Los policías locales destinados en la entrada de la casa consistorial de Gasteiz remiten al grupo municipal del PP a los ciudadanos que preguntan por la plataforma «Ayudas+Justas», creada para recoger firmas en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tiene por objeto dejar fuera de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las personas en situación irregular, tal como propone el alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto.

Así lo reconoció ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfredo Iturricha, que compareció ante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía para responder a las preguntas de EH Bildu, que el pasado 11 de noviembre denunció que el PP utiliza los recursos municipales para promocionar la citada plataforma. «Si la Policía Local facilita el acceso a información sobre `Ayudas+Justas' debería hacerlo también con los cientos de grupos e iniciativas populares que hay en la ciudad», manifestó la edil Iratxe López de Aberasturi, que acusó al PP de utilizar recursos públicos en beneficio de una iniciativa privada.

Pese a que los responsables de esa plataforma, que se presentó públicamente el pasado viernes, hacen hincapié en la necesidad de «mejorar el sistema de bienestar, garantizando que las ayudas sociales lleguen a las personas que realmente lo necesitan», lo cierto es que defienden las propuestas de Maroto, que pretende limitar el acceso a las ayudas. Por ejemplo, propone vetar su concesión a personas que no han regularizado su situación, establecer una antigüedad mínima de diez años en el padrón, negar la RGI a quien no haya cotizado y obligar a los perceptores a realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

«Margen de mejora»

Estas ideas despertaron el malestar de los grupo de la oposición en el Consistorio de Gasteiz y del Ejecutivo autonómico, que ayer afirmó que «hay margen de mejora» en la gestión de la RGI. «Hemos planteado un convenio con la Diputación de Bizkaia para cruzar datos informáticos que nos permitan luchar contra el fraude», señaló el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto.

A este respecto, negó que el fraude en la RGI ascienda a 20 millones de euros, como aseguró el alcalde, a quien acusó de recoger ese dato de un titular en el que se sumaban cantidades asociadas a otras «cuestiones» del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. «Y cogió ese dato cuando el departamento establecía que la cifra de fraude rondaba los 3 millones», puntualizó.

Por otro lado, la federación Denon Eskola hizo público ayer un manifiesto en el que solicita a los responsables institucionales de Araba que no realicen declaraciones que «juzguen las intenciones de grupos sociales determinados que comparten un origen geográfico». «Exigimos que las políticas sean acordes a los principios aceptados por la educación inclusiva y recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras, que afirma que la ciudad debe garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes», indica el texto.