El Gobierno dice que respetará al TS, pero el PP insiste en sus críticas
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió ayer a la denuncia de «injerencia» de trece jueces del Tribunal Supremo. Dice que el Ejecutivo solo mostró su «extrañeza» ante dos criterios diferentes de la Audiencia Nacional sobre la excarcelación de presos en aplicación de la directiva europea de acumulación de condenas y añadió que respetará lo que decida el Alto Tribunal. Pero Rafael Hernado, del PP, insistió en sus críticas.
Mientras desde el Gobierno se intenta bajar el tono del enfrentamiento con trece jueces del Tribunal Supremo por sus injerencias y acusaciones en relación a la acumulación de penas de presos vascos, el recién elegido por Mariano Rajoy como nuevo portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, mostraba ayer todo su apoyo a las declaraciones del ministro de Interior que originaron la protesta de los magistrados -«yo las hubiera hecho exactamente iguales», afirmó-. Aseguraba además que las excarcelaciones causaron «escándalo» y «cierta indignación», que son «un error judicial» y que «llueve sobre mojado en determinadas decisiones de alguna sección de la Audiencia Nacional».
En un gesto absolutamente inusual, el jueves trece de los dieciocho jueces de la Sala de lo Penal del Supremo firmaron un escrito en el que mostraron su «desazón» por unas palabras del ministro de Interior, Jorge Fernández, que llegó a insinuar la prevaricación de los jueces que habían decidido acumular las penas de presos vascos siguiendo la directiva europea. Pidieron además al presidente del Alto Tribunal español que recabara de Mariano Rajoy «la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos».
El Gobierno templa gaitas
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en la habitual rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros, respondió que, en el ejercicio de su «libertad de opinión y de expresión», el Ejecutivo se limitó a mostrar su «extrañeza» por las posiciones «diferentes» y «absolutamente contradictorias» de dos secciones de la Audiencia Nacional, una que falló a favor de la acumulación de penas y otra en contra.
A su entender, ante dos posiciones «diferentes» resulta «normal» que «el Gobierno y los medios de comunicación» manifiesten una «extrañeza» que, a su juicio, quedará «solventada» cuando resuelva el Tribunal Supremo «desde el máximo respeto a la independencia judicial».
Lo cierto es que las declaraciones a «La Razón» del ministro de Interior, Jorge Fernández, denunciadas por los jueces del Supremo, iban más allá de la muestra de extrañeza por fallos dispares en la Audiencia Nacional. Llegó a afirmar que «si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se les estaría acusando de un posible delito de prevaricación». Insistió en la entrevista en hablar de la decisión judicial como «profundamente injusta», y ante su posible repetición afirmó que «lo que no se puede hacer es un uso alternativo del Derecho y que sea tenido en cuenta solo cuando conviene en virtud de determinados criterios».
Fernández Díaz afirmó ayer tener el máximo respeto por el Supremo. Explicó que lo dicho en la entrevista «está ahí» y en ella queda claro que cuando habla del Supremo lo hace «no solo con absoluto respeto, sino manifestando también absoluta confianza». Confianza en que rectificarán la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Nacional de acumular las penas.
«Llueve sobre mojado»
Mientras el Gobierno parecía intentar querer rebajar la tensión con los jueces, el recién designado portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se quejó en RNE de que «esas decisiones judiciales causan escándalo y sobre todo dolor» y de que «llueve sobre mojado en determinadas decisiones de alguna sección de la Audiencia Nacional».
Hernando se lamentó de que la sección que optó por la acumulación de penas no tuvo en cuenta el «espíritu del legislador», expresado en una ley aprobada después de la presentación de las peticiones de los presos. Afirmó que la sentencia fue «un error judicial» y que «es chocante y causa cierta indignación». Luego dijo entender al ministro de Interior en las declaraciones de la entrevista y confesó que «yo las hubiera hecho exactamente iguales».
Aunque Rafael Hernando presentó lo ocurrido como opiniones diferentes de distintos poderes del Estado, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez calificó las palabras del ministro como un «ataque insólito». En declaraciones a Radio Euskadi, aseguró que «hay un profundo malestar en la Sala de lo Penal del Supremo por las injerencias del Gobierno». A su juicio «una cosa es la crítica, legítima, y otra la deslegitimación de las decisiones judiciales».
Consuelo Madrigal, sustituta en menos de 24 horas
El Consejo de Ministros propuso ayer a Consuelo Madrigal para el puesto de fiscal general del Estado. Ahora debe pasar el informe del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso de los Diputados antes de jurar su cargo. En menos de 24 horas, el ministro de Justicia ofreció en público el nombre de la persona elegida para sustituir al dimisionario Eduardo Torres-Dulce en una de las mas altas magistraturas del Estado.
No parece que haya habido improvisación en la elección. Según publicaba ayer «El Diario.es», el ministro Rafael Catalá llevaba semanas buscando el perfil de la persona que sustituyera a Eduardo Torres-Dulce, de quien el Gobierno daba por hecho que debía abandonar el cargo. Como el fiscal general no puede ser cesado, se le hizo saber expresamente -según este diario- que no contaba con la confianza de Rajoy.
Consuelo Madrigal es presentada como una persona «conservadora» pero sin afiliación a ninguna de las organizaciones de fiscales existentes. Sin embargo, tanto la Asociación de Fiscales como la Unión Progresista de Fiscales han acogido bien la decisión y han coincidido en que hará un buen trabajo. De ella se destaca su solvencia técnica y su carácter conciliador. Hasta ahora era fiscal de sala coordinadora de menores.
El hecho de ser nombrada tras la dimisión de su antecesor ha hecho que sea vista como una candidata más dócil a los deseos del Gobierno. GARA
PP y PSE rechazan en Gasteiz una moción contra la dispersión
Los ediles de PP y PSE sumaron ayer sus votos en el Ayuntamiento de Gasteiz para rechazar una moción que tenía por objeto reclamar el fin de la política de dispersión y recordar a Natividad Junco, gasteiztarra que falleció en 2007 cuando viajaba a Teruel para visitar a un familiar preso. La iniciativa, firmada por PNV y EH Bildu, fue defendida por Unai González (Etxerat), que utilizó el turno popular para describir ante la Corporación municipal el sufrimiento de los familiares y amigos de los represaliados vascos. «Pedimos que haya decisiones y posicionamientos políticos para que no vuelva a morir nadie, porque este fin de semana cientos de personas saldrán a la carretera», recordó tras denunciar que en los últimos 25 años han fallecido 16 personas en accidentes provocados por la dispersión penitenciaria.
Iñaki Prusilla (PNV) y Antxon Belakortu (EH Bildu) mostraron su apoyo a los familiares y expresaron su rechazo a las medidas de excepción. Por su parte, Patxi Lazcoz (PSE), que en otras ocasiones había defendido la abstención de su grupo, declaró que ayer no fue posible lograr un acuerdo. El PP no participó en el debate. Al final, doce ediles votaron a favor de la moción y quince en contra. I.S.
La Policía española detiene en Bergara a Juan Karlos Arriaran
La Policía española detuvo ayer en Bergara a Juan Karlos Arriaran Ibarra, con arreglo a una euroorden emitida por las autoridades del Estado francés y fechada en diciembre de 2005, según la información difundida por las agencias, citando fuentes del Ministerio español de Interior.
El arresto de Arriaran se produjo hacia las 19.15 de la tarde, a cargo de agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía española.
Juan Karlos Arriaran, nacido en Bergara en 1949, había regresado a la localidad tras pasar 30 años en el exilio. Su detención se produjo precisamente al comienzo de un acto de bienvenida que sus convecinos le iban a tributar en la localidad.
Las mismas fuentes difundieron a raíz del arresto que Arriaran huyó en 1982 al Estado francés, desde donde fue expulsado por las autoridades del país a Panamá. De allí fue deportado a Venezuela en 1990 y condenado en rebeldía por el Tribunal de Gran Instancia de París a tres años de prisión. El citado tribunal parisino le impuso una pena accesoria de prohibición de entrada y residencia en territorio francés, según los datos difundidos a lo largo de la tarde por las agencias. GARA
En la calle, con los derechos humanos
Sare, la red ciudadana en defensa de los derechos de los presos, exiliados y deportados vascos, se presentó ayer por la tarde en Lasarte-Oria, en un acto que contó con actuaciones musicales y de danza. La iniciativa popular que reúne a personas de distintas sensibilidades políticas sigue abriéndose así a la participación del mayor número de personas posible y avanzando en la difusión de «El libro de la dispersión», al tiempo que trabaja en los preparativos de la gran movilización popular del próximo 10 de enero en Bilbo. El spot se hizo público ayer.
Azkoitia, Erandio y Oñati son algunos de los municipios en los que la dinámica popular se presentará hoy. Además, el lunes una mesa redonda reunirá en Katakrak de Bilbo, a las 19.30, a la periodista y representante de Sare Teresa Toda y al corresponsal de GARA Alberto Pradilla. La moderadora será la periodista de «Info7» Maite Bidarte.
Por otra parte, en Larrabetzu, más de 250 personas se reunieron en una concentración para pedir la libertad del preso de la localidad José Miguel Etxeandia, gravemente enfermo. Durante la movilización, cerraron todos los establecimientos hosteleros e incluso el frontón, en el que se estaban celebrando partidos, según relataron a GARA vecinos de la localidad. Personas de diferentes ideologías se implicaron asimismo en el envío de cartas al preso y dejaron plasmados distintos mensajes. La masiva movilización se produce tras un año cargado de iniciativas de denuncia por la situación en la que se encuentra el preso de la localidad, que han sumado un importante apoyo ciudadano. De hecho, en un municipio de poco más de 2.000 residentes, cerca de 1.000 personas firmaron por la puesta en libertad de Josemi Etxeandia.
Las movilizaciones por los derechos de los presos se sucedieron en diversos puntos. En Mutriku, se reunieron 45 personas, Antzuola (28), Lekeitio (137), Oñati (55), Getaria (41), Mundaka (17), Deba (45), Amara (23), Zarautz (170), Lizarra (52), Zornotza (77), Gasteiz (450), Agurain (45), Ugao (12), Bergara (110), Orereta (202), Andoain (42), Donostia (166), Hernani (175), Zizur (23), Iruñea (223), Elgoibar (37), Lazkao (63), Ondarroa (177), Galdakao (66), Barañain (36), Etxarri-Aranatz (63).
En Lizartza, 31 personas se concentraron en la tarde de ayer, jornada en la que el preso de la localidad Garikoitz Etxeberria fue conducido a la localidad para conocer a su hija recién nacida, con la que pudo estar durante hora y media. Medio centenar de personas se reunió en el lugar. GARA
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