A la espera de conocer la letra pequeña de la querella en su contra, el president, Artur Mas, rompió ayer su silencio y aprovechó el 50 aniversario de CCOO de Catalunya para señalar que es «altamente decepcionante que cuando un pueblo como el catalán quiere expresar su opinión en las urnas, la reacción acabe situándose en los tribunales y la Fiscalía». Desde Galicia, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pareció querer recoger el guante y definió la política solamente como «parte de la solución». Al mismo tiempo, desde Madrid, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, volvió a negar haber presionado a la Fiscalía para imponer la querella que hace una semana la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, conocía al dedillo.

De ahí quizá la apenada reacción de Mas, que se limitó a afirmar, lacónicamente, que quieren «un país diferente». Tam- bién consideró que «cada vez hay más catalanes que desconectan mentalmente de España». En una línea parecida, la también querellada vicepresidenta, Joana Ortega, militante de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el sector más reacio a la independencia dentro de CiU, consideró que medidas como la querella «cada vez nos empujan más fuera de España» y en una entrevista radiofónica, dio a entender que el 9N votó Sí-Sí. Más discreta, la tercera querellada, la consellera de Educación, Irene Rigau, se limitó a declarar que afronta con «tranquilidad y serenidad» la llegada de la querella.

Una acción judicial que siguió acumulando rechazos ayer en ámbitos tan diversos como el PSC -al que el diputado Alfonso Guerra pidió cambiar de actitud «o cambiar de partido»-, Òmnium Cultural o la UGT, cuyo secretario general en Catalunya, Josep Maria Álvarez, calificó la actuación de la Fiscalía de «surrealista». Por su parte, la ANC publicó un comunicado en el que se solidariza con los tres querellados y considera que vuelve a quedar clara «la imposibilidad de encontrar ningún encaje político de Catalunya dentro de España». «Ni hipotéticas terceras vías ni futuros cambios de mayorías en el Congreso español ofrecen ninguna posibilidad real de resolver satisfactoriamente el conflicto político existente», añade la entidad presidida por Carme Forcadell, que reitera su demanda de elecciones y advierte de que están dispuestos a «actuar, pacífica y democráticamente, en defensa de los representantes legítimos de Catalunya».

Los querellados volvieron a recibir también el apoyo de los partidos soberanistas, que a última hora de ayer acordaron enviar una carta conjunta a la Fiscalía para inculparse como organizadores del 9N. Concretamente, firmarán la misiva los portavoces parlamentarios Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC), Dolors Camats (ICV-EUiA) y David Fernández (CUP).

En el otro extremo se situó la Fiscal provincial de Barcelona, Ana María Magaldi, que quiso poner tierra de por medio en las discrepancias que, con motivo de la querella, han aflorado entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Catalunya; un enfrentamiento al que ayer quitó hierro el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce. Magaldi anunció que los fiscales de la provincia de Barcelona investigarán la treintena de denuncias contra el 9N que han recibido en diversos juzgados a lo largo de los últimos días. Lo explicó en una esperpéntica rueda de prensa en la que no admitió preguntas, se negó hacer un resumen en catalán -algo completamente inusual en Catalunya- y reprendió a los periodistas por actuar, según ella, «maliciosamente» a la hora de explicar los encontronazos entre los diferentes fiscales.

Medidas cautelares

En el terreno puramente judicial, una vez conocidos los delitos que la Fiscalía tratará de imputar a los tres querellados -desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación-, la expectación se concentra ahora en conocer la letra pequeña de la querella que finalmente presentará la Fiscalía Superior de Catalunya. En concreto, la principal incógnita se sitúa en la petición o no de medidas cautelares por parte de los fiscales, ya que son varios los expertos que han alertado sobre esta posibilidad. Sin ir más lejos, el mismo miércoles por la noche, el doctor en Derecho Penal Rafael Rebollo advertía de que «no se puede descartar la suspensión cautelar del president, Artur Mas, de sus funciones».

Es una posibilidad que, en declaraciones a GARA, también contempla el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB) Joan Queralt. Explica que «legalmente es posible» que la fiscalía solicite alguna medida cautelar, pero considera que sería un «escándalo» que prosperase, porque «para que se tomen medidas cautelares debe existir una situación de peligro y aquí no existe ni el peligro de reiteración del supuesto delito ni existe el peligro de esconder pruebas, porque todas las pruebas son documentales y accesibles». «No hay base, por lo tanto, para pedir medidas cautelares de suspensión», apunta.

De hecho, Queralt considera que la querella en sí «no tiene ninguna base jurídica», ya que «no se dan los elementos necesarios para que haya delito». Y como muestra, recuerda el Gobierno español «pidió al Tribunal Constitucional que advirtiese a Mas y el Tribunal no le hizo ni caso». Queralt recuerda que «el informe que hizo la Fiscalía catalana sobre el delito de desobediencia fue demoledor», ya que dejó claro que «desobediencia no hay». Se trata de la acusación fundamental porque, según este catedrático, «sino hay desobediencia no hay prevaricación ni tampoco usurpación de funciones». Sobre el supuesto delito de malversación, asegura que «no tiene sentido», porque la partida del 9N estaba incluida en la Ley de presupuestos de 2014 y «nadie la impugnó».

Queralt, que considera que la defensa de la Generalitat tiene que alegar que «no existe delito ninguno», explica que, al ser un pleito fundamentalmente documental, en condiciones normales el proceso no debería durar más de un año, pero añade que «otra cosa es cómo se juega con los tempos».

«A los tribunales no les gusta pelearse con la política y si hay elecciones por medio, a lo mejor la cosa va más lenta», añade Queralt, que sobre el fondo de la cuestión no tiene dudas: «No entienden qué está pasando en Catalunya y recurren al Derecho de forma fraudulenta para resolver un tema político».