Si quedaba cualquier duda sobre la relación entre el parlamentario del PP Javier Maroto y la plataforma Ayudas más Justas, proponente de una Iniciativa Legislativa Popular sobre la RGI, ambas partes se encargaron ayer de disiparlas en el Parlamento. El alcalde de Gasteiz dejó el pleno municipal que presidía para acudir poco antes de las 11.30 a la Cámara. En la entrada se encontró con los miembros de la plataforma, que habían anunciado para esa hora su llegada para registrar la ILP.

El jefe de gabinete de Maroto coordinaba los movimientos. Primero anunció una reunión entre las partes en el despacho del partido y después se optó por que el alcalde y el parlamentario Iñaki Oyarzábal bajaran al hall del Parlamento a recibirles. Apretones de manos, fotos e imágenes de televisión.

Tras registrar la ILP, Patxi Gómez, portavoz de la plataforma, hizo declaraciones señalando que el núcleo que su propuesta era la realizada hace unas semanas por Javier Maroto, añadiendo que se habían encargado de «coger el guante que había lanzado el alcalde de Vitoria», y éste a su vez dijo que hacía suya la propuesta y que la apoyaría con su firma.

Llama la atención que el texto de la ILP -redactado por un «colaborador de la plataforma», según su portavoz- fije como principal objetivo de la misma «suprimir el fraude y los abusos» en la prestación de la RGI, pero sin embargo, en los artículos que propone modificar no se contempla ninguna medida que garantice un mayor control o corrija las deficiencias que pudieran haberse observado en el actual funcionamiento.

Endurecimiento de condiciones

Las medidas se centran en el endurecimiento del acceso al cobro de RGI, para lo que la «Ley Maroto» exige tener «residencia legal según las disposiciones aplicables en extranjería» y un empadronamiento de cinco años en la CAV.

La propuesta niega acceso a la RGI a quienes tengan antecedentes penales por delitos de terrorismo, homicidio, maltrato, delitos sexuales, tráfico de drogas, hurtos y robos. Con esa medida, si un malversador o evasor fiscal es condenado y sale de prisión arruinado, podrá cobrar ayudas sociales que se negarían al resto de expresos.

Sorprende en cierta medida que, siendo una plataforma ciudadana la que promueve el cambio de ley, proponga que la obligación de los perceptores de RGI de realizar trabajos para la comunidad se gestione «a través de los ayuntamientos» y no «a través de organizaciones de acción voluntaria del territorio» como se recogía hasta la fecha.

La «Ley Maroto» prohibirá «el envío fuera de la Comunidad Autónoma de las cantidades percibidas por la RGI». El alcalde había hablado de remesas al extranjero, pero la consigna ahora es evitar acusaciones de xenofobia, por lo que los receptores tampoco podrán ayudar a familiares de otras comunidades.

De la propuesta inicial de Maroto también se ha borrado la exigencia de haber cotizado para poder cobrar la RGI, lo que dejaba fuera del sistema a jóvenes y muchas mujeres.

La «Ley Maroto» contempla que tener otros «inmuebles de escaso valor», además de la vivienda habitual, no restrinja el derecho a recibir la RGI. Cuando en el reciente monográfico sobre la pobreza se aprobó una propuesta similar, el PP se abstuvo. Preguntado ayer por esta contradicción, Javier Maroto contestó con desparpajo que «el Gobierno Vasco tiene por costumbre saltarse a la torera las resoluciones del Parlamento Vasco». Respuesta que no explica por qué entonces el PP presentó decenas de resoluciones en ese pleno e incluso pactó varias de ellas con el PNV.

Cuando los miembros de la plataforma se marcharon del Parlamento, detrás de ellos lo hizo también el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto.