Juanjo BASTERRA

Larreina exigió a Katainen que «las políticas europeas dejen de ser dictadas por la troika»

Tras visitar Bilbo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen se acercó a Madrid a explicar las bondades del Plan Juncker y destacó la labor del Gobierno español en su política de recortes. Sin embargo, en la reunión conjunta de las comisiones de Economía y Comisión Mixta de Unión Europea, el portavoz de Amaiur, Rafa Larreina, planteó al emisario de Jean-Claude Juncker la necesidad de una Europa «más social», en la que las políticas europeas estén «al servicio de la gente y no al servicio de las grandes empresas y entidades financieras».

Larreina señaló que los fondos europeos tienen que tener como objetivo «la cohesión social y reducción de la desigualdad entre ciudadanos y entre zonas de la Unión Europea».

En ese sentido, el diputado soberanista demandó a Katainen la necesidad de «corregir» el rumbo de las políticas de la UE centrándose en la gente en vez de en los mercados y la banca. Además, Larreina añadió que «no deben primar los intereses de los viejos Estados como Alemania, en detrimento de la ciudadanía como es el caso de las gentes de Grecia». Por lo que le llevó a la conclusión de que las políticas europeas deben «democratizarse, dejar de ser dictadas por la troika y ser fijadas por los representantes de la ciudadanía».

En lo referido a los pueblos de Europa, Rafael Larreina pidió a Jyrki Kataine, vicepresidente de la Comisión Europea, que se ponga encima de su mesa «la necesidad de abordar la ampliación interna de la UE para dar respuesta a la realidad de diferentes países, como Escocia, Flandes, Catalunya o Euskal Herria que queremos estar en la Unión Europea, en una unión diferente, más social, es decir de otra forma».

Por otro lado, ayer se supon que el Estado español aportará, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), unos 1.500 millones para la cofinanciación de proyectos del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), «el pilar financiero del Plan Juncker, que persigue movilizar en tres años 315.000 millones de euros de inversión adicional gracias a un fuerte apalancamiento. Se busca compensar así la fuerte caída de las inversiones durante la crisis y apuntalar la recuperación económica», según el Gobierno español.