El Congreso aprobó ayer la ley que puede provocar el traslado al Estado español de ciudadanos de esta nacionalidad condenados y presos en cualquier punto de la Unión Europea. Este nuevo marco normativo afecta por tanto a más de medio centenar de prisioneros vascos en el Estado francés, pero se desconoce por ahora de qué modo se aplicará la norma.

Según filtraciones periodísticas, la intención de Madrid sería materializar los traslados en los próximos meses y hacerlo sin preguntar siquiera a los presos, para lo cual habría conversado ya con las autoridades de París. Proyectaría igualmente aplicarles la dispersión, pese a que el espíritu de esta reforma legal exigida por Europa -e incluso la letra- es que esos traslados deben hacerse precisamente para que las personas presas se inserten en su entorno «familiar, lingüístico, cultural, social o económico». El objetivo de fondo se define como «incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado».

Por todo ello, Amaiur, que se abstuvo en la votación, remarcó la necesidad de que el Gobierno del PP adapte de una vez su política carcelaria a los estándares europeos. Esta acomodación legal, de hecho, debía haberse aprobado hace varios años ya. El diputado Iker Urbina situó este cambio por una oportunidad más de poner fin al alejamiento y otras medidas de excepción.

Pero hay más incógnitas derivadas de esta reforma. En caso de que sea aplicada, podría darse la circunstancia de que alargue las condenas efectivas de los presos, dada la facilidad con que el Estado español suprime sus redenciones. Según fuentes jurídicas, no hay duda alguna de que todo el tiempo cumplido en el Estado francés quedaría convalidado, pero no está claro el cómputo del resto de la pena que se materializaría ya al sur del Bidasoa.

Por otro lado, el trámite del traslado se aligerará notablemente respecto a lo que ocurría ahora (en los casos en que era pedido voluntariamente y aceptado por las instituciones competentes). Requería cerca de 90 días y ahora se hará en unos 30.

PNV y PSE

En el debate, el representante del PNV Emilio Olabarría deseó que estas leyes solventen disfunciones del ordenamiento jurídico español.

Álex Saez, portavoz del PSE, remarcó que, pese a su apoyo, hubiera deseado introducir enmiendas como impedir que un Estado miembro no aplique estas medidas en condenados por delitos de violencia machista y de mutilación genital alegando que no están recogidos en su ordenamiento.