A. I. IRUÑEA

Andía reitera que creyó que las preferentes eran un buen negocio para el Ayuntamiento

La repetición del juicio contra el alcalde de Eguesibar se celebró ayer después de que la primera vista se anulara por la gravedad del delito de comprar preferentes a otro concejal de UPN con dinero público.

El juicio contra el exalcalde de Eguesibar, Josetxo Andía, se repitió ayer después de que la anterior vista de mayo se anulara tras detectarse que la sala no era competente para unos delitos tan graves. Andía fue juzgado por la compra de preferentes a través de una empresa semipública (Andacelay) a la entidad bancaria de la que estaba en excedencia. Invirtió 100.000 euros y acabó perdiendo dos tercios de esa cantidad.

Además de Andía, que dejó el cargo y fue expulsado del partido, compareció de nuevo en calidad de testigo Ángel Jiménez, el hombre que le vendió las preferentes y que también era concejal del Ayuntamiento por la misma formación: UPN. Jiménez continúa a día de hoy como edil de este partido y también forma parte del Consejo Político del mismo.

«Si hubiera tenido la más mínima sospecha, no paso el calvario que estoy pasando estos años», aseguró Andía. El exalcalde (que sucedió en el cargo a Ignacio Galipienzo, condenado por corrupto) se vendió a sí mismo como una víctima más de la estafa de las preferentes. Sin embargo, sus conocimientos sobre banca no eran las de una persona corriente. En realidad, Andía pidió la excedencia como director de Catalunya Caixa en Iruñea para dedicarse en exclusiva a la gestión del Ayuntamiento. Ya ejerciendo como alcalde y máximo responsable de la sociedad Andacelay compró las preferentes de Catalunya Caixa a su compañero de partido y de trabajo. Cabe remarcar que las preferentes se compraron en el mercado secundario. Eran acciones devueltas por alguien y que la entidad desaparecida colocó a Andía, aunque la instrucción no ha logrado localizar quién se las quitó de encima en plena caída libre de su valor.

La acusación particular la ejerce Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), que accedió a la Alcaldía después de que Andía dimitiera. Etxeberria y el fiscal piden tres años y tres meses de cárcel más diez de inhabilitación.