PP y PSOE, una vez más caminando al mismo paso en el Parlamento español, rechazaron una iniciativa que podía haber abierto las puertas para hacer realidad lo que es la aspiración mayoritaria de las vecinas y vecinos del enclave: lograr la integración administrativa de Trebiñu en Araba. Amparándose en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Castilla y León, que regula la segregación de enclaves, sumaron sus votos para rechazar la propuesta remitida al Congreso de los Diputados por el Parlamento de Gasteiz a instancias de los ayuntamientos de Argantzun y Trebiñu.

El debate comenzó con la intervención de tres parlamentarios de la CAV, que defendieron la legalidad de la proposición e hicieron hincapié en la voluntad de los treviñeses, que en numerosas ocasiones han manifestado su voluntad de formar parte de Araba, tal como reflejan los acuerdos alcanzados en 1998 y 2013. «Existen motivos objetivos para reivindicar la anexión de Treviño; solo depende de voluntad política, ya que la Constitución establece que cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica», destacó Xabier Agirre (PNV), que comentó que la pertenencia del enclave a Burgos supone un «despropósito social, cultural, administrativo y económico».

Belén Arrondo (EH Bildu) destacó que la vinculación histórica, territorial, social, cultural y económica de Trebiñu con el resto de Araba «es evidente, por lo que solo la sinrazón política impide que el contencioso se solucione». «Parece que algunos pretenden mantener una de las últimas colonias de Castilla en sus sueños imperiales», añadió la parlamentaria soberanista tras indicar que, a su parecer, «carece de sentido mantener un territorio en contra de la voluntad de sus habitantes en otro espacio político-administrativo. Eso tiene más que ver con el derecho de pernada medieval que con la democracia del siglo XXI».

Por su parte,Txarli Prieto (PSE) recordó que muchos de los vecinos y vecinas del Condado acuden a Gasteiz para realizar gestiones habituales, como hacer la compra o ir al médico. «Se trata de convertir en legal lo que ya es normal», resaltó el parlamentario, que defendió la legitimidad de los ayuntamientos para impulsar el procedimiento de integración a la CAV y criticó la «posición cerrada» de la Junta de Castilla y León.

Recordó que Trebiñu y Argantzun ya han utilizado todos los mecanismos legales. «¿Por qué les decimos que la vía pasa por un acuerdo entre Euskadi y Castilla y León cuando ese camino lleva años cerrado?», preguntó antes de solicitar, en vano, el apoyo de los diputados del PSOE, de su propio partido.

Propuesta «inconstitucional»

Los discursos de los parlamentarios autonómicos no sirvieron para convencer a los representantes de los grupos mayoritarios en la Cámara Baja española, que defendieron los intereses de la Diputación burgalesa y del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera. Así, el diputado del PP Arturo García-Tizón anunció el voto negativo de su partido por considerar que la proposición de ley vulnera el Estatuto de Castilla y León -en alusión a la disposición transitoria tercera-, por lo que es «inconstitucional».

«Esta vía supone un precedente de graves consecuencias, porque un parlamento autonómico no puede proponer la modificación del estatuto de otra comunidad», apostilló. Incluso echó mano de la historia para intentar desmontar los argumentos aportados por la delegación del Parlamento de Gasteiz.

En concreto, negó la existencia de un conflicto entre Araba y Burgos, y comparó la situación que viven los habitantes del enclave con la que afrontan los residentes en la Rioja Alavesa, cuya población vive más cerca de Logroño. No obstante, omitió que la población de la zona sur del herrialde no ha mostrado interés alguno por incorporarse a La Rioja. «Treviño es Burgos y Castilla y León. Así de claro», concluyó.

Desde el PSOE, Luis Tudanca, que ostenta el cargo de secretario general de esta formación en Castilla y León, mostró su oposición a la iniciativa y propuso retomar las conversaciones entre Lakua y la Junta en una comisión que tenga por objeto solucionar el caso de Trebiñu. Según explicó, esa comisión mixta, creada en 1995 a propuesta del Senado, se rompió por culpa del Plan Ibarretxe y de la «deriva nacionalista». Afirmó que ahora el PSOE de Castilla y León está dispuesto a retomar la comisión para «hacer política sin demagogia y sin populismo».

Sí votaron a favor los diputados de Amaiur y PNV, que incidieron en los argumentos expresados por los parlamentarios de la CAV y pusieron el foco sobre el objetivo de la iniciativa, en lugar de discutir sobre la fórmula empleada. «No hablamos de si el procedimiento es el adecuado, hablamos de si existe una voluntad para dar cauce a la petición de la mayoría en Trebiñu», dijo Iker Urbina (Amaiur), que lanzó una pregunta concisa al portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, el alavés Alfonso Alonso: «¿Va a votar en contra de algo que el PP de Araba defiende?».

El portavoz del grupo jeltzale, Aitor Esteban, que puso de manifiesto la incoherencia del PP por defender la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y rechazar la integración de Trebiñu en Araba, manifestó que la disposición que recoge el Estatuto de Castilla y León no se da en ningún otro estatuto de autonomía. «Si Treviño hubiera estado en Extremadura o en Castilla-La Mancha, hace tiempo que se hubiera solucionado el problema», expresó tras advertir al PP y al PSOE de que la «unidad de España no se juega en un enclave».

La paradoja del PSE-PSOE

Los diputados vascos del PSOE acataron la decisión de su partido y rechazaron la tramitación de una proposición que sí había contado con el apoyo del PSE en el Parlamento de Gasteiz. Al parecer, la formación de Pedro Sánchez se plegó a los deseos de la exportavoz Soraya Rodríguez, que se encargó de defender los intereses del PSCyL.

Según informó Europa Press citando fuentes del PSOE, los diputados vascos se comprometieron a secundar la posición oficial «en aras del respeto de la legalidad», y reiteraron su voluntad de seguir apoyando la búsqueda de consensos para conseguir la incorporación del Condado a Araba, algo que consideran «de sentido común».

Los diputados vascos del PP, formación que decidió abstenerse en el Parlamento de Gasteiz, también votaron en contra de la proposición.