EH Bildu no oculta su preocupación por todo lo que ha rodeado al fracaso del proyecto de la planta de tratamiento de purines de Karrantza. Por ello, instaron ayer a los responsables del Ejecutivo de Lakua y de la Diputación vizcaina a que aclaren por qué se han desviado 10 millones de euros de ayudas y subvenciones públicas a empresas ligadas a altos cargos del PNV.

La coalición consideró «absolutamente alarmante» que ambas instituciones no hayan impulsado ningún tipo de acción judicial contra los defraudadores, ni hayan auditado el procedimiento de concesión de hasta 13,5 millones y tampoco controlado a dónde fue ese dinero. Según la querella interpuesta por Karrantza Haraneko-Valle de Karrantza 2006 SA, Karrantzako Minda desvió el dinero recibido de las diferentes administraciones hacia Ade Biotec y empresas vinculadas a esa sociedad.

El parlamentario Igor López de Munain y la apoderada Irune Soto, que comparecieron ayer junto al edil Patxi García, anunciaron sendas iniciativas en la Cámara de Gasteiz y Juntas Generales de Bizkaia para que se haga una auditoría. Además, instaron a las instituciones a que acudan a los tribunales «ante los evidentes indicios de delitos penales».

A juicio del electo independentista, todo lo que ha rodeado a la planta de purines demuestra que el control y el seguimiento de las ayudas «han sido totalmente inexistentes» y que el nivel de exigencia con respecto al cumplimiento de las condiciones de las subvenciones «han sido nulo», tal y como se recoge en el informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Fijaron su atención sobre el jeltzale Martin Askasibar, a quien calificaron de pieza clave en la operación, primero como director de Investigación Agropecuaria y luego consejero de Ade Biotec y Karrantzako Minda. No es el único miembro del PNV, ya que en el consejo de administración de Ade Biotec también se sentaba Luis Miguel Macias, que fue viceconsejero de Agricultura y ahora dirige Denokinn, «ligada al fiasco de Epsilon-Hiriko», y el actual director de Desarrollo Industrial de Lakua, Alejandro López Cárcamo.

«Últimamente escuchamos al PNV decir que en las instituciones vascas no hay corrupción. Sin embargo, estamos ante un caso en el que instituciones gobernadas por el PNV han incumplido la normativa de ayudas y subvenciones para entregar dinero público a empresas ligadas a destacados miembros de su partido. ¿Acaso eso no es corrupción? Nos gustaría saber cómo calificaría el PNV estos hechos. Desde luego, para EH Bildu está claro que estamos ante un caso de corrupción política y que se deben depurar todas las responsabilidades», defendieron, añadiendo que lo sucedido en Karrantza no es más que otro caso en una larga lista de operaciones financiadas con dinero público que acaba en manos privadas, vinculadas al PNV.

Al partido que lidera Andoni Ortuzar le dijeron que «el mito» de su buena gestión «está derruido». «Hablar de transparencia y eficacia es un insulto a la inteligencia mientras afloren casos de este tipo», argumentaron desde la coalición, abrumados por la dimensión del caso.