Alrededor de sesenta exiliados perseguidos por el Estado y el paramilitarismo colombiano que viven en Europa se reunirán entre hoy y mañana en Bilbo en una Constituyente por la Paz para debatir su situación y diseñar aportaciones y demandas conjuntas que harán llegar a los encuentros que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) mantienen en La Habana, donde en estos momentos se discute el tema de las víctimas y donde esperan sea recibida una delegación de exiliados.

El proceso de constituyentes por la solución política y la paz con justicia social busca construir, con la participación ciudadana, una paz estable, vinculante y duradera que ponga fin a seis décadas de conflicto armado.

Se trata de espacios de participación política y popular que se vienen desarrollando en Colombia para debatir sobre distintas cuestiones que afectan a la sociedad con el fin de crear «un escenario de poder desde las bases».

Con ese mismo objetivo se ha conformado en Bilbo la Constituyente por la Paz de los exiliados colombianos en Europa, que reclaman su derecho a la participación política y, al mismo tiempo, exigen que el Gobierno de Santos les reconozca como víctimas inherentes del conflicto, con sus garantías, ya que fueron forzados a abandonar su país por la aplicación de planes contrainsurgentes.

En nombre de los reunidos en Bilbo, Gloria Mansilla y Hugo René Orejuela aseguraron que creen que los cambios estructurales son posibles y apostaron por una política de víctimas que «nazca exclusivamente desde éstas y no, como pretende hacer Bogotá, con leyes impuestas que reconocen solo a algunas víctimas y con las que intentan suplir la verdad, la justicia y la reparación integral».

Dignidad, verdad y garantías

«Exigimos dignidad, verdad, garantías políticas y no repetición, y el desmonte del aparato paramilitar, que fue diseñado en Colombia bajo la doctrina de la seguridad nacional y el esquema del enemigo interno», subrayó Orejuela, quien constató que esas mismas políticas son aplicadas en el exterior, donde también han sufrido persecución.

«Para la construcción de la paz, la verdad es innegociable, sobre todo en cuanto los responsables intelectuales de la barbarie que ha habido en el país», indicó Mansilla recordando el genocidio de ña Unión Patriótica, «en el que el Estado no reconoce su responsabilidad por acción o por omisión».

Pero, además, con esta Constituyente pretenden dar un apoyo a los diálogos de La Habana, a cuyos delegados por ambas partes exigen un alto el fuego bilateral que apuntale el diálogo de paz y la aplicación de las garantías que reclaman para ser considerados «colectivo político y no enemigos del país» y poder tomar parte en ese proceso como víctimas que son. «El exilio aún no ha hecho su planteamiento a los diálogos de La Habana», recordó Mansilla.

Ampliar el proceso

«Es urgente para la construcción de la paz que (las delegaciones) no se levanten de la mesa hasta lograr una negociación, pero es necesario ampliar el proceso al resto de movimientos insurgentes para empezar juntos un proceso de paz donde todos seamos escuchados y donde se construya desde la base para que no sea una decisión unilateral impuesta del Estado», pidieron los exiliados.

En la rueda de prensa ofrecida ayer en Bilbo se sumaron a la denuncia hecha por la exsenadora Piedad Córdoba sobre un supuesto plan para atentar contra delegados de las FARC en Cuba y portavoces de Marcha Patriótica, «con los que la derecha y ultraderecha colombianas buscan sabotear esos diálogos que han suscitado una gran esperanza».

E hicieron especial hincapié en la persecución de Marcha Patriótica, que ya suma 80 muertos y 100 presos políticos. «El Gobierno, por un lado, habla de paz con las FARC y, por otro, estrangula las garantías políticas de los movimientos sociales y políticos en Colombia», afirmaron.