Beñat ZALDUA BARCELONA

La Fiscalía impulsa del proceso catalán con la querella contra el 9N

Casi dos semanas después del 9N, la Fiscalía Superior de Catalunya obedeció ayer las ordenes de su superior y del PP y presentó finalmente la querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la organización del proceso participativo. Una acción judicial que en los próximos días admitirá a trámite el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pero que el Govern asegura que no frenará el proceso soberanista en marcha. Más bien al contrario.

«El proceso sigue, no queremos estar en un Estado que se querella por facilitar la libertad de expresión». El portavoz del Govern, Francesc Homs, valoró así la querella que, tras casi dos semanas de tiras y aflojas, la Fiscalía Superior de Catalunya presentó ayer contra el president, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por la organización del proceso participativo del 9N. El fiscal catalán lo hizo en contra de su primera voluntad, obedeciendo al Fiscal General del Estado y poniendo su firma a la denuncia judicial avanzada hace una semana por la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

Como estaba anunciado, la Fiscalía acusó a los tres miembros del Govern de los delitos de desobediencia grave, obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales, prevaricación administrativa continuada y malversación de caudales públicos. Lo hizo con un escrito de 30 páginas presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por ser los tres querellados cargos públicos aforados. Ahora serán los jueces los que, salvo sorpresa mayúscula, admitirán a trámite la querella e iniciarán la instrucción del caso, a lo largo del cual serán llamados a declarar Mas, Ortega y Rigau.

El escrito del fiscal sitúa al president como principal responsable del 9N y recuerda que «en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo», mientras que sobre Ortega, señala que el mismo 9N «compareció de manera oficial en varias ocasiones ante los medios de comunicación». Sobre Rigau, apunta que fue la responsable de «las convocatorias oficiosas» a directores de Institutos a los que «se solicitó una colaboración consistente en la cesión de locales de sus centros los días 8 y 9».

Tal y como estaba también previsto, el delito que más se esfuerza en justificar el fiscal es el de desobediencia, ya que es el pilar sobre el que se sustenta el resto de acusaciones. Así, la querella echa mano del precedente de la sentencia del Tribunal Supremo contra Juan Maria Atutxa en 2008 y asegura que «la negativa al acatamiento de lo acordado (por el TC) se ha materializado en la consumación de la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre».

Sin embargo, el fiscal añade que el proceso participativo «no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC». Se trata de uno de los puntos débiles de la querella, ya que, según argumentos de la propia Fiscalía catalana, si se considera que el proceso participativo fue la continuación del 9N original, el Gobierno español debió haber presentado un incidente de ejecución en el mismo procedimiento, en vez de un nuevo recurso.

Con el Código Penal en la mano, cada uno de los querellados podría ser objeto de penas de hasta un año de cárcel y diez años de inhabilitación para ejercer un cargo público. Sin embargo, son numerosas las voces, dentro del mismo ámbito jurídico, que no ven base legal para que la querella prospere. Ayer fue el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, el que aprovechó una rueda de prensa en Barcelona para considerar que es «discutible que en este caso resulte de aplicación el Código Penal». «Quien piense que utilizando instrumentos penales y presionando a la Fiscalía solucionará un problema político, se equivoca», añadió.

Rajoy visitará Catalunya para explicarse «sin intermediarios»

Si la Fiscalía no se salió del guión previsto, tampoco lo hicieron las fuerzas políticas en la valoración de la querella. Todos los partidos soberanistas criticaron con contundencia la acción judicial contra el 9N, desde la diputada de la CUP Isabel Vallet, que la consideró un «signo de debilidad» del Estado, al líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, quien declaró indignado que «Rajoy sabe que la querella lo estropea todo». En la misma línea se pronunciaron el diputado de ERC Oriol Amorós, quien indicó que el español es «un Estado que va en nuestra contra», y la diputada del PSC Rocío Martínez-Sampere, quien confesó que «cada día es más imposible la equidistancia» y mostró su «apoyo al president».

Sí que se situó en la equidistancia, sin embargo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuya presencia en Barcelona desde el jueves está pasando completamente desapercibida. Dijo que «la unidad de España no se defiende a base de querellas», claro que también aseguró que «vivimos en la mejor de las Españas».

Satisfechos y por fin aliviados se mostraron en las filas del PP y en el Gobierno español, que ubicaron en todo momento la demanda en la «normalidad democrática». La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cargó contra los que apelan a la política «para no cumplir la ley» y aseguró que el presidente, Mariano Rajoy, visitará Catalunya el sábado que viene para poder explicarse «sin intermediarios». I. ZALDUA