PNV, PP y UPyD rechazaron ayer en el Parlamento de Gasteiz una propuesta de EH Bildu y PSE para ampliar el alcance de los estudios de impacto ambiental sobre las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos, de forma que en estos informes se analice la repercusión «ambiental, social y económico» del proyecto en su conjunto, y no solo los efectos «directos» de los trabajos de perforación por fracking.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo reprochó tanto al PP como al PNV que estuvieran dando «vía libre» para que el fracking pueda aplicarse en la CAV «con las menores garantías» para el medio ambiente. Durante su intervención, Rojo reconoció que el PSE «se equivocó» en la anterior legislatura, cuando apoyó el inicio de estudios para desarrollar esta práctica.

Rojo también echó en cara a algunos miembros del PNV y al parlamentario y alcalde del PP en Gasteiz, Javier Maroto, que se hubieran posicionado en público contra la fracturación hidráulica, y que ayer hubieran votado en contra de una propuesta para incrementar las garantías exigibles a estos proyectos.

La iniciativa, finalmente, fue rechazada por 37 votos a favor (PSE y EH Bildu) y 38 votos en contra del PNV, el PP y UPyD, que sacaron adelante un texto alternativo en la que se insta al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a que en el periodo de consultas de la campaña de estudios sísmicos de investigación de «Géminis», informe de «las condiciones, límites y medidas que considere necesarias para garantizar la máxima protección ambiental mediante la aplicación de estrictos criterios técnicos».

El TC anula la ley de Nafarroa

El fracking también dejó ayer noticias en Nafarroa, después de que el Tribunal Constitucional anunciara que anula la ley foral por la que se prohíbe en este territorio esta técnica de extracción de gas no convencional.

Según la sentencia, «se trata de evitar los posibles desequilibrios o desigualdades en el conjunto del sistema a los que podría conducir la fijación de criterios unilaterales por las Comunidades Autónomas que supongan la inclusión o exclusión de determinadas técnicas habituales en la industria para la investigación y extracción de hidrocarburos». El TC ha anulado previamente leyes similares de Cantabria y La Rioja.