GARA

El nivel competencial escolar se ha estancado

El Consejo Escolar presentó ayer el informe correspondiente al curso 2012-2013, donde se observa un «estancamiento» en el nivel de competencias del alumnado. También se advierte de que el 25% de los estudiantes de los modelos B y D presentan un déficit en euskara.

El 25% del alumnado de los modelos B y D en la CAV solo tiene un nivel inicial de competencia en euskara, según recoge el último informe del Consejo Escolar de Euskadi, correspondiente al curso 2012-2013. Por este motivo, este organismo propone establecer un plan dirigido a mejorar los resultados en la competencia lingüística en euskara, que incluya además otros recursos «no escolares», especialmente en zonas donde «su uso social es más escaso».

El estudio, del que dio cuenta ayer la presidenta del Consejo Escolar, Maite Alonso, recoge además que, en general, esta evaluación diagnóstica muestra «un estancamiento» con respecto a la anterior edición, de 2011, y sus datos son «particularmente bajos» en la competencia científica. Asimismo, señala que el objetivo de reducir en un 5% el porcentaje de alumnado situado en el nivel inferior, respecto a 2009, solo se logra en la competencia de castellano de 4º de Primaria, mientras que en el resto las mejoras son menores.

Diferencias socioeconómicas

Por contra, la prueba de evaluación de PISA-2012, para el alumnado de 15 años, es «positiva» ya que, por primera vez, la CAV supera la media de la OCED en las tres competencias evaluadas. Sin embargo, el informe alerta de los resultados «muy alejados de la media de los países del entorno» de los alumnos inmigrantes. Por ello, el Consejo propone que se preste «atención» a la escolarización del alumnado inmigrante con el objetivo de conseguir «más en la línea de la equidad». El Consejo alerta de que se dan «indicios de que la diferencia de extracción socioeconómica y cultural del alumnado tiende a aumentar» y pide a Lakua que «plantee medidas para mejorar la equidad en su conjunto». Asimismo, el informe recoge la petición al Departamento de Educación de que «trate de minimizar en todo lo posible los efectos negativos» de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del Gobierno español.