Me estreno en esta columna con una humilde reflexión en torno a un problema que muchos considerarán pequeño, en la medida que afecta a pocas personas, pero que a mi juicio es representativo de lo que está sucediendo demasiado silenciosamente en servicios básicos, como en este caso, la educación pública.

Sucede que, en virtud de una ley de la CAV, familias residentes en núcleos rurales se han encontrado con que no tienen derecho a transporte escolar, porque su domicilio se encuentra a menos de dos kilómetros del centro público que les corresponde. Es el caso de alumnado de entre 2 y 12 años que, al no ser merecedor de ese derecho, tampoco tiene subvencionado el comedor escolar. El problema es mucho más amplio, pero excedería este espacio.

El caso es que el requisito se ha hecho valer en algunos itinerarios, pero no en todos, quizá para no hacer demasiado ruido.

Explicada la situación, vuelvo a un dato que puede haber pasado desapercibido, el hecho de que esta norma lleva varios cursos aplicándose en áreas rurales, en las que aun viviendo a solo 300 metros de la escuela no hay más camino que el estrecho arcén de una carretera, en el que informes de Tráfico atestiguan que es impensable que escolares y acompañantes transiten a pie.

De momento se autoriza a ese alumnado a utilizar el autobús escolar porque hay plazas, pero lo cierto es que ya han perdido un derecho que tenían. Desconozco a cuánto asciende el ahorro que representa el recorte para el Departamento de Educación, pero en pleno debate presupuestario no puedo dejar de pensar que las partidas son las que construyen un país y que resultaría surrealista que dispongamos de un tren de alta velocidad pero carezcamos de transporte para llegar a escuelas pequeñas, que ofrecen una educación pública de calidad, mantienen vivos municipios y que, merced a medidas como esta, se irán vaciando, ya conocemos cuál es el siguiente paso.