El emplazamiento al Ejecutivo del PP fue apoyado por PNV, PSE y UPyD, mientras que el PP y EH Bildu se abstuvieron, en el caso de la coalición por considerar que la propuesta es insuficiente. El pleno aprobó un texto en el que se emplaza al Gabinete de Rajoy a modificar la legislación que afecta a los préstamos y a las ejecuciones hipotecarias.

Con esta iniciativa, el Parlamento insta al Gobierno español a aprobar «cuanto antes una ley de segunda oportunidad para los deudores hipotecarios insolventes». Este cambio debería hacerse a través de la modificación de la Ley Concursal, o a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil o «por cualquier otra similar que incentive la renegociación de una hipoteca, o la dación en pago». El objetivo es facilitar «una nueva oportunidad para el deudor de rehacer su vida económica y disfrutar de una vivienda». Además, la Cámara dijo comprometerse a «hacer frente a los abusos de las entidades financieras, a atender los problemas que sobre la cuestión puedan sufrir los ciudadanos, luchar contra los desahucios y atender y escuchar a los afectados y a las asociaciones que luchan contra esta lacra».

Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, explicó la abstención de la coalición en el hecho de que es necesario hacer más para evitar los desahucios. También calificó de «lamentable» que los tribunales europeos tengan que «tirar de las orejas» al Gobierno español para que actúe y que después éste haga modificaciones «a medias y tarde».

Por su parte, los parlamentarios Félix Urkola (PNV) y Bixen Itxaso (PSE) afirmaron que los consumidores «siguen sin ninguna garantía ante los desahucios» y que las modificaciones hechas por el Gobierno español son todavía «insuficientes». Sin embargo, nada dijeron de que Kutxa es la entidad que más desahucia en Euskal Herria y que son ellos quienes controlan su consejo de administración.

Movilización en Nafarroa

Por otra parte, representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Nafarroa entregaron ayer a siete entidades bancarias una carta en la que instan a la condonación de la deuda que, pese a haber sido desahuciados, aún mantienen con ellas 23 ciudadanos.

Se trata de personas que sufrieron estos procesos judiciales antes de 2013, fecha en la que se comenzó a contemplar la dación en pago de la vivienda adquirida con préstamos bancarios impagados, que pasan a ser propiedad del banco a cambio de condonar la totalidad de la deuda.