La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Balmaseda estima que, en vista a lo expuesto en la querella interpuesta por la sociedad municipal Karrantza Haraneko contra los promotores de la frustrada planta de tratamiento de purines, se pudo haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos. La jueza Tania Fernández Suárez expone en un auto de dos folios que por ese delito se pueden derivar una pena que puede alcanzar los ocho años de prisión y diez de inhabilitación.

El autor del presunto delito es Martín Ascacibar Gregorio, en su condición de cargo público, por lo que la jueza considera que no es en el partido judicial de Balmaseda donde desarrolló su actividad y por lo tanto no es de su competencia. Lo cierto es que quien fuera consejero de Neiker (2002-2006), director de Investigación Agropesquera y Alimentaria (2003-2005), consejero delegado de Karrantzako Minda (2009-2010) y ostentó idéntica responsabilidad en Ade Biotec (2007-2010) es señalado por el informe de fiscalización del TVCP de 2012, la querella de Karrantza Haraneko y las piezas de calificación de la Abogacía del Estado y el Consistorio en el proceso concursal que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo como muñidor del fraude para hacerse con dinero público con la excusa del grave problema medioambiental que generan los purines en el valle vizcaino más occidental.

Ascacibar compaginó su cargo de director de Lakua y consejero de Ade Biotec del 20 de diciembre de 2007 hasta el 14 de julio de 2009, así como de consejero de Karrantzako Minda y Ade Biotec del 28 de julio de 2009 al 7 de abril de 2010. La letrada que defiende los intereses del Gobierno español también significa el papel que jugó en la trama Concepción García Alonso, a la que califica como «persona de confianza o mano derecha de Martin Ascacibar Gregorio».

Tampoco pasa por alto que en abril de 2010 -en setiembre se paralizaron las obras- ante la «agónica» situación de la promotora «y las nulas perspectivas de obtener nuevos fondos públicos una vez había dejado de formar parte del Gobierno autonómico», abandonó la responsabilidad ya que estimaba que su presencia en Karrantzako Minda «ya no podía depararle ningún lucro personal».

La titular del juzgado de Balmaseda apunta a que es en Gasteiz donde debería llevarse a cabo la investigación, aunque el proyecto fallido se desarrolló en Karrantza y los hechos recogidas en la denuncia son conexos. La acusación tiene ahora la opción de presentar recurso de reforma ante la jueza que dicta el auto desestimatorio y apelación ante la Audiencia de Bizkaia.

El auto del juzgado de Balmaseda evita entrar a analizar en los razonamiento jurídicos la relación de hechos que recoge la querella para sustentar que los 22 miembros de los consejos de de Karranzako Minda y Ade Biotec cometieron posibles delitos de falsedad documental, administración desleal contra la administración pública y de apropiación indebida. En esa resolución se cita expresamente a Martín Ascacibar Gregorio, a quien los querellantes sitúan como el responsable del «complejo sistema empleado para apropiarse de dinero público».

A él, por ejemplo, se le atribuye que la promotora de la planta de purines presentara solicitudes de ayuda al programa Ikerketa en blanco meses antes de publicarse las convocatorias.