Varios dirigentes y miembros de Sortu están envueltos en el macrosumario basado en la redada de Segura, y entre ellos figura su presidente, Hasier Arraiz, que no será juzgado en la Audiencia Nacional sino en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dada su condición de parlamentario en Gasteiz. Ayer se conoció la petición del Ministerio Pública, firmada por Juan Calparsoro, fiscal superior en la CAV, que asciende a seis años de cárcel. Sus compañeros que sufrirán banquillo en Madrid afrontan demandas de entre seis y diez años de prisión.

El escrito del fiscal Calparsoro se corresponde con el de la Fiscalía de la AN. Dirige a Arraiz la imputación de «integración» argumentando que formó parte de «la clandestina Mesa Nacional de Batasuna» hasta la detención en Segura, en octubre de 2007. En concreto, se le señala como el responsable de la formación en Araba. Los elementos de la imputación, como en el resto de los casos, son meramente políticos y públicos: la participación en comparecencias de prensa, entrevistas en radios, reuniones, actos políticos, concentraciones...

«Seguimos perseguidos»

Sortu extrae una clara conclusión de este nuevo ataque judicial: «La izquierda abertzale sigue actuando en política en desventaja. No existe igualdad de condiciones para todas las opciones políticas. Es falso que todas las ideas puedan defenderse en igualdad, el Estado sigue persiguiendo a los independentistas. Militantes de Sortu, jóvenes de Eernai, decenas de imputados en macrosumarios políticos (04/08, Askapena...) ven constantemente condicionada su actividad por la amenaza del Estado», recordó Pernando Barrena en una rueda de prensa tras la noticia.

«Esta petición resulta inaceptable -añadió-. Calparsoro pide prisión y medidas para coartar la actividad de Hasier Arraiz», recordó en alusión a la demanda paralela de inhabilitación.

El juicio se prevé, según dijo Calparsoro, para finales de este año o principios de 2016. Es probable que para entonces ya esté concluido, y quizás incluso sentenciado, el juicio paralelo en la Audiencia Nacional de Madrid, en el que hay 35 imputados.

La Fiscalía Superior del TSJPV solicita la comparecencia como testigos de un buen número de policías y de los miembros de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi (ahora preso en Logroño), Joseba Permach, Rufi Etxeberria y José Luis Elkoro.