Francisco Nuñez circulaba con su hija por la calle Autonomía de Bilbo en 1977 cuando fue golpeado por varios policías que cargaban contra una marcha con motivo de la semana proamnistía. Días más tarde, animado por su hermano, que era abogado, acudió al juzgado a denunciar los hechos. Nada más salir, unos hombres armados (probablemente agentes de la comisaría de Indautxu) le introdujeron en una furgoneta, le torturaron y le obligaron a beber un litro de aceite de ricino y otro de coñac. Murió trece días después en el hospital.

Nunca se investigó el caso. Esta muerte es una de las siete que se han incluido en la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo y que ponen el foco en la época en la que Rodolfo Martín Villa ocupó el Ministerio de Gobernación. Ya había muerto Franco, pero las razias policiales y la violencia de grupos fascistas pervivía. Los allegados de las víctimas quieren que la juez María Servini investigue también estos crímenes, la mayoría perpetrados durante la segunda semana proamnistía que tuvo lugar en mayor de 1977.

«Son víctimas de segunda categoría», denunciaba, en el exterior del consulado argentino, Juan Mari Zulaika, uno de los curas represaliados por el franquismo y que se encargó ayer de presentar la documentación ante la legación. Junto a él se encontraban Juan José Zabala Erasun, que denunció la muerte de su hermano, José María Zabala, a manos de un guardia civil en Hondarribia; José Luis Fernández Mentxaka, hijo de Normi Metxaka, muerta por ultras en Santurtzi; Iñaki Gómez, nieto de Rafael Gómez, muerto por la Guardia Civil en Errenteria; Ángel Cano, hermano de José Luis Cano, muerto por la Policía española en Iruñea; Miguel Ángel Ruiz, que denunció la muerte de su hermano Arturo en Madrid; y Alfredo Grimaldos, que presentó abundante documentación sobre los vínculos de Martín Villa con estos crímenes.

Ya imputado

El objetivo de estas nuevas querellas es señalar directamente al antiguo ministro español de la Gobernación, que ya está reclamado por la Justicia argentina por su responsabilidad en la matanza de cinco obreros perpetrada en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, cuando ocupaba la cartera de Relaciones Sindicales.

«Dijo que iría muy contento a declarar ante la juez. Pues que lo haga», reclamaba Zulaika, que recordó que durante el período en el que el expresidente de Sogecable estuvo al mando de uno de los principales ministerios del Estado, al menos nueve personas murieron en Euskal Herria y más de una veintena en el Estado a causa de disparos de policías o de grupos de extrema derecha.

Dos caras de la misma moneda según Grimaldos, que insistió en que Martín Villa controlaba tanto a los agentes como a los elementos parapoliciales. «Era parte de su estrategia junto a la de dar una imagen de negociador para poder colocarse», argumentó.

Por el momento, y pese a estas evidencias, ni siquiera la reclamación de la Justicia argentina por la anterior causa ha permitido que Martín Villa responda por su participación en la represión tras la muerte de Franco. No se le ha tomado testimonio, ni tampoco a los otros 18 encausados, todos ellos altos cargos franquistas y policías. Tras los antecedentes del exguardia civil Jesús Muñecas y el antiguo policía Antonio González Pacheco Billy el Niño, parece inviable que Madrid acepte la orden de extradición emitida por el tribunal de Buenos Aires.

 Pese a ello, las víctimas no se rinden. El abogado Carlos Slepoy, letrado de la causa contra el franquismo, expresaba su satisfacción por las nuevas demandas, que espera que se incluyan en la larga lista de imputaciones. No obstante, la impunidad sigue protegiendo a los responsables de la dictadura. Un problema que se extiende hasta la actualidad. De hecho, como recordó Zulaika, la familia de Nuñez trató de reabrir el caso (nunca hubo nadie procesado) en 2000. Incluso entonces recibieron amenazas telefónicas. Ahora confían en que la juez argentina rompa con ese silencio que se impone en el Estado.