Agustín GOIKOETXEA

Un juez imputa a dos alcaldes por el fiasco millonario de Alonsotegi Eraikiz

Ocho consejeros de Alonsotegi Eraikiz han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barakaldo como supuestos autores de delitos de prevaricación y de malversación. El juez inicia diligencias después de que ediles de EH Bildu pusiesen en conocimiento de la Fiscalía un informe sobre irregularidades detectadas en la gestión de la sociedad urbanística municipal disuelta en 2011 con 4,1 millones de deuda.

El magistrado Iñigo Carlos Martínez Azpiazu estima que de los hechos puestos en conocimiento por los cuatro ediles de EH Bildu a la Fiscalía respecto a la gestión de la desaparecida sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz pudiera desprenderse que se cometieron presuntos delitos de prevaricación y malversación. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo abre por ello diligencias previas, citando en primer lugar a los corporativos soberanistas para que testifiquen acerca de su denuncia -les convoca para el 27 de abril de 2015- y a ocho consejeros de la entidad que se disolvió dejando a las arcas municipales una deuda de 4,1 millones de euros.

Entre los imputados -citados a declarar el 27 de abril de 2015- se encuentran dos alcaldes, los jeltzales Gabino Martínez de Arenaza Arrieta (1999-2007) y Aitor Santisteban Aldama (2007-2011), y quien fuera consejero y gerente de la sociedad pública, Irkus Palacio Garai, o el también consejero y arquitecto al servicio del Ayuntamiento Alberto Zulueta Goienetxea. También se acusa a las consejeras Iratxe Larringan Oña, Ainhoa Varona Cal, Álvaro Ibarrola Altuna y Secundino Gómez Rueda, este último concejal del PSE que participó entonces en el consejo de Alonsotegi Eraikiz.

Está previsto que el juez demande al Ayuntamiento diversos expedientes administrativos referidos a operaciones urbanísticas en las que participó Alonsotegi Eraikiz, así como el propio libro de actas de la sociedad y datos bancarios.

La entidad se disolvió en 2011 con una deuda de 4,1 millones de euros que fue asumida por el Ayuntamiento, en contra de los informes de la interventora, que solicitó, sin éxito, que se llevase a cabo una auditoria externa, al tiempo que advirtió de que se desconocían las «consecuencias jurídicas y económicas» que iba a tener la decisión propuesta por el PNV por la «delicada situación patrimonial».

Se apuntó a que se ignoraba «la totalidad de acuerdos/convenios/contratos que la sociedad pública Alonsotegi Eraikiz SAU pudiera haber suscrito con terceros, así como las obligaciones que de ellos puedan derivarse».

Alonsotegi es uno de los consistorios más endeudados de Bizkaia y se ha dado el caso de que, recientemente, el actual alcalde, el jeltzale José Luis Erezuma, se ha negado a avalar con su voto de calidad un plan de ajuste que contemplaba, entre otros aspectos, la enajenación de patrimonio municipal. El plan contaba con el aval foral, por lo que la actitud del primer edil no ha gustado en la Diputación.

Factura millonaria

Los informes de la interventora alertaron en abril de 2011 de que se habían detectado gastos sin justificar por 7,3 millones de euros, pero no eran los primeros informes en los que se hablaba de irregularidades graves. Tal y como desveló EH Bildu antes de poner la documentación en manos de la Fiscalía, dos de los consejeros de Alonsotegi Eraikiz facturaron más de un millón de euros a favor de empresas a las que estaban directamente ligados. En el caso de Zulueta Goienetxea, facturó más de 900.000 euros del Ayuntamiento a favor de sus firmas en las que figuraba como socio: Arkideak e Iztau.

Su compañero Irkus Palacio Garai, que fue gerente de la sociedad pública, se embolsó alrededor de 130.000 euros en concepto de servicios jurídicos de la empresa BMP Abogados, «de la que era presidente por entonces», denunciaron hace un año los corporativos de EH Bildu.

En los informes se cita que no queda claro por qué se encomendaron a Palacio Garai, uno de los fundadores del bufete bilbaíno que atendía al Consistorio de Alonsotegi, y a otras personas vinculadas a BMP Abogados, algunas gestiones.

Grave crisis

La no asunción de responsabilidades por la gestión de Alonsotegi Eraikiz provocó una grave crisis interna en el PNV local. El actual alcalde no ha querido saber nada del asunto heredado. Quien fuera delegada de Hacienda en aquella época, Nagore Hernández, se postula ahora como candidata jeltzale.

La interventora advirtió de 2006 a 2011 de la falta de control

A las puertas de los comicios locales, dándose por segura la irrupción de la izquierda soberanista en el Ayuntamiento de Alonsotegi, el PNV promovió la disolución de la sociedad anónima mercantil para la gestión urbanística en régimen de libre concurrencia de las Normas Subsidiarias. Alonsotegi Eraikiz, según consta por las continuas advertencias de la intervención, adoleció de una falta de control económico y gestión absoluta.

Durante seis ejercicios, la funcionaria fue repitiendo que, por ejemplo, no se cumplió la ley de contratos, no se presentaron informes de auditoría e informes de gestión. También sorprendió la ausencia de fiscalización por parte de la Diputación, cuando la propia interventora municipal constató que, en relación al IVA, Alonsotegi Eraikiz facilitó datos diferentes al Consistorio y a la Hacienda foral.

Fueron algunas de las advertencias que se sumaron a otras como que se desconociese el grado de ejecución de convenios en operaciones como la de construcción del nuevo campo de fútbol, la remodelación y ampliación del frontón, la urbanización de la plaza Doctor Madinabeitia o la ejecución del centro de salud por el que todavía no ha acabado de rubricarse el convenio con el Ejecutivo de Lakua.

En los últimos compases de la sociedad municipal llegaron a realizarse desembolsos a favor de dos empresas -Laneder Construcciones y Pabisa, por más de un millón de euros y 1,6 millones, respectivamente-, que no contaron con la pertinente justificación y que la interventora descubrió. Tampoco se disponía de datos de transmisiones de terrenos a las promotores inmobiliarias Construcciones Basaldi S.L. y Coblit Promociones S.L., que quebraron y dejaron sin ejecutar algunos de los planes previstos. A.G.