El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó un Real Decreto Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y otras Medidas de Orden Social que «persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a colectivos más vulnerables por la crisis».

Según indicó el Ejecutivo español, «establece así una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a las personas físicas» y se prorroga dos años más la suspensión de los desahucios que vencía el próximo mes de mayo. Los diferentes colectivos contra los desahucios ya se habían quejado de que esta legislación «no impedía los desahucios» como había manifestado el Gobierno español. Con este nuevo paso, las dudas se mantienen.

Así, Adicae asegura que la nueva ley de segunda oportunidad no es la que esperaban los consumidores «ni solucionará los graves defectos de la leonina legislación hipotecaria española». En un comunicado, la organización de consumidores y usuarios de la banca cree que una ley de esta naturaleza debería establecer un procedimiento específico para deudores de buena fe que prevea mecanismos extrajudiciales y judiciales no onerosos que conlleven la suspensión de cualquier ejecución de deuda, especialmente hipotecaria, y concluyan en la exoneración del total de la deuda pendiente al término del proceso.

Cree que el ministro de Economía, Luis de Guindos, «no ha aclarado» si la suspensión de ejecuciones de bienes como la vivienda se llevará a efecto en el caso de consumidores que no tienen la vivienda afecta a su actividad y tilda de «fiasco» las medidas relacionadas con la supresión de «las cláusulas de suelo bancarias». Porque, a juicio de Adicae, «inexplicablemente parece querer imponerse que el grave abuso de los suelos no supone una cuestión de justicia y de derechos, sino solo una cuestión de beneficencia demagógica para unos pocos consumidores en situaciones cercanas a la exclusión».

En Hego Euskal Herria desde el 2007 hasta setiembre de 2014, que son los últimos datos oficiales existentes, se han producido 14.688 expulsiones de viviendas de por no poder pagar las cuantías de la hipoteca.