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Un nuevo juicio deja al descubierto que la especulación derribó Kukutza

Ayer se inició en el Juzgado de lo Penal nº 9 de Bilbo el juicio contra 23 personas a las que se acusa de un presunto delito de «usurpación» por permanecer en la madrugada del 21 de setiembre de 2011 en el interior del edificio en desuso que albergaba Kukutza III, sobre el que pesaba la amenaza de desalojo. Tras tomar testimonio a 22 imputados, quedó aún más al descubierto que una operación especulativa motivó el derribo del emblemático gaztetxe de Errekalde.

Kukutza volvió ayer a primera línea de la actualidad informativa a raíz del juicio que hasta mañana está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal nº 9 de Bilbo contra 23 jóvenes a los que la Ertzaintza detuvo en la madrugada del 21 de setiembre de 2011 cuando procedía al desalojo del gaztetxe.

Estas personas habían respondido al llamamiento público efectuado desde días antes para defender lo que para muchos era «una fábrica de sueños» y que la propietaria del inmueble, la empresa Cabisa, quería derribar para edificar viviendas con el beneplácito del Gobierno municipal que presidía Iñaki Azkuna. Fueron muchas las personas que se solidarizaron con Kukutza y que estuvieron allí aquel día y en los previos. La demolición se produjo gracias a un impresionante despliegue policial pero del proyecto urbanístico todavía no hay nada tangible.

Quienes se sientan en el banquillo se enfrentan a la petición fiscal de una multa de 960 euros, aunque para uno de ellos se solicita una pena de tres años y un día de prisión por, presuntamente, lanzar varios objetos a los agentes de la Policía autonómica desde la azotea del edificio. La acusación particular, que ejercía Cabisa, se retiró del caso en junio de 2013.

Antes del inicio de la vista oral, a las puertas del Palacio de Justicia a convocatoria de la iniciativa Kukutzarekin Elkartasun Taldea, tuvo lugar una concentración en solidaridad con los imputados, en la que se mostraron sendas pancartas con los lemas «Ni ere egon nintzen» y «Elkartasuna ez da delitua». Allí, uno de los abogados de los acusados, Iñaki Carro recordó que «hoy es el día que el solar -en referencia al que ocupaba Kukutza III- continúa exactamente igual y por las manifestaciones que han hecho los responsables de Cabisa, que es la empresa propietaria del terreno, no tienen ninguna intención construir en ese terreno en ningún momento». «Por lo tanto, no se puede hablar de ningún tipo de delito cuando no hay nadie perjudicado, nada más que el propio barrio de Errekalde y los propios proyectos políticos, sociales y culturales que se desarrollaban en el gaztetxe de Kukutza», concluyó el letrado. Por ello, la defensa solicita la libre absolución de sus defendidos.

Durante las cerca de cinco horas que duró la primera sesión del juicio, los acusados fueron relatando que acudieron a dormir al gaztetxe «por solidaridad» con su proyecto, explicando algunos de los proyectos que en él se habían puesto en marcha y su gran acogida en el barrio. Todos coincidieron en la virulencia con la que la Ertzaintza accedió -ellos estaban en la azotea- y cómo ninguno se resistió, ni se enfrentó o arrojó objetos contra los agentes.

Uno de los imputados, que resultó herido por una pelota de goma, resaltó que un policía, al ver su herida, le dijo textualmente: «cómo estás herido, te vamos a denunciar».

Hoy se tomará declaración al último acusado, que ayer no pudo personarse en la capital vizcaina, así como de los policías autonómicos que intervieron en el dispositivo de desalojo y de varios testigos.

No son los últimos juzgados y aún quedan otros veinte

El juicio que ayer se inició contra 23 personas que estaban en Kukutza III el día de su violento desalojo no ha sido ni será el último, ya que a consecuencia del operativo de la Ertzaintza y las protestas se arrestó a 64 personas. Todavía están a la espera de ser juzgadas otras veinte.

Kukutzarekin Elkartasun Taldea ha informado que estas personas tienen peticiones de entre 18 y 30 meses de cárcel «simplemente por mostrar su solidaridad con Kukutza el día del derribo y como consecuencia de la caza de brujas que llevó a cabo la Ertzaintza». La plataforma añade que las «únicas pruebas» son las declaraciones policiales.

Hasta el momento, más de una quincena de personas han sido juzgadas por participar en las movilizaciones. La mayoría de encausados en esos procesos han sido absueltos, lo que ha venido a desinflar la criminalizadora versión oficial, sostenida principalmente en aquel entonces por el consejero Rodolfo Ares y el alcalde Iñaki Azkuna.

También varios ertzainas han sido procesados por su actuación durante aquellos días, un proceder que fue criticado por parte del Ararteko. La mayoría de denuncias contra la Policía autonómica fueron archivadas ante la imposibilidad de identificar a los agentes implicados.

En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia ratificó la condena a un agente de la Brigada Móvil que agredió a una joven en la rotonda de Ametzola horas después del desalojo violento de Kukutza III. El tribunal consideró que el policía propinó una patada de forma «innecesaria», por lo que se le impuso una multa de 540 euros.