La judicialización del proceso independentista catalán sigue adelante. En lo que era visto prácticamente como un trámite, el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decidió ayer admitir a trámite todas las querellas que achacan un delito de desobediencia al president, Artur Mas, a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consellera de Educación, Irene Rigau. El crimen: haber organizado y asumido la responsabilidad del proceso participativo del pasado 9 de noviembre.

Entre las querellas admitidas a trámite, por lo tanto, está la impuesta por la Fiscalía General del Estado bajo presión del Gobierno español, un episodio que puso la puntilla a la deteriorada relación entre el PP y el Fiscal General Eduardo Torres-Dulce, quién la semana pasada presentó su dimisión. Además de la desobediencia, esta querella trata de imputar a los tres representantes políticos los delitos de prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Por contra, el TSJC rechazo el resto de querellas y denuncias que implicaban, por ejemplo, a los miembros de la Mesa del Parlament.

Lo que sí acordó el TSJC es reunir todas las denuncias en un único procedimiento, lo que hace que la instrucción del caso recaiga en el juez Joan Manel Abril, que fue el magistrado que recibió la primera querella contra el 9N, interpuesta por la organización ultra Manos Limpias. Será él quien decida, a principios de año, sobre la imputación o no de Mas, Ortega y Rigau, que a día de hoy ni siquiera están llamados a declarar -aunque les tocará hacerlo durante la instrucción-.

No por previsible la noticia dejó de generar reacciones de forma inmediata, empezando por el principal afectado, el president, que aseguró respetar las decisiones judiciales pese a no entender que le investiguen «por poner las urnas».

También recibió ayer el apoyo de quien últimamente solo le llegan bofetadas, su socio de federación Josep Antoni Duran i Lleida, que ayer pidió a la Fiscalía «investigar la cantidad de veces en las que el Gobierno del Estado ha incumplido sentencias del TC».

De hecho, y como no podía ser de otra manera pues suya es la paternidad de la querella, el PP fue el único partido satisfecho ayer. El rechazo a la querella vino desde todos los sectores. El expresident socialista José Montilla se ofreció a la defensa de Mas y, en plena guerra fría personal, el líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró que «si atacan al Govern nos atacan a todos».

Posteriormente, el diputado en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Alfred Bosch, mostró su apoyo «incondicional» a los querellados. Hasta el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de gira todavía por Barcelona, guardó por un instante el machete que tampoco ayer dejó de utilizar y recordó que no son partidarios de que «se persiga a nadie por hacer política».

Quien ya tenía la respuesta preparada para un día como el de ayer es la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que habilitó un espacio en su web para iniciar una campaña de autoinculpaciones que arrancará hoy físicamente ante la sede del TSJC con dos objetivos: «mostrar la solidaridad con los representantes querellados por permitir que la ciudadanía de Catalunya pudiese expresar libremente su opinión en las urnas» y «manifestar la falta de garantías democráticas del Estado español».