La Justicia argentina ordenó ayer la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y los primeros momentos de la llamada «transición española» (1975-1977), entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, informaron fuentes judiciales.

La magistrada argentina María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, que investiga los crímenes del franquismo, encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para ser interrogados en el marco de esta causa, según indica el Centro de Información Judicial (CIJ).

A Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75) y suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el último ajusticiado a garrote vil en el Estado español (1974), y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del Gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista, el 27 de setiembre de 1975: Jon Paredes Manot, Ángel Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.

El fiscal argentino Ramiro González pidió hace unos días a la juez Servini de Cubría que impute a cinco exministros españoles, a dos jueces, a ocho expolicías y a un ginecólogo de- nunciado por haber intervenido en el robo de menores.

Más exministros de Franco

En la lista de cargos franquistas que la juez pide que sean detenidos y extraditados a Argentina figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

A Carro se le imputa haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich -como a De la Fuente y Barrera de Irimo- y de los cinco fusilados en setiembre de 1975 -como a Sánchez y Pascual-. A Osorio, por su parte, se le responsabiliza de los sucesos del 3 de Marzo en Gasteiz, donde murieron por disparos de bala los trabajadores Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García, Bienvenido Pereda Moral y Bienvenido Pereda Moral de 30 años.

Además, están imputados Jesús Quintana Saracíbar, el que fuera capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que protagonizaron la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz -torturador de Jon Etxabe-, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.

A ellos se suman Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, el exjuez Jesús Cejas Mohedano -que convalidó con su firma las penas de muerte de Puig Antich y de los cinco fusilados en setiembre de 1975-, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer, al que le imputa el robo del hijo de Adela Carrasco. Al también exjuez Antonio Troncoso de Castro, que fue vocal suplente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y «de muchos de los consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura», le imputa Servini de Cubría por «tentativa de homicidio».

La jueza federal argentina lleva adelante la causa abierta en Buenos Aires por crímenes cometidos durante la Guerra del 36 y el franquismo, en virtud del principio de Justicia universal, a la que se han sumado víctimas tanto en el Estado español como en Argentina.

La querella que originó esa investigación, presentada en abril de 2010 por -delitos de genocidio y/o de lesa humanidad-, abarca desde el 17 de julio de 1936, fecha del levantamiento militar con que comienza la Guerra del 36, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura.