Trece jueces del Supremo se rebelan contra las injerencias del Gobierno
Trece de los dieciocho jueces de la Sala de lo Penal del Supremo han elevado su voz para mostrar su «desazón» por las injerencias del Gobierno en lo relativo a la excarcelación de presos vascos por la acumulación de la pena cumplida en el Estado francés. Los jueces se refieren a declaraciones del ministro de Interior, que llegó a hablar de prevaricación, y en un escrito piden que si el presidente del TS lo cree oportuno pida a Mariano Rajoy que le «ponga coto».
Cómo tienen que estar las cosas para que trece jueces del Tribunal Supremo firmen un escrito contra las injerencias del ministro de Interior, y del Gobierno en genera,l en las decisiones sobre la puesta en libertad de presos vascos por la normativa europea de acumulación de penas. Y cómo estarán para que hasta el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía le haga público su apoyo.
La derecha española se había acostumbrado a señalar con nombre y fotografía a los jueces que decidieron legalizar Bildu primero y después Sortu, a los que cumplieron con la orden del Tribunal de Estrasburgo de acabar con la llamada «doctrina Parot», a quienes no siguieron la teoría «conspiranoica» sobre el 11-M, a quienes en privado apoyaban el derecho a decidir de Catalunya e incluso a quienes no compartían la decisión del Gobierno español de querellarse contra Artur Mas.
Ahora les había tocado el turno a los jueces que decidieron aplicar la normativa europea de acumulación de penas y poner en libertad a dos presos vascos. Pero en esta ocasión, al señalamiento mediático se le sumaron las declaraciones expresas del Gobierno español. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, dijo tras un Consejo de Ministros que «los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco lo entendemos». A lo que añadió que «nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso es más difícil porque, depende de la sección, se toma una decisión u otra. La ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera [de la Audiencia Nacional, que acordó la puesta en libertad] no cabe en esta ley».
Pocos días después, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista en «La Razón», uno de los periódicos que había linchado a los jueces, afirmó que la decisión de la excarcelación le parece «lamentable desde todos los puntos de vista, también judicialmente». Preguntado sobre si los jueces están prevaricando, respondió que él no dice eso, pero que «si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se les estaría acusando de un posible delito de prevaricación».
Fernández Díaz insistió en la entrevista en hablar de la decisión judicial como «profundamente injusta», y ante su posible repetición afirmó que «lo que no se puede hacer es un uso alternativo del Derecho y a que sea tenido en cuenta solo cuando conviene en virtud de determinados criterios».
Las declaraciones del ministro de Interior han sido la gota que ha colmado la paciencia de más de dos tercios de los jueces de la Sala de lo Penal, que entre otras cosas se preguntan a quién o a qué conveniencia se refería el ministro en esa frase.
Que Rajoy «ponga coto»
Los trece jueces que han redactado el escrito se muerden la lengua y afirman que no quieren «añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno». Lo que hacen es pedir al presidente de la Sala que a su vez trasmita al presidente del Tribunal Supremo su «desazón por tales manifestaciones».
Y añaden que si Carlos Lesmes considera que las palabras del ministro «no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este tribunal», se lo haga saber al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, «recabando de éste la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos».
El escrito de los jueces encontró con el apoyo del Sindicato Unificado de la Policía, que denunció la politización de la Justicia. Entre tanto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, enmarcó las palabras de su compañero de Gobierno como un ejercicio de «libertad de expresión», y dijo que Jorge Fernández Díaz fue «absolutamente respetuoso» con la Audiencia Nacional.
EH Bilduk eta EH Baik: «Gizarteari eraso egiten diote»
Estatu frantses eta espainolak euskal presoekin duten jarrera «gero eta gogorragoarekin» kezkatuta agertu ziren atzo, Baionan, EH Bildu eta EH Baiko kideak. «Aieteko Konferentziatik eta ETAk borroka armatua utzi zuenetik hiru urte iragan dira eta euskal gizartearen gehiengoak konponketa demokratikoa eskatzen duen arren, ez da aitzinamendurik bide horretan», esan zuten Alberto Unamunzaga eta Jean-François Lefortek.
Gogora ekarri zuten sakabanaketak indarrean dirauela, eta gaixotasun larria duten 15 preso, baldintzapeko askatasunean izan beharko luketenak bezala, espetxean jarraitzen dutela. Azken asteotan, gainera, beste bi elementuk areagotu dute beren kezka: Estatu frantsesean kondena betetzen ari diren presoak Espainiaratzeko asmoa eta dagoeneko espetxe frantsesetan egindako urteak kontuan hartu ala ez dagoen eztabaida, alegia.
Horren harira, abenduaren 1ean Hollande presidenteak Parisen esandakoa ekarri zuten gogora. «Legea berdin aplikatuko zaiela eta ez dela salbuespenik eginen esan zuen. Alta, ez da hori ikusten dena, euskal presoei etengabe salbuespeneko neurriak aplikatzen ari zaizkie eta une hauetan bertan lege bereziak asmatzen ari dira espetxean mantentzeko», esan zuten bi bozeramaileek Espainiako Senatuak bozkatu berri duenari aipu eginez.
Beren ustez, jarrera horrekin «presoei ez ezik, gizarteari berari ere eraso egiten diote, ez baitute gatazka gainditzeko behin eta berriro azaldu duen nahia kontuan hartzen».
«Bada garaia hau nahikoa dela esateko. Oraintxe bertan ez dugu ezer berezirik eskatzen, soilik presoen eskubideak eta borondatea errespetatu dezatela», gaineratu zuen Lefortek bi koalizioen eskakizunak azaldu aurretik, hots, «salbuespen neurriak bertan behera uztea eta sakabanaketa amaitzea».
Familiekiko hurbilketa bermatzen ez denez, Estatu frantsesean kondena betetzen ari diren presoak kartzela espainoletara lekualdatzearen aurka daudela nabarmenduta, «beren gogoz kontra» ez eramateko eskatu zioten Hollanderi.
Dauzkaten tresna guztiak, izan bide judizialak, iritzi publikoa eta aktibazio soziala edota laguntza politiko eta instituzionala erabiltzeko beren engaiamendua azaldu ostean, bi koalizioetako ordezkariek euskal herritarrei mobilizatzen segitzera dei egin zieten, zehazki, datorren igandean EH Bilduk Donostian eta Iruñean, abenduaren 26an Ni ere Banoak Donibane Lohizunen eta urtarrilaren 10ean Sarek Bilbon antolatu dituzten manifestazioetan parte hartuz. Arantxa MANTEROLA
El Gobierno tiene preparada la sucesión del fiscal general nada más dimitir
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy mismo su propuesta de candidata para ser la próxima fiscal general del Estado, en sustitución del dimisionario Eduardo Torres-Dulce, y según diversas fuentes la elegida es la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcárcel. Resulta llamativo lo engrasada que tenía el Gobierno la maquinaria del relevo, pese a que el ministro de Justicia, Carlos Catalá, aseguró ayer mismo que la dimisión le había cogido por sorpresa.
Eduardo Torres-Dulce anunció su dimisión «por motivos personales» cuando le quedaba diez meses para acabar su mandato. Como apostilló el fiscal superior del TSJPV, Juan Calparsoro, muy graves han de ser esos motivos cuando optas por dejar el cargo en la recta final del mandato y sin que conste que existieran problemas internos dentro de la Fiscalía.
Al conocerse la dimisión, todas las miradas se pusieron sobre el Gobierno y los continuos roces que se habían producido por los más variados motivos. El desencuentro viene de lejos y podría estar relacionado con la defensa de la autonomía fiscal de la que Torres-Dulce ha venido haciendo gala desde el comienzo de su mandato. Y se habría evidenciado, para disgusto del Gobierno, en la gestión que Anticorrupción ha realizado de asuntos clave para el PP, como son el «caso Gürtel» y el de los «papeles de Bárcenas». El hasta ahora fiscal general ha dejado libre criterio a los fiscales designados en estos asuntos.
Las quejas de Torres-Dulce contra el Gobierno comenzaron a hacerse públicas a cuenta de los planes de Gallardón para el Código Procesal Penal. Más adelante, el enfrentamiento cristalizó em las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.
«No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito», dijo recientemente Torres-Dulce en una comparecencia en el Congreso, para añadir: «Si tengo que sostener posición contraria al Gobierno, la sostengo».
Sin embargo, la firmeza le duró hasta el miércoles, día en el que decidió tirar la toalla definitivamente. Según algunas fuentes, el Gobierno conocía su decisión desde el lunes, aunque el martes Torres-Dulce mantuvo una reunión con los fiscales superiores de las 17 comunidades autónomas en la que se habló de planes de futuro y no se atisbó ningún indicio de dimisión. Las especulaciones saltaron el miércoles, cuando retiró sin motivos dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal.
El Consejo de Ministros de hoy recibirá la propuesta, el CGPJ informará el lunes y el 8 de enero la persona nominada comparecerá en el Congreso para que valore su idoneidad. Mientras, el puesto lo cubre en funciones Luis Navajas, fiscal en Gipuzkoa en los años 80 que elaboró aquel famoso informe sobre las FSE y el narcotráfico. GARA
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