A. PRADILLA IRUÑEA
Eléctricas y pobreza energética

Tras los 3.500 millones que no pagaron las eléctricas

La Fiscalía consideró que no hay delito en los 3.500 millones de euros que Madrid perdonó a las cinco principales eléctricas entre 2006 y 2010. Ahora, una plataforma quiere que se investigue si el PP tampoco hizo nada para cobrar una importante suma que se pagó de más a estas compañías.

Solo con los 3.500 millones que perdonó el Estado a las eléctricas se podría solucionar la pobreza energética. No existiría». Así de tajante es Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético, defensor de las energías renovables y que actualmente promueve una querella ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue por qué la Administración nunca cobró una cantidad que le correspondía según lo pactado con las cinco grandes compañías.

En principio, fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que no movió un dedo para cobrar la factura, que supuestamente habría prescrito en 2010. No obstante, según los datos aportados por la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, también el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría haber eludido el cobro, favoreciendo a compañías que han tenido entre sus filas a expresidentes españoles como Felipe González o José María Aznar. El Ministerio Público ya investigó si las omisiones podían haber constituido un delito, pero cerró sus pesquisas a mediados de diciembre sin considerar que se hubiese atentado contra la ley. No obstante, el grupo ciudadano al que pertenece Morales de Labra lo tiene claro: cree que se prevaricó para favorecer a las principales compañías eléctricas y pide que se reabra el caso.

Los hechos datan de 1997, cuando Aznar pactó con las elécricas una compensación conocida como CTC y que garantizaba unos precios mínimos en el momento en el que se liberalizó la energía eléctrica. Finalmente, y al contrario de lo que en aquel momento se prometió, las facturas se dispararon, por lo que las empresas recibieron 3.500 millones euros de más. En 2005, el PSOE eliminó este mecanismo, quedando pendiente de liquidación los ejercicios anteriores. Pese a que podía reclamar ese dinero, nunca lo hizo, según quedó patente tanto a través de un informe de la asesoría jurídica del Estado como en documentos de la Comisión Nacional de la Energía.

El dinero que no se ingresó

Todas las instituciones instaron al ministro de Industria, por aquel momento Miguel Sebastián, a que exigiese a las eléctricas una cantidad que no se llegó a ingresar.

El prorrateo del exceso de facturación se dividía entre las cinco principales eléctricas (Endesa, 1.562 millones; Iberdrola, 1.159 millones; Viesgo, 432 millones; Fenosa, 276 millones e Hidrocantábrico, 155 millones), a las que se «perdonó» una suma que podría haber sido de gran utilidad en un momento de crisis como el actual.

En la investigación desarrollada en los últimos meses, Anticorrupción consideró que no había delito. Sin embargo, la plataforma insiste en la tesis de la prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, hace extensiva la demanda al actual responsable de Industria, José Manuel Soria.

Según los cálculos realizados por la plataforma, la liquidación definitiva del ejercicio de 2006 por parte de la CNE no se produjo hasta el 27 de julio de 2010, ya que es habitual que estos trámites se alarguen en el tiempo. De este modo, la deuda no habría prescrito ese año, sino en julio de este mismo ejercicio. Todo un ciclo en el que tampoco el Gobierno español ha hecho nada para cobrar la deuda.

En el recurso, que también está recibiendo apoyo a través de firmas que se recogen en la plataforma Avaaz, se recuerda que la jurisprudencia sienta que hasta que no se cierra completamente la liquidación no se puede dar por concluido el ejercicio. De este modo, durante toda su legislatura, Mariano Rajoy también habría eludido sus responsabilidades, beneficiando a las grandes compañías.

Unas empresas con multimillonarios beneficios y con fuertes lazos con el poder político que, por el momento, han logrado retener esos 3.500 millones sin que el Estado solicite la devolución y sin que la Justicia reclame responsabilidades por el supuesto «olvido».

Soberanía frente al modelo dependiente de las grandes empresas

Ante un sector basado en el oligopolio y en el que se ponen en cuestión derechos básicos, EH Bildu defiende la «soberanía energética» como modelo. «Decidir aquí, pero no copiar la fórmula que se aplica en el Estado español, sino dotar a la ciudadanía de capacidad para decidir», explica Dani Maeztu, parlamentario de la coalición abertzale. Recientemente la formación ha presentado su propuesta por la soberanía energética en la que incluyen ocho compromisos, entre ellos, apostar por las energías renovables, promover campañas de concienciación y defender el desarrollo local como base para la eficiencia energética. En este sentido, cabe recordar que la Diputación de Gipuzkoa ya elaboró en 2013 un estudio sobre pobreza energética que EH Bildu quiso ampliar a Bizkaia y Araba. La votación conjunta de PNV, PP y UPyD frustró esta posibilidad. El objetivo es tener una amplia radiografía sobre el número de familias que tiene problemas para cumplir con los mínimos estándares eléctricos y calcular, por ejemplo, cuántos cortes tienen lugar en Euskal Herria. Empresas como Endesa, contactada por este periódico, no ofreció datos sobre este asunto ni quiso posicionarse sobre el problema de la pobreza energética. A.P.

El informe

Un informe de la asesoría jurídica del Estado instó al ministro de Industria, por aquel entonces Miguel Sebastián, a formalizar la reclamación de los 3.500 millones de euros. Este no hizo caso a las demandas y eludió pedir el dinero.

Campaña

La plataforma para un nuevo modelo energético lleva recogidas 50.000 firmas que incluirán en la solicitud al fiscal para que reabra el caso e investigue por qué tanto PP como PSOE perdonaron el dinero a las principales compañías eléctricas.