas de los detenidos habían tenido eco y el propio Ararteko pidió en marzo ver esas grabaciones. La solicitud le fue denegada por la Consejería de Ares, «por existir diligencias previas judiciales».
Ese mismo hecho debiera haber garantizado que las grabaciones no se borraran. No obstante, según admitió en su día Interior, el Departamento de Interior Ares no trasmitió a la Ertzaintza la instrucción de preservar las grabaciones.
El borrado influyó en las denuncias judiciales de malos tratos, que acabaron archivadas, como tantas otras de torturas, por la imposibilidad de ser investigadas. I.I.
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