Precisamente el mismo día en el que Jordi Pujol era imputado por ocultar en Andorra la fortuna que amasó durante décadas, los Mossos D´Esquadra arrestaban a once personas en Barcelona. No tenían nada que ver con la corrupción, sino con un supuesto «terrorismo anarquista» responsable de muchísimos ataques cuyas consecuencias no aparecen por ningún lado. Tras irrumpir en tres centros sociales y aprovechar para acumular multitud de material sin relación alguna con el caso, los detenidos fueron trasladados a Madrid. Al menos, se encontraban comunicados y pudieron tener acceso a sus propios abogados. El jueves por la noche, el titular del juzgado de instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez, enviaba a prisión a siete de los once detenidos a través de un auto plagado de literatura policial. En concreto, se les acusaba de formar parte de una estructura responsable de infinidad de sabotajes que en ningún momento se especificaban y que nadie recuerda, no solo en Catalunya, sino también en el Estado. En concreto, el magistrado les imputaba «constituir, promover, dirigir y pertenecer a una organización terrorista en relación con tenencia y depósito de sustancias u aparatos explosivos y delitos de daños y estragos con finalidad terrorista». Casi nada. El problema, como ocurre con estos operativos tan frecuentes en Euskal Herria, es que tras las gruesas afirmaciones no había ningún tipo de evidencia. Únicamente, afinidad con las ideas libertarias. Como explicaba el abogado Jaume Asens, la sospecha es que la voluntad era de la macrorredada era «castigar a los disidentes por quiénes son, es decir, por su ideología, más que por qué han hecho».

No es casual que los Mossos aprovechasen la redada para entrar en locales como la Kasa de la Muntanya, un edificio okupa del distrito de Gracia que un año antes ya había denunciado la detección de un sistema de videovigilancia que grababa a todos aquellos que entraban y salían del inmueble. Ahora, con la operación, los agentes pudieron campar a sus anchas durante un larguísimo registro que se extendió durante toda la jornada del martes. Entre los enseres incautados: ordendadores, móviles y material informático. Es decir, nada relacionado con los supuestos ataques con los que la Audiencia Nacional española y la consellería de Interior de la Generalitat justificaron la denominada «Operación Pandora».

«Afinidad ideológica»

Los abogados todavía no han podido acceder a toda la documentación. Sin embargo, el auto en el que Gómez Bermúdez justificaba la orden de prisión ya apuntaba a razones ideológicas, señalando a los Grupos Anarquistas Coordinados. «Estos grupos actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular, provocando graves enfrentamientos con la Policía y agrediendo a aquel que les haga frente, imposibilitando así la convivencia normal entre ciudadanos a los que atemorizan alterando gravemente la paz pública», aseguraba el juez, que es el mismo que decidió que la persona que empotró un vehículo con explosivos contra la sede del PP no podía ser investigada por «terrorismo» al no constatarse su objetivo de «subvertir el orden constitucional».

En su escrito, el juez hace mención a utensilios que podrían usarse para ataques. Claro, que también los policías se llevaron un bidón de gasolina que un detenido (y luego puesto en libertad) usaba para una motosierra y consideraron que se trataba de un posible arma. No obstante, el grueso de las explicaciones judiciales apuntaban a la política. La «afinidad ideológica», los «contactos con otros grupos violentos similares» o incluso la cercanía con la FAI (Federación Anarquista Ibérica) se convirtieron en razones con las que encarcelar a siete personas.