Todos los grupos con representación en el Congreso español, salvo PP, UPyD y CiU, firmaron ayer una declaración con la que se han comprometido a clausurar la central nuclear de Garoña en el caso de llegar al poder en la próxima legislatura. «Los grupos políticos firmantes de esta declaración nos comprometemos a no reabrirla tan pronto las circunstancias legislativas lo permitan, y abogamos por un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear, tras un periodo de transición hacia ese nuevo modelo energético», reza el documento suscrito por Amaiur, PNV, PSOE, IU, ERC, BNG, Compromís, y también Equo y Nueva Canarias, sin representación en la Cámara.

Igualmente, han acordado que el desmantelamiento contaría con un calendario no inferior a siete años, tiempo «más que suficiente» para desplegar el plan de reactivación de la zona al 100%. Ademas, coinciden en señalar los «graves déficits» en seguridad de la central.

Desde Amaiur, el diputado Xabier Mikel Errekondo consideró que la intención de reabrir la central responde a un ataque frontal a la salud de las personas y al medio ambiente. Añadió que energéticamente es «innecesario», y económicamente «una ruína» que beneficia a ciertas empresas energéticas.

En la misma línea se expreso desde el PNV Pedro Azpiazu, que sostuvo que esta decisión responde a un «empecinamiento del Gobierno» que carece de sentido desde el punto de vista técnico y de suministro. La formación jeltzale también se comprometió a adherirse a todas las iniciativas que promuevan el fin de la central, que desde el punto de vista del suministro eléctrico es «innecesaria».

El líder de Equo, Juan López Uralde, confirmó a los medios que la declaración no acabará en el Parlamento, sino que buscarán un mayor número de adhesiones en la sociedad.

Con este documento, las formaciones también reclamaron que el actual proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP para reabrir la central burgalesa no presuponga la adopción de «decisiones irreversibles» desde el punto de vista económico que acarree un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre.

El diputado del PSOE por Burgos, Luis Tudanca, pidió que el plan de cierre vaya acompañado de un plan de reactivación económica de la zona.